María Ruiz
El 17 de septiembre de 2022, Francisco Armando González Cruz desayunó con su hija en Cerritos, San Luis Potosí. Hablaron del trabajo, de los turnos, de los pequeños planes que se piensan en voz baja. Francisco cruzó la calle frente al local. A esa hora, la vida todavía parecía posible.
Más tarde, corrió el rumor: levantaron a un guardia civil. Francisco iba con él. Lo llamaban el Camello, un elemento de la Guardia Civil Estatal.
La llamada que su hija intentó hacer cayó en el buzón. Como si del otro lado ya no hubiera nadie. Como si algo —rápido, preciso— hubiera cerrado la línea y también el mundo.
El Camello apareció vivo al día siguiente. Francisco no.
La denuncia no fue tomada de inmediato. En la Delegación Cuarta de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Rioverde dijeron que no, que esperaran. Hubo que presionar hasta conseguir un expediente que pronto sería también vulnerado: José Luis Urban Ocampo, el entonces titular de la Guardia Civil Estatal, sustrajo la carpeta que contenía el testimonio del Camello.
2022 fue el año más crítico de la última década en San Luis Potosí en cuanto a desapariciones.
Nunca antes se había registrado una cifra tan alta en los registros oficiales. Ese año marcó un antes y un después en la crisis de personas no localizadas, y fijó una línea de quiebre para cientos de familias.
Ese mismo año, 2022, San Luis Potosí registró un aumento del 34 por ciento en desapariciones respecto al 2021. Pasaron de 242 a 326 casos, una cifra escalofriante que marcó un quiebre, una muestra más de la violencia que crecía sin freno en el estado.
La violencia no llama. No toca. No pide. Cruza la puerta abierta. Se instala.
Cerritos: tierra de desapariciones invisibles
El 10 de mayo de 2022, Día de las Madres, en Cerritos un grupo armado irrumpió en el domicilio donde vivía Santos Manuel Flores Díaz. Nadie discutió. Nadie pidió permiso.
Santos tenía 31 años cuando desapareció. Su cuerpo es un mapa: “Gabriel” en un brazo, “Aline” en el otro, un diablo en el cuello. Tatuajes que contaban más de su historia que cualquier expediente.
Ese mismo día, su familia denunció su desaparición. La Fiscalía actuó rápido… en apariencia; levantaron diligencias preliminares, prometieron buscarlo, pero todo se diluyó. No aseguraron la escena, no citaron testigos, no revisaron cámaras ubicadas en la calle Santa Cruz, donde se le vio por última vez.
En San Luis Potosí, el 36 por ciento de las desapariciones en 2022 correspondieron a personas jóvenes de entre 18 y 35 años, como Santos. Una generación entera desvanecida, perdiéndose entre trámites olvidados y promesas incumplidas.
Los datos, obtenidos por Astrolabio Diario Digital mediante una solicitud de transparencia (folio 240469825000152), son el esqueleto de una tragedia que no ha dejado de crecer.
Este documento, revelado a través de la Ley de Acceso a la Información, permite dimensionar el horror con cifras concretas.
Entre 2018 y marzo de 2025, 1 mil 818 personas fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas en el estado.
El desglose de esos casos resalta el incremento vertiginoso en los últimos años: en 2018, hubo 186 desapariciones. En 2019, fueron 171. En 2020, 188. Para 2021, el número aumentó a 242; y en 2022, 326 casos. En 2023, la cifra llegó a 307, y en 2024, a 318.
Aun con las cifras del estado en constante ascenso —de 171 en 2019 a 326 en 2022—, las familias siguen enfrentándose a un sistema que parece invisible cuando de buscar se trata.
Cada omisión institucional no solo borra pistas: extiende el daño, privatiza el duelo, normaliza el horror.
El estado de las cifras huecas
Francisco Armando era un hombre de rutinas sencillas y compromisos firmes. Durante años fue parte de la Policía Estatal, patrullando las calles con la convicción de que podía hacer algo bueno, aunque el uniforme pesara más de lo que parecía.
No hablaba mucho de su trabajo, pero sus hijos sabían que siempre volvía cansado…
Cuando dejó la corporación, no se detuvo. Cambió las botas por el volante de una camioneta y se dedicó a repartir refacciones automotrices a talleres y empresas.
Lo suyo era moverse. De sol a sol, conectando piezas para que otros pudieran seguir adelante. Así era también en casa: el que buscaba que todo encajara, que todo siguiera funcionando.
Hasta que un día, ya no lo hizo. No hay un historial delictivo, no hay una doble vida; solo un silencio que se volvió demasiado largo. Un hueco que su familia todavía intenta llenar con fotos, recuerdos, y preguntas que nadie ha respondido.
Desapareció, sí. Pero no por elección, y eso en San Luis Potosí no es una excepción, sino un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional.
En los primeros meses de 2025, 80 personas siguen desaparecidas.
El promedio mensual es de 26.6 casos, lo que refleja una tendencia muy similar —o incluso ligeramente mayor— a la del año pasado. En 2024, el número de desapariciones mensuales promedio fue de 26.5.
Con esto se puede decir que la tendencia de desapariciones es muy similar o “un poco mayor” a la del año pasado.
El salto de 34 por ciento de 2021 a 2022, coincidente con el cambio de administración estatal, no es un caso aislado. Es un reflejo de la violencia estructural que ha permeado en todo el país, especialmente en estados como San Luis Potosí, donde la inseguridad parece haber alcanzado niveles insostenibles.
Más que cifras, estos números representan a miles de familias que viven con la incertidumbre diaria.
El país que busca y no encuentra
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía, la Vicefiscalía: existen todas, prometen lo mismo. Pero el abismo entre existencia y acción es evidente.
Cuando la madre de Santos recuerda y busca a su hijo, sabe que detrás de su no localización hay 1 mil 818 desapariciones registradas entre 2018 y 2025 en San Luis Potosí, en donde 1 mil 073 personas han sido localizadas. Sin embargo, la cifra no dice todo, y Santos no está entre ellos.
La vicefiscalía ha localizado con vida a 956 personas por su cuenta; además 117 fueron encontradas sin vida. De todos ellos 485 eran hombres y 380 mujeres, dejando casos en donde el sexo de las personas, en al menos 208 localizaciones lamentablemente, no se ha definido.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos números podrían no coincidir exactamente con el total de personas desaparecidas. Esto puede deberse a que las cifras cambian mes con mes conforme se localizan personas, a que existe un subregistro no reportado, o bien, a que hay inconsistencias en la integración de las bases de datos oficiales.
Este vacío para ella no solo refleja la falta de precisión en los datos, sino que también deja una inquietante interrogante sobre las circunstancias y condiciones de quienes finalmente fueron localizados.
¿Qué historias no contadas se esconden detrás de estas cifras?
El porcentaje de casos sin datos claros refleja la falta de transparencia y el descuido sistemático en la gestión de los casos de desapariciones. Es decir, la vicefiscalía ha logrado ubicar con vida al 52.6 por ciento de los desaparecidos (956 personas), mientras que un 6.4 por ciento (117 personas) fueron halladas sin vida.
Del total de personas localizadas, el 27.3 por ciento han sido identificadas como hombres y el 21.4 por ciento como mujeres.
La resistencia que no cabe en un expediente
Frente a la indiferencia institucional, la familia de Francisco decidió fundar su propio colectivo de búsqueda a finales de 2023: Buscadoras de Cerritos.
Al principio fueron marginados, mirados con desconfianza, sometidos a trabas burocráticas, pero insistieron. Crear un colectivo de familias que buscan a sus desaparecidos es una respuesta desesperada, pero poderosa ante la ausencia del Estado.
Sin embargo, levantar y sostener un grupo de este tipo implica enfrentar múltiples retos. Entre ellos la autogestión para realizar búsquedas, recolectar información o presionar a las autoridades.
La burocracia estatal también representa un obstáculo: trámites engorrosos, negligencia institucional y la falta de protocolos eficaces suelen dilatar las investigaciones y agotar a las familias.
Las familias caminan brechas, hurgan entre escombros, abren la tierra.
Gracias a la labor de los colectivos de búsqueda, en 2023 y 2024 se logró la localización de más del 60 por ciento de los restos humanos encontrados en operativos de campo, con lo que se superó en hallazgos a toda la Fiscalía General del Estado durante un año completo.
En un contexto donde el sistema de justicia es ineficaz y las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud de la tragedia, los colectivos se han convertido en los verdaderos motores de la búsqueda. Cada cuerpo hallado es un acto de justicia mínima. Cada búsqueda, una rebelión contra el olvido.
El eco interminable
San Luis Potosí hoy es un mapa de ausencias.
El ritmo de desapariciones en 2025 repite la tendencia crítica iniciada en 2022. Es una secuencia que ya suma tres años consecutivos con más de 300 casos anuales.
Si la situación continúa como hasta ahora, 2025 cerrará nuevamente con una cifra que supera los 300 casos.
Las autoridades presumen avances, pero detrás del discurso oficial persisten expedientes extraviados, cuerpos sin nombre, búsquedas fragmentadas.
Cada desaparición arranca no sólo una vida: mutila familias, pulveriza comunidades, reconfigura el miedo.
Cerritos, Ciudad Valles, Rioverde, San Luis Potosí: todos resuenan con los ecos de un país donde la desaparición es parte del paisaje.
No hay cifra que mida el desgarro de un hijo que no regresa. No hay estadística que capture la voz que sigue llamando en sueños.
El eco de quienes faltan —como Francisco y Santos— no se apaga, vibra, persiste. Exige, tercamente, ser escuchado.
