Fernanda Durán
La Comisión Segunda de Hacienda del Congreso del Estado entró en la fase final de revisión de las Leyes de Ingresos Municipales para 2026, en un análisis marcado por ajustes, rechazos a incrementos considerados excesivos y debate por la propuesta del Ayuntamiento de San Luis Potosí para modificar el esquema del impuesto predial.
Aunque la comisión aprobó las leyes de ingresos de Villa Juárez, Villa de Zaragoza, Ciudad del Maíz y Matehuala, así como los valores unitarios de suelo y construcción para Zaragoza y la capital, varios de los aumentos planteados por los ayuntamientos fueron revertidos por su impacto sobre la ciudadanía.
La diputada presidenta de la comisión, Dulcelina Sánchez de Lira, explicó en entrevista que los primeros dictámenes ya fueron aprobados “con algunas modificaciones” y la mayor parte de los aumentos solicitados no superaron la revisión técnica.
“La gran mayoría no tuvo aumentos considerables”, dijo, al referirse a municipios como Matehuala y Ciudad del Maíz, donde las autoridades municipales buscaban ajustes significativos.
“[En Matehuala] no autorizamos ese tipo de aumentos, la propuesta que el presidente municipal hace la verdad es que no es viable”, por lo que la estructura de cobros para 2026 “queda casi como el 2025”.
En contraste, la Ley de Ingresos de San Luis Potosí quedó pendiente de análisis. La diputada señaló que el proyecto contiene numerosas modificaciones y que el estudio continuará este miércoles en sesión permanente, con la intención, pero no la garantía, de dictaminarla para su discusión en el Pleno.
“La idea es sacarlo ya mañana”, dijo, aunque aún están en tiempo legislativo.
La revisión más minuciosa se centró en los nuevos incrementos propuestos dentro del esquema progresivo del predial, que la capital ya aplica desde años anteriores. Aunque el Ayuntamiento planteó un incremento de 4.1 por ciento en los valores unitarios de suelo y construcción, un ajuste ligado a la inflación y aprobado por la comisión, también propuso cambios amplios en valores catastrales, en las cuotas fijas y en las tasas marginales que determinan cuánto se paga en cada rango.
En este sistema, los contribuyentes pueden “brincar de escalafón” si el valor catastral aumenta, lo que genera incrementos superiores al ajuste inflacionario.
La diputada Aranzazu Puente Bustindui advirtió sobre ese impacto: “si ya habíamos aprobado los valores unitarios de suelo y construcción, pues ya sería hasta como doble cobro”.
Añadió que la propuesta municipal incluía incrementos “considerables” en valores y tablas progresivas que afectarían especialmente a quienes se ubican en rangos menores. Los diagnósticos revisados en comisión muestran que algunos contribuyentes podrían enfrentar aumentos superiores al 100 por ciento en tasas marginales e incluso variaciones que, en ciertos ejemplos analizados, se acercan al 240 por ciento.
Aranzazu Puente insistió en que el aumento del 4.1 por ciento es razonable, pero que modificar además los valores catastrales y las tasas del predial generaría un efecto acumulado innecesario. A ello se suma el antecedente señalado en la comisión: el año pasado la capital habría actualizado sus valores mediante un sobrevuelo con drones, sin autorización del Congreso.
Otra parte del proyecto capitalino contempla incrementos de entre 21 por ciento y 32 por ciento en tarifas ligadas al servicio concesionado de recolección y manejo de residuos sólidos a cargo de Red Ambiental/Vigue. Estos aumentos también fueron observados críticamente por Aranzazu Puente.
“Al parecer, esa parte no se va a aprobar”, afirmó Aranza Puente en entrevista, además de recordar que esos pagos derivan del contrato entre el municipio y la empresa.
“Considero que no debería estar en la ley de ingresos”, señaló, por lo que propondrá “que sea el propio ayuntamiento quien determine los pagos a dicha empresa”.
Estos ajustes han estado presentes en la ley desde que se aprobó la concesión en 2007 y continúan replicándose en cada iniciativa municipal, aunque varios legisladores consideran que su inclusión confunde ingresos con egresos municipales y carece de justificación frente a la ciudadanía.
Durante la sesión, el secretario técnico de la comisión mostró que el Ayuntamiento de la capital propone una nueva modalidad para el cobro del predial a la industria, con un esquema progresivo que sustituye la tasa única al millar. Aunque se trata de un impuesto ya existente, su desagregación en rangos implicaría nuevas cargas tributarias.
Asimismo, la comisión detectó incrementos amplios en diversos rubros denominados en UMA, pese a que la intención original de migrar de pesos a UMA era evitar aumentos discrecionales.
“Ahora se están incrementando las UMAs”, reprochó la diputada, al subrayar la necesidad de “proteger a nuestra industria, a nuestros comerciantes, a nuestras familias”, en un contexto económico adverso para 2026.
Sánchez de Lira y Puente Bustindui coincidieron en que quedan varios ajustes por revisar en la propuesta de la capital.
“Detecté bastantes alzas que vamos a estar revisando el día de mañana”, adelantó Aranzazu, al insistir en la importancia de evitar afectaciones amplias en sectores vulnerables y en actividades comerciales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
La comisión retomará este miércoles el análisis de la Ley de Ingresos de San Luis Potosí.
