Estela Ambriz Delgado
Comisariados del Altiplano Potosino afectados por concesiones mineras de litio y minerales críticos, dirigieron un escrito a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar que se revisen y se cancelen definitiva.
Alrededor de 100 de concesiones se encuentran sobre la Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados a Wirikuta, declarada Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por lo que se exige su inmediata cancelación.
Representantes del ejido Yoliatl, en el municipio de Villa de Ramos; ejidos Santa Clara, Illescas, y Jesús María, los tres en el municipio de Santo Domingo, manifestaron sus inquietudes mediante un escrito entregado al coordinador de asesores de la mandataria, Jesús Ramírez Cuevas, el pasado miércoles18 de febrero, el cual también está dirigido a las y los titulares de las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.
En el documentan expresan tener conocimiento de la existencia de concesiones mineras para la exploración y explotación de litio y minerales críticos para la transición energética. Mencionan los proyectos vigentes llamados Sutti 19, Sutti 21, Sutti 22 y El Yeso, dispersos en los municipios de Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas y Villa de Guadalupe.
Asimismo, saben que hay otros minerales denominados críticos en toda la región semiárida del Altiplano que coincide con la Ruta y Sitio Sagrado de Wirikuta, y que atraviesa sus territorios ejidales, localidades, y cabeceras municipales.
De igual forma, señalan que a través del proyecto Ciencia de Frontera, del Colegio de San Luis (Colsan) con la doctora Iracema Gavilán, se les ha brindado información sobre las ventajas, desventajas e impactos de las actividades mineras, específicamente de la explotación de minerales polimetálicos y toda sustancia nombrada estratégica o crítica como el litio, que se encuentra en sus solares y territorios ejidales.
Señalan que, al debatir esta información en sus asambleas, se dan cuenta de que la actividad minera no beneficiaría a sus ejidos, al contrario, traería una serie de desequilibrios en los ecosistemas de la región semiárida y sus componentes, con repercusiones negativas en los sistemas hidrológicos subterráneos y superficiales.
Advierten que esto provocaría la desecación de pozos y mayor abatimiento de los acuíferos Santo Domingo, El Barril, y Salinas, lo que causaría agravios a sus derechos humanos fundamentales, como el acceso a agua limpia y de saneamiento, a un medio ambiente sano y a la salud.
De la misma forma, manifiestan conocer sobre el Plan de Acción Estados Unidos – México sobre Minerales Críticos, firmado el pasado 4 de febrero de 2026 a cargo de la Secretaría de Economía, y al respecto las asambleas ejidales consideran que este agravia su derecho a la información y al consentimiento informado, si es que se pretenden operar los proyectos y concesiones mineras de sustancias estratégicas o críticas autorizadas en sus ejidos.
Además, puntualizan que conocen también las diferencias entre minería de minerales metálicos a cielo abierto o subterránea, y la que se hace de no metálicos, así como de las etapas de prospección, exploración y explotación den la actividad minera. En concreto de cómo se procesa el litio en salares, y que por cada tonelada de este se requieren al menos dos millones de litros de agua.
En este sentido, recuerdan que para la explotación de minerales en sus territorios se requiere la anuencia de la máxima autoridad del ejido, que es la asamblea. Sin embargo, hacen saber que entre los años 2017 y 2018, la presencia de la empresa de origen canadiense Organimax, actualmente Silver Valley Metals Corp, sembró división y conflictividad en distintas localidades, al ofrecer ganancias, empleo, y ejercer coacción para desplazarlos, con la intención de que abandonaran sus tierras de cultivo, pastoreo, sus casas, y sus formas de vida.
Por ello piden atender su petición colectiva considerando el principio precautorio, establecido en el numeral 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre sus peticiones, exigen la cancelación definitiva de los títulos mineros que han sido emitidos sobre sus ejidos sin su consentimiento.
