Por Victoriano Martínez

Tanto ha quedado expuesto el poco tino que tienen los diputados de la LXII Legislatura para realizar su trabajo con apego a los principios constitucionales que llevan varias sesiones en las que tienen que reaccionar, no sólo a determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también a advertencias sobre los yerros cometidos.

El 17 de abril, los diputados aprobaron de urgencia, y en la misma sesión en que se presentó, una reforma al artículo 114 de la Ley de Salud presentada por el diputado Cándido Ochoa Rojas. Tras el anuncio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de una acción de inconstitucionalidad, el mismo diputado presentó una iniciativa de reforma ¡a la minuta que se envió para publicación al Periódico Oficial!

Una medida preventiva que modificó el deberán ejercer una facultad inconstitucional por un podrán ejercer esa facultad inconstitucional, con tal de salvarse de una acción de inconstitucionalidad más.

La semana pasada, apenas unos días después de que la SCJN invalidó dos facultades del Congreso del Estado establecidas en el artículo 57 de la Constitución local y el primer párrafo del artículo 115 de esa misma norma, la Diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó –incluso antes de recibir la notificación de la Corte– una iniciativa para derogar esas disposiciones.

Y como si ves las barbas de la Ley Barbosa criticar, propón la propia a modificar… los diputados Rolando Hervert, Cándido Ochoa, Consuelo Carmona, Martha Barajas, Pedro César Carrizales y Martín Juárez se sumarán hoy a ese incómodo oportunismo de ser previsores y, antes que tener que atender resoluciones judiciales, tratar de colocar parches para que no se llegue a tanto.

Y es que en la sesión de hoy, los diputados votarán un dictamen que atiende la resolución de la Corte a la acción de inconstitucionalidad número 51/2018, promovida por la CEDH, con el que eliminan del Código Penal y de la Ley de Tránsito la sanción a quien “ al conducir desvíe su atención por un distractor”.

Un raro oportunismo previsor que deja evidencia de que hace 21 días hicieron honor a su clásica imagen de levantadedos (así sea para votar en contra porque esa fue la línea del partido como lo hizo Hervert) porque no fueron capaces de leer el contenido del dictamen que votaron.

Un raro oportunismo previsor que este día acumulará tres iniciativas a la larga lista que hace crecer el rezago legislativo porque ni para eso lograron coordinar su trabajo. Seguramente por separado quisieron ganar la paternidad del acto heroico de librar al Congreso del Estado de un señalamiento más.

El caso es que su vergonzante oportunismo generó tres propuestas de parches al artículo 94 de la nueva Ley de Educación.

El texto que aprobaron sin leer dice: Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

El parche propuesto por Rolando Hervert lo plantea así (destacado en negritas):

ARTÍCULO 94. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal; sin que ello, implique en forma alguna, la trasmisión de derechos reales en favor del Estado.

El parche propuesto por Cándido Ochoa lo plantea así (destacado en negritas):

ARTÍCULO 94. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, mientras estén destinados a estas actividades, y para el sólo efecto de la docencia, forman parte del Sistema Educativo Estatal, lo cual no implica la transmisión del dominio o posesión de los mismos.

Y el parche propuesto por Consuelo Carmona, Martha Barajas, Pedro César Carrizales y Martín Juárez lo plantean así (destacado en negritas):

ARTÍCULO 94. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, mientras estén destinados a estas actividades, forman parte del Sistema Educativo Estatal, lo cual no implica de forma alguna por su destino, la transmisión de la propiedad, respecto a dichos muebles e inmuebles.

Fiel a regatear los apoyos sociales a que se pueda obligar a un negocio particular, Hervert propone que el cinco por ciento de becas en colegios particulares no se calcule sobre el número total de alumnos inscritos, sino “del monto total obtenido por concepto de inscripciones y colegiaturas en el año escolar de que se trate”.

¿Serán suficientes esos parches cuando hay voces cuyos argumentos van mucho más allá de la inocua consideración de los colegios particulares como parte del Sistema Educativo Estatal  que ya estaba contemplada en la fracción VII del artículo 13 de la Ley de Educación derogada por la hoy cuestionada?

El abogado Jorge Carmona Cruz sugiere un Litigio Estratégico en Derechos Humanos porque considera que con esta Ley “se preconiza el ejercicio irrestricto del control gubernamental, se atenta contra la autogestión institucional, se pretende, veladamente, constituir a los centros educativos en comunidades de adoctrinamiento de la ideología gubernamental en turno”.

En fin, un raro oportunismo previsor que, además de evidenciarlos como viles levantadedos, exhibe la superficialidad con que trabajan y su poca capacidad para estar a la altura de la representación que tienen.