Por Victoriano Martínez
Tras la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Estado que desaparece a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), se vuelve prioridad reconocer la importancia de que prevalezca un instrumento como la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) y se le refuerce: dos ejemplos surgidos esta semana que lo evidencian.
UNO. El ocultamiento de la información sobre la compra de un sistema de monitoreo de calidad del aire instalado en abril de 2024 como parte de una respuesta formal a la solicitud de información con folio 240474426000018 que ni siquiera tendría por qué haberse tramitado por tratarse de información que la autoridad debe difundir de oficio.
La respuesta que incluso niega la existencia de la información exhibe la opacidad institucional que se manifiesta desde la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, y que se confirma cuando se busca la información en la PET, donde tendría que estar publicada por obligación legal, por lo que su ocultamiento adquiere condición de violación a la ley.
El ocultamiento formal, justificado con malabares argumentativos en la respuesta a la solicitud de información, contrasta con las declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien reconoce que sí se realizaron las compras que por escrito en la respuesta niegan que hayan existido.
La publicación de un archivo Excel con casi 50 mil bienes muebles relacionados en los que no aparecen los equipos de monitoreo que Galindo Ceballos dice que sí compraron pero que en respuesta formal a una solicitud se niega la compra pone en duda la seriedad con que actúan los funcionarios municipales.
Si bien no se transparenta información sobre un tema de tal trascendencia para la salud de los habitantes de la ciudad, deja expuesta la indolencia y el poco compromiso de las autoridades para hacer frente a las amenazas que enfrenta la salud de la población para tejer historias de acciones con las que pretenden proyectar una eficiencia que al final sólo quedan en el aire.
DOS. El menosprecio a la transparencia y al derecho de acceso a la información pública no es exclusivo del ayuntamiento de San Luis Potosí con ese tipo de incumplimientos, tampoco lo es en cuanto a la escasa voluntad de ser proactivos como ordena la ley que exhiben en el segundo caso que evidencia la importancia de la PET: la nula difusión que la autoridad da al Atlas de Riesgo Municipal.
Aunque no se trata de una obligación de transparencia explícita, la difusión del Atlas de Riesgo como un instrumento de utilidad para que quienes habitan la ciudad puedan evitar situaciones que los pongan en peligro –si la autoridad aplicara el principio de máxima publicidad– aparecería publicado en el apartado de transparencia proactiva de la PET.
Ante la vocación de opacidad del alcalde, difícilmente se podría esperar esa publicación, además de tener otros motivos para ocultarlo como por ejemplo que cualquier persona podría verificar lo que ha advertido el Grupo Universitario del Agua (GUA): hay evidencias de una falla secundaria vinculada a la falla del Aeropuerto que se dirige en su trayectoria hacia el sitio en donde se construiría el paso a desnivel junto al templo de El Saucito.
¿Hasta dónde puede ser capaz Galindo Ceballos de esconder información para ocultar los riesgos para la población y para el templo con tal de realizar ese puente deprimido que el rechazo de los habitantes de la zona ya ha impedido en dos ocasiones que se construya?
Tanto en la negativa sobre los datos de los equipos de monitoreo del aire y en la no difusión del Atlas de Riesgo Municipal la difusión tiene que ver con ayudar a la población a tener posibilidades de prevenir peligros en tanto pueda tener disponible esa información, que es un servicio que presta la PET, pero que impide la opacidad de los funcionarios.
Un servicio con el que se podría que contar si la PET operara al cien por ciento, pero que hoy la negligente y encubridora CEGAIP impide, y que son una muestra de las muchas razones por las que la Plataforma Estatal de Transparencia debe prevalecer y ser reforzada para que la transparencia sea realmente útil a los intereses de la población.
