Nydia Morales
En San Luis Potosí, el traslado de más de cien mujeres privadas de la libertad del Centro Penitenciario Estatal de La Pila hacia el Centro Penitenciario Femenil de Xolol, en Tancanhuitz, no fue una simple decisión administrativa. Fue un retroceso político con efectos directos en la vida de las mujeres, en sus hijas e hijos y en el mensaje que el Estado envía cuando toma decisiones arbitrarias sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres en reclusión.
Según el equipo jurídico de DignidadEs Todas las Justicias, la única justificación oficial fue la Recomendación 73/2019 de la CNDH. Sin embargo, dicho documento no ordena trasladarlas a un penal lejano ni exige concentrarlas a todas en Xolol. Por el contrario, apunta a garantizar condiciones dignas de reclusión, no a generar nuevas violencias.
El primer traslado ocurrió el 27 de septiembre de 2023; el segundo, el 20 de julio de 2024. Ambas acciones deterioraron sus derechos: ampliaron la distancia con sus redes de apoyo, generaron dependencia forzada de las familias para costear viajes y complicaron la cercanía con sus hijas e hijos. Todo esto contraviene la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ordena que las mujeres en prisión preventiva estén cerca de sus juzgados y las sentenciadas cerca de sus familias.
En un estado marcado por la feminización de la pobreza, esta decisión golpeó a quienes ya sostienen los cuidados cotidianos: madres, hermanas y abuelas que asumieron la crianza de las niñeces sin que el sistema penitenciario considerara su derecho a la cercanía con sus madres. No son solo kilómetros, es desarraigo, ruptura de vínculos y omisión del interés superior de la niñez.
Un traslado que viola la ley y profundiza la violencia estructural
La Recomendación 73/2019 jamás indicó desplazar a las internas a una región sin infraestructura adecuada. El traslado no sólo no resolvió un problema, sino que lo amplifica. La distancia operó como un castigo adicional, no previsto en ninguna sentencia, que recayó principalmente en las niñeces separadas de sus madres.
Quienes deciden estos movimientos no viajan horas, no pierden días de salario ni enfrentan a funcionarios que minimizan su angustia. Son las familias quienes cargan con los costos emocionales y económicos de una medida que el propio Estado provocó.
El resultado fue aislamiento, ruptura comunitaria y un deterioro de la salud mental y emocional tanto de las mujeres como de sus familias. Las niñas, niños y adolescentes, que antes podían visitar a sus madres cada dos semanas, dejaron prácticamente de hacerlo por la falta de transporte y cupo suficiente.
Las mujeres que sostienen al Estado, mientras el Estado las abandona
La narrativa oficial habla de “familias inconformes”, borrando que se trata de redes de apoyo formadas mayoritariamente por mujeres. Ellas sostienen las segundas y terceras jornadas: cuidan, trabajan, organizan la logística, pagan traslados, acompañan emocionalmente y enfrentan el desgaste que el Estado reproduce.
El traslado no generó condiciones dignas; multiplicó obstáculos para la reinserción y profundizó una violencia estructural que históricamente ha recaído sobre las mujeres.
Una reacción colectiva frente a una política discriminatoria
Aunque las condiciones en La Pila eran precarias, la decisión de mover únicamente a mujeres detonó un proceso de organización. Ya no era solo la lucha de una madre o una hija: era un reclamo político. El Estado no puede imponer medidas regresivas que rompan comunidades ni ignorar el impacto en las niñeces.
La articulación con organizaciones feministas, académicas, defensoras y familiares permitió ampliar la denuncia. Esto derivó en el regreso de 19 mujeres a La Pila el 10 de mayo, no por un acto humanitario, sino por presión pública, mediática y jurídica. Pero muchas continúan en Xolol y las condiciones siguen siendo indignas en ambos centros.
¿Qué preguntas sigue el Estado sin responder?
¿Qué busca un sistema penitenciario: aislar o reparar? ¿Castigar o reinsertar?
El traslado revela la respuesta: se castiga más de lo que un juez condenó. La distancia opera como disciplinamiento y como violación al principio de reinserción social.
Un Estado democrático no puede presumir derechos mientras los vulnera en la práctica. No puede hablar de reinserción ignorando el tejido comunitario de las mujeres. No puede hablar de avances si la niñez queda fragmentada y sin acompañamiento.
Opacidad institucional: lo que el Informe de Gobierno no nombró
El Cuarto Informe de Gobierno 2024 menciona actividades recreativas para niñeces en La Pila, pero no explica cómo garantizó su seguridad ni reconoce la situación de quienes no pueden visitar a sus madres por los traslados. Esa omisión es una forma de violencia institucional.
Lo mismo ocurre con la atención médica: se reportan “200 consultas”, pero sin desagregar datos por sexo, edad o tipo de atención, ignorando que las mujeres requieren servicios específicos de salud sexual, reproductiva y ginecológica.
En justicia, se reportan miles de “servicios de acompañamiento jurídico”, sin explicar cuántos beneficiaron a mujeres, cuántos casos avanzaron o si se priorizó a quienes no tienen sentencia. Sin datos, no hay memoria ni reparación posible.
Una violencia que se sostiene en múltiples omisiones
La privación de la libertad en San Luis Potosí está marcada por precariedad en salud, higiene, seguridad y procesos judiciales. Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal exige enfoque de género e interseccional, los centros operan bajo una lógica de castigo y austeridad punitiva.
La distancia, el hacinamiento, la falta de agua, los techos de lámina y la ausencia de programas efectivos de reinserción conforman un entorno incompatible con la dignidad humana.
Al centro la dignidad de las mujeres en reclusión
La recomendación de la CNDH exige condiciones dignas y medidas correctivas. Pero las recomendaciones no cambian solas las relaciones de poder. Se necesita presión social, interlocución política, litigio estratégico y organización comunitaria.
Hablar de mujeres privadas de la libertad es hablar de desigualdades acumuladas. Si afuera denunciamos feminicidios, desapariciones y precarización, adentro debemos denunciar que la violencia institucional sigue operando bajo la forma de trámites administrativos.
Mientras el Estado posterga soluciones, son las organizaciones feministas, las familias y las propias mujeres quienes abren fisuras en los muros. En cada carta, en cada audiencia, en cada denuncia, hay una verdad que resiste: no hay justicia posible sin ellas, sin sus historias y sin su dignidad al centro.
Es una colectiva feminista integrada por defensoras, académicas y aliadas que trabaja por los derechos de las mujeres, la niñez y las adolescencias en México. Desde una mirada amplia, acompaña de manera cercana a mujeres privadas de la libertad en San Luis Potosí y a sus familias, frente a las desigualdades y violencias estructurales que el sistema penitenciario reproduce y profundiza.
