Carlos Rubio

En 2007, cuando estaba por cumplir dos años, a Akin Jautzi se le detectó un tumor cancerígeno en el cerebro. Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, sin embargo, después de la operación, lejos de mejorar, su salud empeoró. Luego de meses de agonía, fue llevado por su padre a la Ciudad de México para ser intervenido nuevamente. Ahí fue cuando encontraron gasas en su cerebro que quedaron tras la operación realizada en el Hospital Central.

Hoy, 12 años después de que su hijo quedó incapacitado para realizar por su cuenta cualquier tarea de la vida diaria, su padre, Jorge Enrique Rodríguez, se encarga de contar su historia y luchar por la justicia de una calidad de vida que le fue arrebatada a Akin.

Los neurocirujanos que se encargaron de atender y operar a Akin fueron: Jaime Torres Corzo, hermano de Teófilo Torres Corzo, ex gobernador de San Luis Potosí; Juan Carlos Chalita Williams y Roberto Rodríguez Della Vecchia. El grupo de doctores le informó a Jorge que la operación de su hijo había sido exitosa y fue dado de alta.

Luego de que la salud del menor empeorara, fue llevado por su padre al hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Tras realizarle los debidos estudios, se decidió que era necesario intervenirlo quirúrgicamente de nuevo; pensaban que habían quedado residuos tumorales de la última operación. No obstante, lo que encontraron fueron textilomas (residuos de gasa) de su anterior intervención quirúrgica. Akin vivió durante dos meses con gasas en la cabeza.

“Tengo un estudio radiológico de cuando mi hijo se encontraba todavía hospitalizado, donde, de haber tenido una actuación diligente y menos soberbia, lo habrían intervenido para sacárselas, porque posiblemente hasta saben muy bien que se las dejaron”.

Al retirárselas los malestares cesaron, sin embargo un estudio de patología arrojó que se encontraban infectadas y ahora la bacteria estaba alojada en el cerebro de Akin. En total fue sometido a 11 cirugías para solucionar el problema que ocasionaron unas gasas en su cerebro.

Con el pasar de las cirugías, Akin fue perdiendo habilidades que nunca más recobraría; sus sentidos se dañaron gravemente: el habla, la visión y el oído. Sufrió grave daño psicomotriz y neurológico. Su padre fue testigo de cómo lentamente Akin cambiaba de ser un niño completamente sano a tener que depender completamente de los cuidados que él le otorgara. Las secuelas son evidentes.

Después de que la salud de Akin fuera estable, en 2008, Jorge decidió interponer una denuncia que jamás prosperaría ante la entonces llamada Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General. También interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Años después, la CEDH emitió la recomendación 11/10 dirigida al entonces director general de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Alejandro Alfonso Perea Sánchez, y al Hospital Central, la cual, según menciona Jorge: “Ninguno de los dos la quiso aceptar, ya que ocultan que los médicos hayan tenido responsabilidad. Lo cual se encuentra totalmente acreditado, por constancias médicas y por los médicos que atendieron a mi hijo en la Ciudad de México”.

En la recomendación, la CEDH especifica:

De acuerdo a las evidencias recopiladas por este Organismo, queda plena y legalmente acreditado que los doctores Roberto Rodríguez Della Vecchia y Juan Carlos Chalita Williams y personal de equipo quirúrgico del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, con su actuar conculcaron el derecho a la protección a la salud, por 3 violaciones a los derechos humanos del paciente y por negligencia médica.

Así, la CEDH confirmaba la negligencia médica que se suscitó aquel lejano 14 de agosto de 2007, pero cercano en los recuerdos de Jorge, quien ha vivido en carne propia lo que significa el apellido Torres Corzo en San Luis Potosí.

“La Procuraduría en aquel entonces deslinda al doctor Jaime Torres Corzo, hasta ahora no sé por qué. Entonces pues empiezas a ver el poder de los famosos Torres Corzo; he visto en todo momento los tentáculos del poder de los Torres Corzo aquí en San Luis, en todos los niveles, en todas las esferas y en todas las instituciones”.

La CEEAV

Fue en 2016 cuando la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) se interpuso en su camino, la entonces comisionada Julieta Méndez Salas, los invitó a registrarse en el padrón estatal de víctimas. A partir de ese momento la revictimización comenzó. Vivían en la Ciudad de México, donde su hijo estaba acudiendo a rehabilitación a Teletón, y según comenta Jorge, estaba mostrando grandes avances. Por recomendación de la CEEAV regresaron a vivir a San Luis.

Según el padre, les han “mentido” en todos los sentidos al no otorgarles el apoyo que les corresponde al encontrarse en el registro estatal de víctimas y cumplir todos los requisitos que se les pidieron.

“Fuimos muy cuidadosos en respetar lo que se nos pidió, para que un día simple y sencillamente nos dicen: ‘sabes qué, no te pago nada de todo lo que te hice’”.

Amparos, revisiones y recursos de queja, fue la amplia batalla que Jorge pasó en tribunales y juzgados, hasta que, derivado de una resolución emitida por la primera sala unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se le ordenó a la CEEAV que pagara para resarcir el daño, sin embargo apenas fueron seis mil pesos los que le ofrecieron, después de los grandes gastos que conllevó regresar a San Luis.

Desde 2007 la vida de Jorge se ha centrado en acompañar a su hijo a citas médicas, hospitales y rehabilitaciones, es por ello que no ha podido establecerse de manera formal en un trabajo estable, y los ingresos diarios que tiene apenas han sido suficientes.

Cuando por fin la CEEAV le dio el apoyo a Jorge para que pudiera comprar los insumos necesarios para el cuidado de su hijo, como pañales, crema especial para el hipotiroidismo y leche para tratar la constipación crónica, encontraron la manera para dejar de brindárselo.

“Me ayudan dos veces y buscaron excusas, pretextos y nos retiran el apoyo. Yo nunca les he pedido un centavo, sino los insumos como tal”.

La CEEAV tiene asignado un presupuesto para ocuparlo en víctimas. En la gran mayoría de las veces no lo utiliza y las personas que acudieron esperanzadas por encontrar ayuda, jamás la obtienen. Aunado a ello, ninguna denuncia de Jorge ha avanzado y después de 12 años, no muestran ningún signo de vida. El peso de un apellido ha frenado cualquier aspiración de este padre que busca la tranquilidad que sólo la justicia le puede otorgar.

Por eso hoy se encuentra Jorge junto a su hijo bajo una carpa para cubrirse del sol, manifestándose afuera de las instalaciones de la calle Ignacio López Rayón. Por eso han aguantado una semana de frío y peligros que la ciudad ofrece por las noches. Por eso han tomado la CEEAV y no le permiten a nadie entrar, por el hartazgo de años viviendo en las sombras de intereses por parte de los comisionados y el propio Gobierno Estatal.

Por la necesidad de marcar la pauta de un hasta aquí.

“Estoy feliz porque tengo a mi hijo con vida, sólo que la vida es complicada”.