Por Victoriano Martínez
El pasado miércoles 2 de julio, representantes del Ejido El Peyote solicitaron a Victor Suárez Carrera, procurador Agrario Nacional, asesoría para no verse avasallados por los empresarios y el gobierno estatal en las negociaciones sobre la ocupación de parte de su territorio para el proyecto carretero de cuota Entronque 75 D-Matehuala.
Los ejidatarios de todos los ejidos por los que atraviesa el trayecto del proyecto carretero han sido sometidos a presiones para que malbaraten sus tierras, y la mayoría han aceptado. No obstante, la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, de Grupo Valoran, se encontró con el rechazo de los ejidatarios de El Peyote a su oferta de pagar a 40 pesos el metro cuadrado.
En el ejido La Tapona también hubo un primer momento en el que rechazaron la oferta, que posteriormente se las mejoraron a 60 pesos por metro cuadrado y, tras ser sometidos a una serie de presiones, aceptaron la ocupación de su territorio.
Para los ejidatarios de El Peyote, aportar o no sus tierras no fue considerado un tema exclusivamente económico, sino que le solicitaron a la empresa garantías para que la obra no los dejara desprotegidos, y exigieron una propuesta integral y sostenible.
Para ellos, la propuesta económica tenía que ir acompañada de medidas de protección al medio ambiente “promoviendo un desarrollo social, económico, ambientalmente sustentable mediante acciones de mitigación, acompañamiento comunitario, capacitación y proyectos productivos regenerativos”.
Una postura para la que estimaron necesario el acompañamiento de autoridades agrarias en tanto querían fundar sus exigencias con argumentos jurídicos que estuvieran respaldados legal y administrativamente. Fue cuando solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría Agraria Nacional.
Este martes 5 de agosto, Suárez Carrera les cumplió su promesa de acompañamiento que les hizo el 2 de julio. Estuvo aquí para acompañarlos en una reunión con José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno. Los ejidatarios de Peotillos se sumaron a las negociaciones en las que, por primera vez, tuvieron voz para hacer contrapropuestas.
“A nosotros los empresarios nos ofrecieron de 40 a 50 pesos el metro cuadrado y esto fue una burla, aquí en Peotillos nos apoyamos del pueblo y por eso estamos fijando una propuesta que es un acuerdo de todos los ejidatarios”, advirtió el comisariado ejidal Guillermo Zárate.
Los ejidatarios plantean como precio para sus tierras 400 pesos por metro cuadrado, que representa 10 veces la propuesta inicial de la empresa, aunque están dispuestos a recibir una parte en compromisos de obras sociales para sus comunidades y de infraestructura que les permita desarrollar actividades económicas.
Torres Sánchez les “expuso las características del proyecto y anunció que el Gobierno del Estado tendría la disposición de mediar con la empresa la cuestión económica y que, respecto a la obra social, el Gobierno del Estado intervendría para que el asunto pudiera salir adelante”.
El funcionario estatal ofreció reuniones con los ejidatarios para continuar con las negociaciones.
Los ejidatarios advirtieron que no aceptarán negociaciones en los oscurito porque “los comisariados se deben al pueblo y no a los empresarios, por eso, vamos a estar pendientes, e informarle a la gente con honestidad, que no pase lo que en otros ejidos donde los únicos que llenaron de dinero sus bolsas fueron los abogados y uno que otro comisariado”, advirtieron.
La reunión con Torres Sánchez coincidió con la publicación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del resumen y el proyecto completo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto carretero de cuota Entronque 75 D-Matehuala.
Los dos documentos aportarán a los ejidatarios información fundamental para, en las negociaciones, hacer valer con datos precisos las medidas necesarias para que el proyecto no afecte el entorno ambiental en el que vive.
Por ejemplo, podrán conocer a detalle los 46 efectos negativos que tendrá la construcción de la autopista.
“Se tendrían 12 impactos no significativos, 15 poco significativos, 2 moderadamente significativos y 17 impactos permanecerán como significativos, estos últimos principalmente referentes a la afectación a la vegetación y consecuentemente a la fauna, por la pérdida de cobertura vegetal, fragmentación y efecto borde; para los cuales se establecerán medidas de compensación”, señala el documento.
Suárez Carrera les recomendó realizar las asambleas ejidales relacionadas con el tema con todas “las formalidades que sean requeridas, de tal manera, de que se haga un análisis exhaustivo de los puntos de orden del día, para que todo sea claro y favorable a los núcleos agrarios”.
El caso de El Peyote, al que ahora se suma el Ejido Peotillos, inaugura un nuevo modelo de negociación entre ejidatarios y empresarios, con la mediación de las autoridades, en la que se busca desterrar el avasallamiento empresarial confabulados con autoridades locales.
