Alejandro Rubín de Celis

¿Alguien sabe en qué estatus se encuentran las indagatorias a los involucrados en la llamada Ecuación Corrupta?

Caso emblemático de presunta corrupción cuyo desenlace hasta ahora se desconoce, la Ecuación Corrupta cumple este miércoles 12 de junio dos años de haber sido revelada por el ex diputado Enrique Flores Flores.

Todo parece indicar que la apuesta por el olvido que hizo primero la entonces Procuraduría de Justicia del Estado ꟷdependiente entonces del gobierno del estadoꟷ  y después la Fiscalía General ꟷsupuestamente autónomaꟷ le ha funcionado muy bien. Ya casi nadie habla del asunto y los focos de atención se han ido hacia otros temas, aunque también relacionados con corrupción.

Cuatro ex diputados estuvieron en el ojo del huracán: Manuel Barrera Guillén, José Guadalupe Torres Sánchez, Oscar Bautista Villegas y Enrique Flores Flores. Este último fue quien reveló en un video grabado por el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, la trama bajo la cual estos ex legisladores, en contubernio con funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), extorsionaban a presidentes municipales ꟷy no se sabe si a servidores públicos de otras entidades oficialesꟷ para limpiar sus cuentas públicas cuando presentaban irregularidades.

El propio Crispín Ordaz, al igual que activistas e integrantes de organizaciones civiles, presentaron demandas exigiendo que se investigara a fondo la red de corrupción que se había hecho del conocimiento público. Y como suele suceder, prevaleció el tortuguismo y la excusa respecto de los avances en las indagatorias. Ya han pasado 24 meses y nada se sabe al respecto.

La presión social logró que tres de esos cuatro ex diputados solicitaran licencia ꟷel único que no lo hizo pese al repudio ciudadano fue el verde ecologista, Manuel Barreraꟷ pero con todo cinismo regresaron meses después a concluir su encargo presumiblemente  protegidos por el procurador/fiscal carnal, Federico Garza Herrera, y el gobernador, Juan Manuel Carreras López ꟷal menos esa es la lectura que hacen analistas y distintos actores políticos y socialesꟷ.      

Conforme comenzaron a saltar otros casos de presumible corrupción ꟷmuy bien documentados por las víctimas y las organizaciones sociales, incluso con investigaciones de campoꟷ como el MochesGate y el posible fraude a beneficiarios de apoyos sociales a  cargo de buena parte de los ex diputados de la anterior legislatura, el tema de la Ecuación Corrupta y sus correspondientes pesquisas se fueron desvaneciendo como tema de interés público.

Hoy, a dos años de que se dio a conocer, son muy pocos los que recuerdan o hacen referencia a uno de los casos de virtual corrupción que más daño han causado al erario, pero sobre todo a la sociedad que lo aporta y que puso su confianza en ellos para que representaran sus intereses y atendieran sus necesidades legislativas.

Excepto los casos de Enrique Flores y de José Guadalupe Torres que parecen haber desparecido del escenario político, Manuel Barrera y Oscar Bautista no solo gozan de cabal salud política, sino que trabajan a tambor batiente y operan a favor del proyecto gallardista que busca la gubernatura del estado, directamente a través de Ricardo Gallardo Cardona como candidato, o indirectamente mediante una alianza con Morena ꟷsi su militancia y dirigencia locales lo permitenꟷ.  

De la ASE fueron despedidos el entonces titular, José de Jesús Martínez Loredo y 13 mandos medios ꟷentre ellos el hermano de Manuel Barrera Guillén, José Fernando, que fue compensado este año con un cargo público que le concedió el alcalde de Matehuala, Alejandro Segovia, compañero de legislatura de Manuel Barreraꟷ pero sus casos tampoco han sido judicializados en tribunales.

A estas alturas, ¿podremos pensar en que algún día la Fiscalía dé a conocer el resultado de las investigaciones de este emblemático caso? ¿Habrá alguna esperanza de que al menos algunos de los involucrados sean llevados a juicio? ¿O la Ecuación Corrupta pasará a la historia sólo como una anécdota más de la vida política de San Luis Potosí? Lamentablemente, todo parece indicar que será la respuesta obvia a la última pregunta.

Pero los mismos grupos sociales y activistas que presentaron denuncias por este asunto lo han hecho también en apoyo a las víctimas en los casos del MochesGate y el presunto fraude de ex diputados a beneficiarios de apoyos sociales, y en este último ya se logró que un ex diputado fuera vinculado a proceso y que estén  “en capilla” otros 25 miembros de la pasada legislatura, según lo reveló el representante jurídico del Congreso del Estado, Noé Yair López García, que se desprenden de 15 carpetas de investigación. 

Si la sociedad no se involucra más en estos casos y dado que los activistas y grupos sociales de presión son pequeños en número ꟷcon todo y los grandes esfuerzos que realizan para combatir la corrupción y la impunidadꟷ, existe el riesgo de que corran la misma suerte que la Ecuación Corrupta y con el paso de los meses desaparezcan por completo de la agenda púbica, y los presuntos delincuentes y sus protectores se salgan con la suya.

En buena medida, la sociedad potosina es la que tiene la palabra: o se involucra de manera más decidida en el combate a la corrupción y la impunidad, o sigue padeciendo quién sabe hasta cuándo los engaños y excesos del poder.