Estela Ambriz Delgado
En relación al acuerdo tomado por las y los ejidatarios de El Peyote para negociar un mejor precio de la liberación del derecho de vía para un posterior proceso de expropiación con el objetivo de construir el proyecto carretero Entronque 75D Matehuala, así como un plan de remediación de la zona, Guardianes de la Sierra de San Miguelito expresó que la gente tiene claro lo que debe exigirse en este tipo de casos, y aquí se le da la vuelta al paradigma empresarial.
El colectivo destacó la relevancia de la decisión tomada el pasado 6 de junio por la asamblea en el ejido El Peyote, municipio de Guadalcázar, en la que se acordó buscar que Infraestructura Potosina de Carreteras, asociada a Mexicana de Técnicos y Autopistas (META), les paguen un mejor precio por la ocupación de sus tierras a través del apoyo del Gobierno Federal e instancias como la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Guardianes de la Sierra explicó que la negociación sería no para vender, sino para hacer un acuerdo de ocupación para la concesionaria y el gobierno; posteriormente realizar un trámite de expropiación que ya lleva un germen de negociación y de acuerdo, dado que para ese entonces el dinero se recibió y se ocupó el predio, por lo que ya se tiene la posesión.
Precisó que el tema de las ocupaciones es paradigmático, pues es un modelo que se ha utilizado en el país durante décadas para la construcción de infraestructura carretera, y desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la década de los 90, hizo que el tema fuera materia de concesión para que lo desarrollaran empresas.
“En el modelo que utilizan los grupos empresariales, primero hacen un análisis y reconocimiento del ejido o comunidad, y entran en contacto con los dirigentes y líderes, y los llevan a un proceso de acercamiento. Cuando ya tienen a los órganos de representación, la gente, bajo control, se convoca a las asambleas bajo un argumento irremediable de que hay que vender, porque ellos lo manejan como venta. El problema es que entonces en las asambleas el tema se reduce simplemente a cantidades, nunca a cómo se desglosan y cuál es el efecto ambiental y social que implican las carreteras”.
El colectivo advierte que normalmente lo anterior sucede y las personas se olvidan de todo lo demás, por lo que cuando alguien no está de acuerdo se enfrenta a una asamblea que a veces sólo quiere que le den el dinero, lo cual es lo idóneo para las empresas y lo propician al llevar un escenario en el que tienen el control social, las autoridades son omisas, el personal de la PA nunca asesora, y entonces la gente termina por aceptar.
Sin embargo, eso es sólo una parte, ya que a la hora de que se redacta el acta “trae todo lo que te puedas imaginar”, no nada más el precio a pagar, sino también convenios, contratos, facultades para extender el trazo.
Desde la convocatoria se observa en el orden del día más de diez acuerdos y finalmente sólo se toma uno; nunca se leen los contratos y los convenios ni se ve el tema ambiental, porque las empresas argumentan que lo verán ellos con el gobierno federal y se olvidan de los impactos ambientales.
“Lo que nosotros hemos planteado es el cambio radical de ese paradigma, darle la vuelta a ese esquema de negociación, que la gente ya lo ve como uso y costumbre, pero que es algo totalmente contra el medio ambiente y contra la integridad de los ejidos, por eso los empresarios se llenan de billetes y las carreteras se hacen como a ellos les da su gana, es un ganar y ganar, y la gente se queda ahí con sus cuantos pesos y en un dos por tres el dinero desaparece (…). Ya le dimos un giro en El Peyote porque ya hay una mentalización más clara de lo que debe de exigirse por este tipo de acuerdos”.
