Por Victoriano Martínez
La denuncia que presentó Fabián Espinosa Díaz de León, representante de la empresa Distribuidora VEM, en contra de Miguel Ángel Maya Romero, director general de Astrolabio Diario Digital, más que un ataque a la libertad de expresión es una ofensa a la inteligencia de la comunidad universitaria y a la de la población en general.
Los presuntos delitos de “extorsión, cohecho, ejercicio abusivo de las funciones, asociación delictuosa y lo que resulte”–de los que también acusa al rector Alejandro Zermeño Guerra, a Urenda Navarro, abogada general de la UASLP y a Jesús Aguilar Flores–, son producto de una argumentación especulativa.
La sola afirmación de que recibió una propuesta de extorsión pactada entre funcionarios universitarios y un empresario no parece ser la vía más idónea para demostrar la comisión de ese delito y el de asociación delictuosa, mucho menos pretender confirmar esa confabulación a partir del resultado de actos inconexos que involucran incluso a un órgano colegiado como el Consejo Directivo Universitario.
No contar con mayor prueba sobre la presunta propuesta de extorsión que recibió que su afirmación de que ésta se dio en una conversación que describe en términos que resultan ad hoc, inverosímiles y hasta ilógicos, tampoco da sustento a su denuncia y la coloca en la pretensión de sustentar una acusación conforme a su interés antes que a una descripción de hechos.
El texto de la demanda se acerca más a lo que se conoce como una demanda frívola, en tanto que son más las omisiones sobre hechos documentados en torno al supuesto motivo de la extorsión –la modificación de las condiciones del contrato de arrendamiento sobre un predio universitario– que pretenden el ocultamiento de las verdaderas razones por las que la UASLP optó por la rescisión.
¿Por qué no demostrar que cumplió con todas las cláusulas del contrato, que es lo que la UASLP señala como motivos para su terminación anticipada, para demostrar que a pesar de ser cumplido lo pretenden extorsionar?
Pudo exhibir la documentación que compruebe que entregó la cantidad de 287 mil 500 pesos por concepto de depósito en garantía.
Pudo dar a conocer los documentos comprobatorios de que realizó la entrega de una fianza de cumplimiento por 10 millones de pesos que también fue pactada.
Pudo incluir el expediente de las solicitudes de las autorizaciones municipales requeridas para realizar las obras del Centro Deportivo Santa Fe, cuya conclusión ya debería haber entregado a la UASLP.
Pudo incorporar testigos visuales, fotografías y videos, de que cumplió con el inicio de las obras del estacionamiento fijadas para el mes de enero y que para estas fechas prácticamente tendrían que estar concluidas.
Pudo haber entregado toda la documentación que demostrara que para este 2 de mayo todo está listo para iniciar la construcción de las canchas deportivas, los espacios comerciales, el gimnasio y los estacionamientos con todos los estudios topográficos, de mecánica de suelos, cálculo estructural, licencia de uso de suelo, licencia de construcción, tomas de agua, factibilidad de energía eléctrica, conforme al cronograma de obra.
Pudo… pero no lo hizo.
El incumplimiento del contrato resulta evidente en la propia denuncia. “Intenté de buena fe, buscar al Rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, utilizando como mecanismo de comunicación el WhatsApp (…) el 9 de diciembre de 2024, para reiterarle me concediera la audiencia”, aseguró Espinosa Díaz de León en su denuncia.
¿Por qué recurrir a esa vía de contacto si el contrato establece la integración de un responsable y una comisión de seguimiento que, de haberse cumplido con esa cláusula, sería la vía para tratar el tema y poder incluso pactar una reunión con el rector?
Son los incumplimientos los que constituyen los elementos reales y concretos para la terminación anticipada del contrato.
Una realidad que omite Espinosa Díaz de León en su demanda, de la misma manera que oculta toda la documentación con la que su empresa puso a la venta espacios para un centro comercial llamado Distrito Santa Fe, la que en su escrito a la Fiscalía General del Estado niega.
Espinosa Díaz de León pretende enfrentar los señalamientos de incumplimiento de su empresa con una demanda que aparece como esa falacia argumentativa que consisten en refutar una acusación con el intento de descalificar a quienes la sustentan para evadir responder a las imputaciones directas.
Una distracción para la que, además –ya no resulta raro en el actual sexenio– se activa una campaña de linchamiento en medios convencionales y redes sociales, a la que incluso se suman cabezales con tradición como el periódico Pulso, incluso con una postura ambivalente en sus propias páginas de la versión impresa.
“No es un secreto. Los antecedentes del demandante son bien conocidos, y la credibilidad no es la más sólida de sus virtudes”, señala en su columna De Todos (página 3B). A pesar de ello describe en su nota principal (página 1A), con “más información” en la página 6B, los términos de la denuncia, como si le reconociera argumentos sólidos y creíbles.
Peor aún, ni siquiera ofrece a sus lectores el contexto en el que se da la denuncia, a pesar de que el propio periódico Pulso se adjudicó el pasado 11 de abril la reacción de la UASLP para cancelar el contrato. “Alejandro Zermeño confirmó que, tras las irregularidades denunciadas por Pulso, se cancela el proyecto ‘Distrito Santa Fe’”, publicó el diario ese día.
Ya sólo falta que Manuela García Cázares, fiscal general del Estado, cumpla con una más de esas instrucciones aberrantes que suele atender para actuar, incluso con violaciones a la ley, en contra de quienes le resultan incómodos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
