Fernanda Durán
Luego de que ejidatarios de Corcovada lograran frenar la aprobación de la venta de más de 426 hectáreas de uso común, legisladores locales expresaron su respaldo a la comunidad y destacaron la intervención de autoridades federales como un factor clave para evitar un posible despojo territorial con impacto ambiental.
El diputado Carlos Arreola Mallol, quien promovió desde el Congreso del Estado un exhorto para que la Procuraduría Agraria interviniera en el caso, reconoció el papel que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al visibilizar el tema durante su conferencia matutina.
El legislador aseguró que el punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales ayudó a elevar el tema a nivel nacional, lo que facilitó que la autoridad federal confirmara que la convocatoria de la asamblea era inválida y que no era legal vender tierras de uso común.
Arreola destacó que, gracias a esa intervención, la asamblea se detuvo a tiempo y se evitó que se consumara una operación que representaba “un modelo de depredación neoliberal”.
Asimismo, se comprometió a que desde el Congreso se mantendrá el acompañamiento a la comunidad sin oponerse al desarrollo, pero exigiendo que cualquier proyecto cumpla con la normatividad ambiental y legal vigente.
En relación con la presencia de la Guardia Civil Estatal durante la asamblea, consideró que no se registraron enfrentamientos y que tanto la comunidad como las autoridades actuaron con civilidad, por lo que no lo percibió la llegada de los elementos como algo negativo.
“Yo no vi ahí algún conflicto, me parece que hubo un buen trato, me parece que hasta eso son demasiados, eso sí, pero hay que prever también que no se den situaciones de violencia. Eso es muy importante, que la lucha cívica y la resistencia del pueblo nunca tiene que tener como víctima al mismo pueblo”.
No obstante, señaló que hay que estar atentos, pues detrás del proyecto, aparentemente cementero, podría haber intereses relacionados con la minería, específicamente con el litio, recurso nacionalizado recientemente.
“No sabemos si sí o si no, pero vamos a esperar a que la autoridad responsable haga su trabajo”, comentó.
Por su parte, el diputado César Lara Rocha, del PVEM y representante del distrito donde se ubica el ejido de Corcovada, consideró que debe prevalecer el respeto a la voluntad de los ejidatarios, quienes son los verdaderos dueños de la tierra, por lo que si la mayoría de los propietarios decidió oponerse al proyecto, su determinación debe ser respetada.
Lara Rocha aseguró que el Congreso del Estado, y en particular su representación como diputado local, mantiene las puertas abiertas a la comunidad para cualquier gestión o acompañamiento ante instancias federales.
Además, aseguró que existe disposición de sumarse a cualquier esfuerzo que beneficie a la zona y que permita resolver el tema con diálogo y respeto.
Sobre el fondo del conflicto, sostuvo que si bien es cierto que San Luis Potosí necesita inversión y desarrollo, estos deben equilibrarse con el respeto al entorno y a los derechos agrarios, ya que la atracción de proyectos empresariales no puede ir por encima del bienestar colectivo, y mucho menos cuando las propias comunidades advierten perjuicios ambientales o sociales.
“Lo que necesitamos en San Luis, y en gran parte del país, es inversión; la inversión trae desarrollo, trae crecimiento, trae trabajo, trae trabajo con seguridad social, pero si al final se pone en una balanza y de la otra visión se puede alcanzar a ver que puede haber un perjuicio para la comunidad, un perjuicio para el tema ecológico, pues habrá que valorar cuál es la mejor decisión”.
Ambos legisladores coincidieron en que el caso de Corcovada refleja el valor de la organización comunitaria y la relevancia de que las instituciones actúen con oportunidad para evitar abusos, también mencionaron que el Congreso debe permanecer vigilante ante proyectos que puedan comprometer el patrimonio ambiental y agrario del estado
