Fernanda Durán
Ante la oposición de comunidades ejidales como El Peyote y La Tapona al proyecto de la autopista de cuota Entronque 75D–Matehuala, diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, pidieron que se revisen los posibles impactos ambientales y sociales de la obra, y que se garantice un proceso justo de negociación con las personas afectadas.
Frente a estos hechos, el diputado de Morena y presidente de la Directiva del Congreso, Cuauhtli Badillo Moreno, reconoció que si bien el Legislativo ya no tiene injerencia directa en la ejecución del proyecto, pues solamente aprobaron la autorización para concesionar la carretera, pueden intervenir al solicitar información y promover exhortos.
“Podemos estar facultados para pedir un informe de en qué estatus se encuentra y de qué problemáticas se han generado (…) Lo que menos queremos es que estas grandes obras se vean mermadas por situaciones mal calculadas o que se genere una problemática social”, expresó.
Por su parte, el legislador del PAN, Rubén Guajardo Barrera, enfatizó que la concesión otorgada por el Congreso no es un “cheque en blanco”, ya que se trató únicamente de una autorización por el tiempo de ejecución que rebasa el sexenio en curso.
“Si hay personas que no están de acuerdo por lo que sea (…) se acerquen al Congreso para estar en diálogo y que se pueda atender de manera correcta”.
Mientras que el diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, consideró que el conflicto es parte del proceso natural de negociación, pero debe privilegiarse un resultado justo y sustentable.
“Pugnaría porque lleguen a un acuerdo con los ejidatarios de forma justa y, por otro lado, revisar de nueva cuenta el impacto que puede causar a las especies”, afirmó.
Además, aseguró que propondrá al resto de legisladores revisar el caso.
“Hoy mismo le voy a pedir a los compañeros diputados que lo revisemos e incluso como Partido Verde estamos totalmente obligados a hacerlo, lo vamos a hacer.”
La construcción de la autopista fue concesionada a Grupo Valoran por 40 años con una inversión estimada en más de 22 mil millones de pesos. Sin embargo, su avance ha encendido alertas por los posibles daños a más de 100 especies de flora y fauna en zonas naturales protegidas, además de las tensiones por la compra de tierras ejidales sin consulta adecuada.
Hasta ahora, el ejido El Peyote rechaza la venta de hectáreas que serían utilizadas para el trazado de la nueva vía, al considerar insuficiente la oferta de 50 pesos por metro cuadrado realizada por la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, vinculada con Grupo Valoran y Mexicana de Técnicos en Autopistas (META).
Las y los ejidatarios calificaron la propuesta como “una miseria” frente a las ganancias esperadas por el consorcio concesionario.
Además, integrantes del Comité de Lucha del ejido La Tapona han denunciado públicamente que se han realizado obras de desmonte sin autorización ni información previa por parte de la empresa ni de autoridades gubernamentales.
Afirmaron que los trabajos han afectado una zona reforestada y dos potreros en los que se desarrolla un programa de conservación apoyado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) con vigencia hasta 2026.
