Desiree Madrid
En la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) de San Luis Potosí, un grupo de maestros ha alzado la voz para denunciar una serie de problemas que incluyen acoso laboral, discriminación y nepotismo.
La abogada Xóchitl Tolentino, quien brinda representación legal a varios de los docentes afectados, calificó a la SEGE como un “cártel”.
Esta descripción se basa en la observación de una estructura interna organizada donde se protegen los intereses de los superiores jerárquicos y, alarmantemente, el sindicato que debería defender a los trabajadores no cumple con su función.
Las denuncias detallan un patrón de acoso laboral y discriminación perpetrado por los superiores jerárquicos de los maestros. La discriminación se manifiesta de diversas formas, incluyendo la forma de vestir, la orientación sexual y el lugar de residencia de los docentes, especialmente si provienen de otro municipio.
Un maestro relató que su supervisor “no lo quiere” basándose en su forma de vestir o sus preferencias sexuales, en lugar de evaluar su desempeño profesional. Esta situación subraya que las decisiones no se toman en función del rendimiento laboral, sino de prejuicios personales.
Una de las quejas más recurrentes es la falta de respuesta y la protección mutua entre las autoridades de la SEGE y el área jurídica. A los maestros se les da “vueltas y vueltas y vueltas” sin obtener una solución a sus problemas.
Cuando los afectados recurren a abogados, las autoridades cuestionan el motivo de su presencia, a pesar de que la inacción es precisamente lo que les obliga a buscar ayuda externa. Los docentes denuncian ser “perseguidos” por sus superiores jerárquicos quienes, a su vez, gozan de protección.
Otro problema es la retención de pagos y nombramientos sin un debido proceso. Un maestro, Rolando, que se traslada de Rioverde a Villa de Arriaga para dar clases, sufrió la suspensión de su pago por una supuesta orden de la directora, sin explicación clara de la razón. Asimismo, una maestra lleva un año sin recibir sueldo a pesar de ejercer sus funciones con su nombramiento original.
Los afectados temen perder su trabajo, que les cesen el pago o les quiten su nombramiento, obligándolos a seguir desempeñando las mismas funciones sin remuneración.
Se han presentado casos específicos que ilustran la gravedad de la situación. Un maestro denunció que sus incapacidades médicas, emitidas por el ISSSTE, fueron declaradas falsas por la directora Griselda Cabrera Trejo.
El maestro considera que este es un asunto personal, ya que es la tercera vez que enfrenta una situación similar y la directora ha llevado el caso al ámbito jurídico, lo que lo ha victimizado.
Además, otros compañeros con situaciones de salud similares no han sido requeridos para presentar la misma documentación, lo que refuerza la percepción de un ataque personal.
Otro caso es el de una maestra que obtuvo legalmente una comisión de ATP (Asesor Técnico Pedagógico). Sin embargo, su comisión fue revocada sin justificación laboral, únicamente por motivos personales del supervisor José Luis Castillo Barrientos. Como consecuencia, fue cambiada de zona temporalmente y no puede regresar a su centro de trabajo original, perdiendo su plaza. A pesar de que ejerce sus funciones, no se le ha remunerado y el sindicato, a pesar de conocer su caso, no ha intervenido.
La abogada Xóchitl Tolentino hizo un llamado público a otros docentes que se encuentren en situaciones similares para que no tengan miedo y exijan sus derechos.
Enfatizó que la docencia es una labor noble y que la discriminación no debe permitirse en ningún contexto.
La abogada subrayó que estos actos de violencia impactan negativamente la salud emocional y psicológica de los maestros, e incluso menciona casos de amenazas a docentes ejemplares que tienen todo documentado.
A pesar de los repetidos intentos de diálogo con los directivos y el área jurídica, no se ha obtenido ninguna solución, lo que ha motivado esta manifestación pública.
