Por Victoriano Martínez
Le tocó el turno al Ejido Peotillos en asamblea en segunda convocatoria este domingo 12 de octubre.
La desesperación por parte de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras (IPC) por obtener el derecho de vía pasó del “la asamblea lo puede decidir sin importar lo que diga la ley” que se argumento en El Peyote a “si hoy no aceptan el convenio a 70 pesos el metro cuadrado, habrá expropiación y tendrán que esperar su dinero hasta que acabe ese proceso”.
“Sí o sí, se tiene que llevar a cabo el procedimiento expropiatorio. ¿Cuál es la diferencia? Que, si llevamos un convenio de ocupación previa y se recibe el pago anticipado, ustedes ya reciben el dinero desde ahora y no tienen que esperar hasta que pase la expropiación”, les advirtió Aydé Esparza, abogada de la empresa.
Lo toman ahora, o tendrán que esperar a recibir el raquítico beneficio económico que se les ofrece para cuando la empresa termine el procedimiento expropiatorio en el que, de entrada, tiene que ir aliada con el gobierno del Estado, que es quien otorgó la concesión para la autopista a Matehuala.
El amago de la empresa no es más que un bluf que pretende impresionar a los ejidatarios, quienes no cayeron en la fanfarronada al determinar finalmente rechazar la venta de sus tierras para el proyecto Entronque 75-D Matehuala.
El proceso expropiatorio implica la necesaria intervención de instancias federales del sector agrario como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria Nacional (PA) que se han mostrado favorables a defender los intereses de los ejidatarios, además de que la propia asamblea ejidal tiene intervenciones determinantes.
Para el caso, sería el gobierno estatal el encargado de presentar la solicitud de expropiación por causa de utilidad pública para lo que tendría que presentar los estudios técnicos, y la justificación de la utilidad pública, así como los planos del terreno. Muy probablemente sea algo que sin dificultad agotarían empresa y gobierno estatal.
El artículo 94 de la Ley Agraria establece que “el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados”. Una determinación que la abogada Aydé Esparza manipular a favor de su oferta de 70 pesos por metro cuadrado.
“A lo mejor no hemos comprendido a lo que se refiere el valor comercial. La palabra lo dice, comercio, como están las tierras en el comercio y el comercio es el acto entre dos particulares donde se compra y se vende un producto (…) si ahorita hacemos un análisis en Peotillos, a cómo se venden en el comercio las tierras, van a ver que es mucho más bajo que el de 700 mil pesos la hectárea”, les dijo.
Poco faltó para que les dijera que lo puede demostrar con la compra de tierras que ya efectuaron de manera abusiva en 18 ejidos que atravesará la carretera a precios que van de los 40 a los 60 pesos por metro cuadrado.
Independientemente del avalúo que atienda al valor comercial de los terrenos, el artículo 95 de la Ley Agraria regresa el procedimiento al punto en el que actualmente se encuentra y en el que, como dijo la abogada Aydé Esparza en el Peyote, “la asamblea es la que tiene la última palabra”.
“Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación, para lo cual deberá mediar convenio en el que se plasmen los acuerdos y compromisos a que habrán de obligarse ambas partes”.
Es decir, por mucho que los ejidatarios recibirían el pago por sus tierras hasta la conclusión el proceso expropiatorio, la empresa tampoco puede contar con la ocupación previa sin que la autorice la asamblea y se firme un convenio, que es el punto en el que se encuentran y en el que los ejidatarios han rechazado la entrega de sus tierras.
“Para la formalización del convenio aludido en el párrafo anterior, deberá intervenir la Procuraduría Agraria, quien además solicitará su inscripción en el Registro Agrario Nacional”, señala el segundo párrafo del mismo artículo 95.
Mala noticia para la empresa: justo la dependencia que la empresa y el gobierno estatal han intentado marginar del proceso de negociación tanto en El Peyote como en Peotillos es la que por ley debe intervenir para formalizar el convenio de ocupación, que los ejidatarios han rechazado, y lo podrían hacer también incluso en un proceso expropiatorio.
