Por Victoriano Martínez
La asamblea convocada en el Ejido El Peyote para someter a votación la aceptación “para la negociación de la venta de la tierra de uso común” dio tal giro que dejó expuesto quiénes son, para los ejidatarios, quienes pretenden despojarlos de su territorio y a quiénes pueden recurrir para defenderlo.
Del lado de la amenaza a la integridad de su Ejido ubican a la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, del grupo Valoran, y al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, por ser los principales interesados en construir la carretera de cuota del entronque 75D Matehuala.
Los empresarios por el negocio que les va a representar el cobro de peaje en la autopista y Gallardo Cardona por ser el principal promotor de esa vía carretera desde que se anunció como una concesión de carácter estatal.
La propia convocatoria a la asamblea estuvo precedida por maniobras de presión y manipulación por parte de los operadores de la empresa, quienes acudieron presuntamente a presentar una propuesta social y ambiental para la ocupación de tierras que terminó en una advertencia: o aceptan la propuesta o se atienen a las consecuencias… y se forzó la convocatoria a una asamblea extraordinaria.
La propuesta era prácticamente la misma que habían rechazado el 3 de mayo, con un precio irrisorio aumentado de 40 a 50 pesos por metro cuadrado y sin ninguna garantía de protección al medio ambiente de la zona. Inaceptable, pues, pero con tan amenazante ultimátum que pudo hacer dudar a más de un ejidatario sobre su postura de rechazo.
Una duda sembrada con toda la intención de desacreditar la asesoría de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito al señalarlo como quienes los llevarían a perder lo que podrían ganar o a enfrentar como consecuencia una presunta expropiación de sus tierras con la intervención del gobierno estatal.
Antes de llegar a discutir si se sometía a votación la aprobación de la venta de áreas de uso común, los ejidatarios valoraron el proceder de los asesores de la empresa en evidente confabulación con el gobierno estatal y se percataron de todo lo que está en juego: exigir un pago justo por sus tierras en el supuesto de que lo pueda haber y establecer condicionantes en materia ambiental para que la comunidad no resulte afectada.
En cuanto al precio justo de sus tierras se mencionó que la cifra mínima tendría que ser de 400 pesos por metro cuadrado, algo que la empresa no está dispuesta a pagar. Pero aun si aceptara pagar ese precio, el paquete de medidas ambientales que tendría que garantizar representaría un costo adicional que tampoco están dispuestos a cubrir.
Precio digno y protección y preservación ambiental son las dos condiciones obligadas sin las cuales los ejidatarios de El Peyote podrían vender las tierras y, en consecuencia, la discusión en la asamblea se orientó a la forma de lograr que ambas se cumplan.
La alternativa fue buscar el apoyo de la Procuraduría Agraria Nacional y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que se guían por la postura del gobierno federal para cerrarle el paso a los procesos privatizadores. Una postura que quedó acreditada en el caso del Ejido Corcovada el pasado 18 de mayo.
Los ejidatarios se manifestaron cerrados al diálogo con la empresa y el gobierno estatal, a menos que estén presentes representantes de la Procuraduría Agraria y la SEMARNAT para evitar la imposición y manipulación por parte de la empresa y del gobierno estatal.
Con 163 votos a favor y cero en contra, los ejidatarios decidieron enfrentar el intento de despojo por parte de la dupla empresa-gobierno estatal y solicitar la asesoría y apoyo de las dependencias del sector agropecuario federal, al mismo tiempo que reconocieron la asesoría jurídica de los Guardianes y otros despachos jurídicos.
Entre lo acordado, se encuentra la conformación de un frente común con los asesores jurídicos no sólo de El Peyote, sino también de los ejidos de La Tapona, San Lorenzo y Peotillos. La defensa del territorio y la dignidad ejidal comienza a proliferar, que ya hay otros ejidos que podrían ser atravesados por la autopista que comienzan a inquietarse.
El intento por dividir a los ejidatarios de El Peyote por parte de la empresa dio tal giro, que lejos de provocar la división, provocó que en el Ejido cerrarán filas con efectos que podrían replicarse en otros.
