Por Victoriano Martínez
La asamblea que se realizará hoy miércoles en el Ejido El Peyote es de alto riesgo, provocado por un operativo de presión y compra de votos para que se apruebe un contrato de ocupación previa de tierras para el proyecto de la autopista a Matehuala, al grado de que no sólo alerta al Gobierno Federal, sino que el caso también se ha presentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Citada en segunda convocatoria para las 10 de la mañana de hoy, la asamblea carece de legalidad al no contar el aviso con las firmas requeridas, lo que ha advertido la Procuraduría Agraria Nacional (PA). Un detalle que parece tener sin cuidado al presidente del Comisariado, Severo Rosales Medrano, quien actúa en confabulación con el gobierno del Estado y la empresa concesionaria.
Por tratarse de una asamblea que involucra la desincorporación de bienes de uso común, la propia PA debió ser convocada, pero hasta la tarde de ayer martes no se le había dado aviso para su intervención.
No sólo por esa cuestión tendría que haber sido invitada la PA, sino que desde el 6 de agosto existe el compromiso entre J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, y Victor Suárez Carrera, titular de la PA, para que en todo lo relativo a la compra de tierras para la autopista se convocara a la dependencia federal en apoyo a los ejidatarios.
Para la asamblea de este miércoles, el gobierno estatal insiste en romper ese acuerdo con la PA, lo que –junto con la ilegal convocatoria y la falta de aviso para su intervención legal– el gobierno estatal y la empresa optan por una vía de confrontación con el gobierno Federal, que pierde de vista que las instancias federales deberán validar los acuerdos que se tomen en la sesión.
Se trata de una estrategia en la que resulta evidente que gobierno estatal y empresa, confabulados con Rosales Medrano, buscan a toda costa sacar el acuerdo para el contrato de ocupación previa que, al ignorar a las instancias federales, en realidad pone en riesgo el proyecto, más por su voracidad que por las exigencias de un pago justo por parte de los ejidatarios.
La postura de los ejidatarios, al pedir 200 pesos por metro cuadrado en efectivo y otros 200 pesos en obras de beneficio colectivo para el Ejido, en ningún momento busca abortar el proyecto, sino simplemente que les deje un beneficio justo y no ser víctimas de un trato abusivo como ya ocurrió con los 18 ejidos que malbarataron sus tierras.
“La empresa concesionaria y las entidades de gobierno optaron por corromper al Comisariado Ejidal Severo Rosales e impulsar un modelo de presión y chantaje social”, señalaron.
Las condiciones de ilegalidad en las que se ha citado a la asamblea son parte de los hechos expuestos en la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), incluido el señalamiento de que “hemos sido presionados para que aceptemos la imposición de un contrato de ocupación previa”.
Como parte del intento de abuso por parte de la empresa, avalada por el gobierno del Estado, el grupo de ejidatarios firmantes señalaron que “ningún trabajo esta incorporado a este proyecto respecto a los efectos sociales, económicos, ambientales y/o culturales de nuestra comunidad ejidal”.
Señalan además violaciones a sus derechos humanos por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental por no haberlos llamado a consulta sobre la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a pesar de haberlo solicitado por escrito y a través de un juicio de amparo.
“Con la omisión de acciones (de las autoridades) están permitiendo la violación de nuestros derechos humanos y además puede derivar en violencia y actos de coerción, cuestión que viola nuestros derechos humanos respecto a la vida y la seguridad de las personas”, advirtieron en su escrito a la CNDH.
Los ejidatarios mencionaron que cuentan con información de que el Gobierno del Estado y la Junta Estatal de Caminos pretenden enviar un operativo policiaco para obligar a los ejidatarios a entregar sus tierras a la empresa concesionaria.
“Se violenta la voluntad de los ejidatarios, se amedrenta, se amenaza, bajo el argumento de ser actos de autoridad y en el extremo se amenaza, se coarta la libertad de expresión, de reunión bajo el argumento de que es irremediable la construcción de esa carretera y además de que obras de carácter social son inútiles y onerosas”, mencionan en su escrito a la CNDH.
La asamblea ejidal de hoy en El Peyote presenta condiciones similares a las que se dieron el 18 de mayo en el Ejido Corcovada: una convocatoria ilegal, presión por parte del gobierno estatal y la empresa, movilización policíaca intimidatoria, compra de voluntades entre los ejidatarios y un grupo importante de ellos que se oponen al abuso empresarial por prácticamente despojarlos de sus tierras.
Se trata de condiciones que una vez más ponen a prueba a la Procuraduría Agraria y su nueva política de defensa de los intereses de los ejidatarios en contra de los abusos empresariales que buscan por todos los medios evadir una responsabilidad de correspondencia con quienes tienen que desprenderse de parte de sus bienes para que ellos logren sus grandes negocios.
