Por Victoriano Martínez
Una vez más el Congreso del Estado es llamado a escena para protagonizar el papel que –como ninguna Legislatura– ha resultado el que mejor les sale a los actuales 27 diputados: someter su voluntad a una decisión predeterminada desde el Palacio de Gobierno. Esta vez para elegir al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas.
Una vez más el Congreso del Estado se suma a la nula voluntad de las instituciones gubernamentales por hacer un mínimo esfuerzo de empatía con las víctimas y poner un alto a la violencia institucional que se ha ejercido contra ellas.
“Así no debería estar una mamá este 10 de mayo, yo debería estar en mi casa abrazando a mi hijo”, fue la frase con la que el pasado martes, frente al Palacio Nacional y semidesnuda, Silvia Castillo atrajo la atención de los transeúntes y de la prensa para exigir justicia por la asesinato de su hijo.
No es la primera vez que lo hace, ni la única potosina que ha tenido que recurrir a las instancias federales porque en el Estado las autoridades y los organismos de derechos humanos y de atención a víctimas no responden a sus exigencias de justicia.
No son pocas las víctimas que han recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hasta realizaron una toma de sus oficinas en la Ciudad de México, porque ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) han atendido sus peticiones de justicia.
Como parte del proceso de elección del comisionado ejecutivo de Atención Víctimas, cuando menos se dieron dos casos de presentación de escritos al Congreso del Estado para cuestionar la elegibilidad de dos de los integrantes de la terna que hoy será sometida a votación del pleno.
Quizá podría considerarse que son pocos los casos, pero tratándose de víctimas que exigen justicia es posible forzar una comparación tal vez exagerada: ¿A cuántas personas que tiene posibilidad de matar un individuo tiene que ejecutar para que sea considerado asesino?
Un grupo de víctimas de Noria de San José y María de Jesús Armendárez Prieto denunciaron incumplimientos de recomendaciones de la CEDH y la CNDH, así como actuaciones en favor de sus victimarios desde la CEEAV, en las que estuvieron involucrados al menos dos de los integrantes de la terna, y así lo tienen documentado.
Atentar contra las víctimas es re victimizarlas; hacerlo, así sea contra una sola –que no es el caso–, muestra una actitud que, si a quien la ha tenido al grado de estar documentada como los han hecho quienes presentaron los escritos, volvería a quien avale su continuidad en su cómplice y, además, en perpetrador de una nueva re victimización.
La Comisión de Gobernación dictaminó sin siquiera darles oportunidad de presentar sus pruebas ni hacer sus propias indagaciones sobre los hechos que denunciaron. Peor aún, en su dictamen que hoy presentará al pleno, la Comisión de Gobernación ni siquiera menciona la existencia de esas inconformidades. Las víctimas no importan.
Un aspecto que perfila la presentación de amparos contra la elección que se tiene programada para hoy, por parte de víctimas con nueve y seis años de experiencia en tener que litigar contra la CEEAV y la CEDH. Hoy tendrán que comenzar a buscar el modo de litigar contra el Congreso del Estado, un nuevo molino de violencia institucional en su ruta por buscar justicia.
Una violencia institucional que no cesa desde hace tres sexenios, a pesar de ser exhibida en denuncias públicas con resonancia no sólo local, sino nacional y hasta internacional.
Una violencia institucional para la que ahora se convoca a los 27 diputados para mostrar una vez más su sumisión al Ejecutivo y votar por su continuidad, porque si de algo ha servido esa violencia es para inhibir el reclamo de víctimas que –en algún momento– encontraron más empatía en el vigilante de la CEEAV que en sus funcionarios, antes de desistir.
