Fernanda Durán
Las condiciones de precariedad y saturación que enfrentan las y los usuarios del Registro Agrario Nacional (RAN) en San Luis Potosí —incluyendo largas filas desde la madrugada, trámites que implican múltiples viajes y costos desproporcionados para personas provenientes de ejidos y comunidades rurales— han generado posturas divididas en el Congreso del Estado.
Mientras la diputada del verde Dulcelina Sánchez De Lira pidió exhortar para mejorar su atención y agilizar trámites, el morenista Carlos Arreola Mallol consideró que el problema ya es atendido por el Gobierno Federal mediante una estrategia de transformación institucional y operativos itinerantes.
Ambos reconocen que persisten quejas ciudadanas, pero difieren en el diagnóstico y en las soluciones.
Desde la Comisión de Desarrollo Rural, la diputada panista Dulcelina Sánchez De Lira reconoció que las quejas por mala atención en el RAN son persistentes y afectan especialmente a personas de bajos recursos que se trasladan desde otros municipios.
“Regularmente no tienen tantos recursos para poder permanecer en caso de tener que quedarse para hacer el trámite al día siguiente”, explicó.
Añadió que muchas veces los usuarios son rechazados por no contar con documentos específicos, sin que exista una orientación clara ni accesible desde el inicio del proceso.
Por ello, consideró necesario exhortar al RAN para que implemente una estrategia de atención más eficiente y amigable, así como mecanismos que aceleren la resolución de trámites, particularmente los relacionados con sucesiones agrarias, que pueden implicar hasta una docena de visitas presenciales.
En contraste, el diputado morenista Carlos Arreola Mallol sostuvo que si bien el Congreso puede acompañar con gestiones y exhortos, ya se encuentra en marcha una transformación institucional del sector agrario encabezada por la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, en coordinación con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Afirmó que este proceso busca resolver el rezago histórico en la regularización de la propiedad social y en la atención a ejidatarios.
“Soy consciente de que la Procuraduría Agraria está cambiando, está transformándose (…) los trámites también se están digitalizando, otros se están llevando con la cercanía de las servidoras y servidores de la Nación a través de una mesa agraria”, explicó.
Indicó que esa mesa está instalada en la Secretaría del Bienestar y permite canalizar solicitudes desde el interior del estado, sin necesidad de que las personas deban trasladarse hasta la capital.
Arreola destacó que actualmente se realizan jornadas permanentes de entrega de títulos agrarios, con más de 200 documentos otorgados por evento, y que la situación ya presenta mejoras frente a años anteriores.
“Cada vez se está resolviendo el tema de largas filas ahí afuera del RAN. Si tú pasas ahora temprano, pues es diferente a lo que se estaba viviendo hace unos años”.
Invitó a la ciudadanía que enfrente dificultades a acercarse directamente con los Servidores de la Nación o con el Congreso del Estado para canalizar sus casos.
“Aquí en la capital es una cosa, aquí no tenemos esa problemática, pero en los ejidos, al interior del Estado, ahí es más difícil trasladarse (…) que se acerquen y nosotros los podemos apoyar si tienen algún pendiente”, expresó.
Pese a sus diferencias, ambas posturas coinciden en que la situación actual impone una carga excesiva a los núcleos agrarios, y que deben buscarse mecanismos para facilitar el acceso a la justicia agraria.
