Fernanda Durán
Un grupo de profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció públicamente que el oficio firmado por decenas de docentes, y difundido el pasado martes, constituye un intento de presión indebida sobre el Consejo Directivo Universitario (CDU) y un acto de violencia política de género hacia académicas que han participado en el proceso extraordinario para elegir a la nueva dirección del plantel.
En un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, fechado el 3 de diciembre, seis catedráticas advirtieron que el documento difundido por sus colegas pretende “extrañar” la actuación del CDU, pese a que ese concepto no existe en la normativa universitaria.
“El CDU es la máxima autoridad de gobierno de la UASLP y, conforme al Estatuto Orgánico, es el órgano competente para conducir y decidir este proceso”. Cuestionar esa intervención “no solo es una inconsistencia jurídica, es un ataque frontal a la institucionalidad universitaria”.
Las firmantes enfatizaron que la figura de extrañamiento dirigida al órgano que resuelve el procedimiento “es normativamente inexistente y, por tanto, jurídicamente improcedente”.
Calificaron este acto como un mecanismo de presión política que “compromete la imparcialidad del procedimiento y constituye una violación al deber de legalidad” que debe regir a todo integrante de la institución.
No obstante, la mayor preocupación radica en el lenguaje utilizado en el pronunciamiento profesoral. En su tercer punto, el documento describe a un sector de la comunidad como una “minoría ruin, mezquina, descarada e injustificada”. Para las académicas, esa redacción “no solo es éticamente reprobable, es violencia directa contra quienes hemos defendido la legalidad del proceso”.
Las profesoras también señalaron que estas agresiones no son neutras, sino dirigidas específicamente contra mujeres que han participado activamente en los espacios deliberativos de la universidad.
“Eso se tipifica claramente como violencia política de género, y que provenga de docentes de Derecho exacerba su gravedad institucional”, advirtieron.
En su declaración, denunciaron además que el clima al interior de la Facultad de Derecho continúa siendo hostil para quienes deciden levantar la voz sobre irregularidades o actos de violencia.
“La Facultad continúa siendo un espacio donde denunciar implica exponerse, y donde la presión social y el hostigamiento buscan disciplinar a quienes se atreven a romper la inercia del silencio y la complacencia”.
Las profesoras firmantes —Elia Edith Argüelles Barrientos, Xochitl Guadalupe Rangel Romero, Violeta Mendezcarlo Silva, María Suhey Tristán Rodríguez, Carla Monroy Ojeda y Roxana Abigail Montejano Villaseñor— cerraron su mensaje con lo siguiente:
“Incomodar al poder sigue teniendo costos en esta Facultad, pero guardar silencio es lo que perpetúa la violencia”.
El pronunciamiento se suma a una serie de tensiones internas que han marcado el proceso de sucesión en la dirección de la Facultad de Derecho tras la crisis institucional que estalló en octubre, y ocurre en medio de un ambiente polarizado entre sectores del alumnado, del profesorado y del propio cuerpo de gobierno universitario.
