Por Victoriano Martínez
Si en solo dos años y meses…
Ricardo Gallardo Juárez incurrió en violaciones a la Constitución con promoción personalizada, y a diversas leyes con casos como el de Sandra Sánchez Ruiz, el enriquecimiento inmobiliario, las irregularidades por más de 440 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta 2016, la evasión fiscal por más de 100 millones de pesos, entre otras…
… ¿por qué no haber previsto que en 60 días de campaña electoral el personaje habría de continuar su trayectoria de acostumbradas violaciones a las normas aplicables para favorecerse con los recursos públicos?
Es conocida en diversas colonias la coincidencia en la llegada de brigadas municipales que limpian calles de botes con los que los vecinos separan sus lugares de estacionamiento y rellenan baches de las calles por las que, un día después, llegará el candidato a la reelección a realizar un mitin.
También se conoce la forma en que coinciden las brigadas municipales, como ola amarilla, que llegan a hacer arreglos en las colonias por donde acaban de pasar los candidatos opositores al alcalde con licencia.
Una campaña con recursos ilimitados y ofrecimientos condicionados, sea con certificados funerarios o tarjetas con otros beneficios, o compromisos directos con los grupos con quienes tiene encuentros el candidato, a quienes les responde no como tal sino como autoridad en funciones.
“Cuenten con ello, ponte de acuerdo Luis”, dijo Gallardo Juárez a madres de familia que pidieron una cerca electrificada para evitar más robos a un jardín de niños en la colonia Mártires de la Revolución, al mismo tiempo que daba instrucciones para cumplirlo. Remata el acto uno de los animadores con un “¿pero el licenciado Ricardo Gallardo cuenta con las mamás?”.
Ofrecimiento ordenado, voto asegurado.
Una manipulación del voto ligada a las obras y programas municipales tan abierta, que en sus propios videos promocionales, como los que hoy se muestran en Astrolabio Diario Digital, son su principal argumento para pedir el voto.
Llama la atención que en uno de ellos, cual advertencia y remix del intento de compra de voluntades en el Congreso del Estado con el caso Panavi, ofrezca que “vamos por iluminación con lámparas LED en la ciudad”. ¿Será que prevé un Congreso todavía más sumiso y volverá a desempolvar el contrato con Panavi?
Ni sus contrincantes, ni las autoridades electorales, han puesto especial atención en las acciones con mucho más que apariencia de violaciones a las reglas de la incipiente democracia a la potosina con las que el alcalde con licencia busca la reelección. Sobre todo habiendo disposiciones como la del artículo 347 Quique de la Ley Electoral del Estado.
Toda una colección de irregularidades a la vista que vienen a justificar el por qué la ciudadanía, de acuerdo con la encuesta del INEGI, tiene la más mínima confianza en los partidos políticos (apenas el 1.7 por ciento les tiene mucha confianza).
Pero también una actitud timorata al grado de la complicidad por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que como árbitro apenas tiene el 4.4 por ciento de mucha confianza en el estudio del INEGI. Con ese papel, pocas posibilidades tiene de ganarse la confianza ciudadana.
Vamos, si en sólo dos años y meses todas las autoridades le han permitido actuar con impunidad, en sólo 60 días de campaña podrán confirmarle que seguirá impune… para cuanto se le ofrezca.
