Por Victoriano Martínez
No pasaron ni tres días de que el gobierno del Estado acordó con la Procuraduría Agraria Nacional un acompañamiento permanente por parte de la dependencia federal a los ejidatarios de El Peyote y Peotillos en las negociaciones sobre sus tierras para el proyecto carretero de cuota Entronque 75 D-Matehuala cuando ya lo incumplió.
Un grupo de ejidatarios de El Peyote recibieron este viernes a través de redes sociales una invitación para participar en una reunión el próximo lunes a las dos de la tarde, de la que no sólo excluyeron a la Procuraduría Agraria, sino que además las advirtieron que no se permitiría el acceso a sus asesores de los Guardianes de la Sierra.
En el mensaje, que no recibieron todos los ejidatarios, se menciona que la reunión será “con las siguientes personas: Lic. Sergio Muñoz, Lic. David Zavala representantes de la empresa Valoran y asociados, Lic. Sergio director de la junta estatal de caminos. Lic. Jaime Tristán director de asuntos agrarios en Gobernación. Todos los involucrados en la construcción de la carretera”.
Apenas el pasado jueves los ejidatarios participantes en la reunión con José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, informaron en asamblea informativa los compromisos del gobierno estatal y la presunta disposición para que en toda negociación participe la Procuraduría Agraria, un día después se les invitó a una reunión a la que la excluyen.
El rompimiento de los acuerdos tomados en la reunión con Torres Sánchez y Victor Suárez Carrera, procurador Agrario, puso en alerta a los Guardianes de la Sierra y a una parte de los ejidatarios, por el temor de que sus autoridades ejidales lleguen a acuerdos con la empresa y el gobierno del estado en perjuicio de todos.
La mayoría de los ejidatarios se mantienen convencidos y firmes en la determinación negociar a 400 pesos el metro cuadrado de sus tierras con opción a que la mitad se las paguen con obras sociales que incluyan un paradero turístico y el acceso de la comunidad a la vialidad.
Ante el temor de que la reunión promovida desde el gobierno del Estado se pretenda provocar división entre los ejidatarios y se busque manipular la negociación para favorecer a la empresa concesionaria, los ejidatarios ya informaron a Suárez Carrera, procurador Agrario, sobre el incumplimiento por parte de las autoridades estatales.
Una convocatoria a reunirse con los ejidatarios que deja ver a lo que son capaces de llegar ante el grado de desesperación que tiene por llevar adelante la obra carretera en las condiciones que ellos impongan y sin importarles los derechos de los ejidatarios.
Entre los elementos que generan este tipo de acciones a todas luces desesperadas se encuentra el hecho de que aún está pendiente la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene como uno de sus impedimentos, entre otros, no contar con la ocupación temporal de los ejidos El Peyote y Peotillos.
El gobierno estatal ha puesto en marcha una desarticulación de los acuerdos con el Procurador Agrario que no sólo busca excluirlo de las negociaciones, sino que inició una campaña de calumnias en contra de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito por asesorar a los ejidatarios, además de buscar vetarlos para las siguientes asambleas.
El hecho de que el martes 5, los funcionarios estatales mostraron buen trato con el Procurador Agrario, y tres días después lo excluyen de la convocatoria a la primera de las reuniones con tal de favorecer los intereses de un grupo empresarial podría ser un indicador de otro ámbito de distanciamiento del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con el gobierno federal de la 4T.
La propia concesión para una autopista de cuota se dio a unas semanas de la inauguración de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, en la que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de las carreteras concesionadas.
Hoy, Gallardo Cardona no sólo va en contra de aquella directriz que forma parte de las políticas de la 4T, sino que también se opone a los tres temas sensibles que el gobierno federal se ha propuesto este sexenio para proteger a ejidatarios y comuneros: el dominio pleno, los cambios de destino de tierras y el reconocimiento de avecindados.
Las maniobras desde el gobierno estatal, del lado de la concesionaria carretera, dejan claro que pretenden avasallar a los ejidatarios de El Peyote y posteriormente a los de Peotillos, después de que ya lo hicieron con otros 16 ejidos a lo largo del trazo carretero, por mucho que ante el procurador Agrario Nacional se haya acordado lo contrario.
