Por Victoriano Martínez
Mientras los ejidatarios de El Peyote y Peotillos se mantienen firmes en un modelo de negociación sobre sus tierras para la autopista Peyote-Matehuala que privilegie una propuesta integral y sostenible que proteja el medio ambiente y un desarrollo social y económico en la zona, las señales desde una alianza gobierno estatal-empresa concesionaria apuntan al típico esquema de abuso empresarial.
Si con el presunto arranque de la construcción de la autopista Peyote-Matehuala hubo alguna intención de hacer creer a los ejidatarios de El Peyote y Peotillos que el proyecto avanza con o sin sus tierras, los destinatarios del mensaje no se dieron por aludidos.
Para los ejidatarios, especialmente los de El Peyote, el acto que presumió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, incluso con gacetillas en prensa, no cambia en nada la situación en la que se encuentran las negociaciones sobre las tierras que el proyecto requiere de sus ejidos.
El pasado 5 de agosto, José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de gobierno, se comprometió con Victor Suárez Carrera, Procurador Agrario Nacional, a que las negociaciones por las tierras ejidales para la autopista se darían con la participación de la los ejidos, la empresa, el gobierno Estatal y la propia Procuraduría Agraria.
Al final de la misma semana en la que se tomó ese acuerdo, desde el gobierno estatal se comenzó a operar para tratar de negociar directamente con los ejidatarios y no sólo hacer a un lado a la Procuraduría Agraria, sino también dejar fuera a los asesores jurídicos de los ejidatarios, especialmente a los que forman parte de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Una maniobra que avanzó en el caso del comisariado ejidal de El Peyote, aunque se tuvo que enfrentar a una asamblea ejidal firme en la postura de 400 pesos por metro cuadrado con opción a 200 pesos en efectivo y 200 pesos en obras sociales y de infraestructura. Una propuesta integral y sostenible que proteja el medio ambiente y un desarrollo social y económico en la zona, pues.
Aquella reunión terminó con la reunificación de la postura de los ejidatarios de El Peyote, quienes hoy no sólo han ignorado el presunto arranque de la construcción de la autopista, sino que se mantienen a la espera de ser convocados a las reuniones con las características pactadas el 5 de agosto.
Y para no llegar a tales encuentros sin avances en las propuestas, este martes entregaron una propuesta por escrito a Vicente Rangel Mancilla, director de Grupo Valoran, y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para dar una solución económica y social al tema.
Se trata de once propuestas que incluyen desde un pozo, pavimentación de calle principal, un equipo para manejo de residuos, espacios en parador turístico, bordos para captación de agua pluvial, un planteamiento integral y ambiental para remediación de impactos ambientales, a partir de las cuales se pueden ajustar costos y montos hasta llegar a un equilibrio entre las partes.
Una propuesta bajo un esquema en el que todos los acuerdos sean impulsados por la representación ejidal y las resoluciones finales se den sólo mediante votación de la asamblea. “No debe haber divisionismo y se debe apoyar al comisariado ejidal Severo Rosales”, así lo acordaron con la presencia de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Se trata de una propuesta que tiene fundamento jurídico en el Acuerdo por el que se establecen disposiciones administrativas relativas al desarrollo y la gestión social en proyectos de inversión de infraestructura carretera y ferroviaria, publicado en el Diario Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2022.
“El acuerdo de la representación ejidal es que contesten por escrito y de ahí convocar a asamblea para debatir la repuesta y que ahí este empresa, gobierno y Ejido, con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria”, expusieron activistas de Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
La propuesta presentada por los ejidatarios de El Peyote es una reacción a las maniobras con las que intentaron romper los acuerdos del 5 de agosto para reiniciar las negociaciones a partir de una oferta de 50 pesos por metro cuadrado.
Maniobras que, o no aplicaron en el caso del Ejido Peotillos o no pudieron aplicar ante la postura firme de Guillermo Zárate Cura, presidente del comisariado ejidal, quien –de acuerdo con testimonios en la asamblea de El Peyote– advirtió a la empresa que “si aquí no pagas lo que te pedimos, no pasas”.
Ambos ejidos están abiertos al diálogo en las condiciones planteadas en la reunión del 5 de agosto, pero al mismo tiempo alertas a cualquier maniobra –sea de la empresa o desde el gobierno del Estado– de incumplirlas, por lo que los tiene sin cuidado si se inició o no la construcción de la carretera que se supone cruzará sus tierras.
Lo que para ellos cuenta es seguir con el modelo de negociación que privilegie una propuesta integral y sostenible que proteja el medio ambiente y un desarrollo social y económico para sus comunidades y no que, por mucho que lo intenten gobierno estatal y empresa, se vuelva al esquema de abuso empresarial para despojarlos de sus tierras.
Lo que piden los ejidatarios de El Peyote y Peotillos es diálogo y solución. No tienen prisa por entregar sus tierras. Si no hay diálogo ni acuerdos, quienes tendrán que asumir las consecuencias serán el gobierno estatal y la empresa.
