Estela Ambriz Delgado
Habitantes del ejido Corcovada en el municipio de Villa Hidalgo, sostuvieron una reunión con integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) y Guardianes de la Sierra de San Miguelito, en la que se les informó detalladamente sobre la improcedencia de la solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de Inkazteca Drilling, y se acordó mantener una alerta permanente, así como reforzar la organización comunitaria.
El pasado sábado 16 de agosto se llevó a cabo la reunión de trabajo en el ejido, principalmente para explicar las razones por las que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió negar el trámite de MIA del proyecto Banco de Materiales Castillos, de la empresa ligada al magnate Ricardo Salinas Pliego.
Los activistas explicaron que la resolución fue posible gracias a que la representante estatal de la Semarnat, Angélica Montañez Rivera, atendió la denuncia desde el origen con una clara definición y le dio seguimiento, y finalmente fue a quien le correspondió el estudio y suscribir esta resolución en contra de la empresa.
Detallaron también los efectos y alcances de la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual sirvió de base para la clausura del proyecto y fue fundamental, junto con otras irregularidades, para la resolución negativa de la Semarnat.
Precisaron que la empresa intentó ocultar todos los impactos que generaron, pero esto finalmente quedó demostrado tras la inspección de la Profepa, pues presentaron unas imágenes satelitales con las que aseguraban que no había ningún daño ambiental, cuando en la denuncia esto fue acreditado con videos, fotos aéreas, y posteriormente observado y documentado en la diligencia de la procuraduría.
De igual forma, destacaron que para lograr frenar a las empresas de Salinas Pliego, fue fundamental la intervención del titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcenas, la Profepa en todos sus niveles, y las representaciones estatales, desde el 18 de mayo en la asamblea en la que se les pretendía despojar a los ejidatarios.
Por su parte, José Francisco, representante y líder ejidal, conminó a los asistentes a reconstruir la unidad ejidal, afectada por las empresas CEMAT Construction e Inkazteca Drilling, así como a elaborar un documento donde se detalle todo lo sucedido, que sirva de base por si un día quieren volver.
Asimismo, buscar el impulso de proyectos de desarrollo rural sostenible y tomarle la palabra al Procurador Agrario, para desarrollar talleres de capacitación y formación; impulsar una nueva visión de trabajo y defensa de la clase campesina, del ejido y la comunidad agraria, pues por mandato constitucional deben ser una entidad de interés público, con recursos y programas permanentes.
