Adriana Ochoa
La carretera federal 57, en su paso por Matehuala, es desde hace más de una década un escenario de sombras donde el Estado mexicano parece un espectador de piedra. El reciente secuestro de siete electricistas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una metástasis criminal profunda y persistente.
Matehuala no es simplemente otro punto rojo en el mapa de la violencia nacional; es un outlier en San Luis Potosí. Mientras en la Huasteca los grandes cárteles nacionales se disputan el territorio con estruendo, en el Altiplano reina un silencio sepulcral impuesto por un solo actor de alcances regionales, derivado de una escisión residual de otro.
Al cierre de esta semana, las autoridades neoleonesas reportaron la liberación de 7 trabajadores de la construcción que fueron privados de su libertad en un trayecto carretero entre los municipios de China y General Terán. El grupo delictivo se llevó aparte al contratista de los siete albañiles. La forma de operar, con secuestros masivos, es la misma que en Matehuala, en lindero con Nuevo León.
Esta organización de alcance regional ha logrado lo que pocos: una hegemonía casi absoluta sobre el asfalto y sobre una carretera que vertebra el transporte del centro al norte del país. No necesitan grandes batallas porque el control es estructural. Videos de traileros interceptados a pocos kilómetros de Matehuala muestran una impunidad que solo se explica mediante la complicidad institucional más básica.
El patrón de los “levantones” es quirúrgico. Ya sea contra decenas de pasajeros en autobús o contra técnicos especializados, el fin es operativo: reclutamiento forzado, extorsión o mantenimiento de la plaza. El grupo criminal actúa con la seguridad de quien sabe que la autoridad federal es menos que nula por incomparecencia y las locales son infiltrables.
La detención del secretario de Seguridad Pública municipal de Matehuala, reportado con el adicional de sustancias ilícitas en una patrulla oficial, confirma las versiones de infiltración. Sin embargo, aquí es donde la justicia se bifurca hacia la política. El gobernador Ricardo Gallardo enfiló baterías, con acusaciones que dan para dictamen penal adelantado, contra el alcalde panista de Matehuala.
Es innegable que la policía municipal de Matehuala padece putrefacción contumaz, pero el juicio anticipado del mandatario estatal enturbia la búsqueda de la verdad. Si existen pruebas concretas contra el edil, que hablen los tribunales y no los micrófonos en mítines y foros con clima preelectoral. La justicia que Matehuala y toda esa región reclaman no admite montajes ni linchamientos mediáticos.
Al inicio del año, un tráiler volcado a la altura de la localidad de Núñez, Guadalcázar, generó una fila kilométrica de automovilistas y transporte de carga. El cuento de siempre: una Guardia Nacional que no logra aprender la importancia de recuperar a la brevedad el tránsito carretero cuando hay accidentes, perdida en su incompetencia. Sin vigilancia, atrapados en fila a doble carril, varios automovilistas fueron blanco de asaltos a mano armada: los asaltantes salían de un punto a pie, encañonaban a conductor, despojaban y se retiraban tranquilamente hacia el monte y regresaban en otro punto para asaltar a otros. Una pesca segura de víctimas. Una docente, que viajaba con su madre, una adulta mayor, vio cómo asaltaban y despojaban al conductor delante de su vehículo: “Le quitaron todo; sólo recé porque no nos tocara. ¿Qué otra te queda?”.
La madrugada del 25 de enero, personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), encargado de la cobertura audiovisual de las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue interceptado y asaltado en la carretera 57, en un tramo del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Iban a un evento de la mandataria en aduanas de Tamaulipas. El gobierno estatal intentó negar el asalto y fue la FGR la que confirmó el hecho. El equipo de Cepropie se recuperó en un paraje a 28 kilómetros del lugar donde ocurrió el asalto, simplemente “abandonado”.
La realidad es una: los tres niveles de gobierno desaparecieron hace tiempo de esa región del Altiplano, de las carreteras federal y estatales que la atraviesan, y aún más de brechas y caminos. Para la narrativa oficial estatal, se trata más de someter a un adversario político que de desarticular la estructura que permite los secuestros masivos en un área entre al menos dos entidades.
Si hay algo sólido contra el alcalde de Matehuala, que se resuelva conforme a derecho, lo que incluye evitar dictámenes mediáticos de autoridades sin facultades para fiscalizar y enjuiciar. Todavía peor, hasta estúpido por las consecuencias que eso puede tener, que funcionarios estatales le envíen mensajes de amenaza de evidente sentido político. No mezclen, señores.
La solución más simple es también la más urgente: una purga estructural de la policía de Matehuala y un despliegue federal permanente. El acompañamiento federal tiene que mantenerse: las policías locales no sólo son fáciles de infiltrar con dinero sucio, también por miedo y ausencia de autoridad superior a quién recurrir. Con golpes y manotazos esporádicos nunca se va a romper la infiltración criminal.
Matehuala lleva décadas esperando seguridad, no propaganda. La repetición de mandos arrestados y desapariciones colectivas indica que el problema es sistémico. Mientras el gobierno estatal se enfoca en juicios sumarios contra opositores, la delincuencia organizada sigue siendo dueña absoluta de la ruta estratégica hacia el norte.
Para recuperar la Carretera 57 se necesita inteligencia federal y una limpieza que no distinga colores partidistas. De lo contrario, los operativos masivos seguirán siendo reacciones temporales que liberan víctimas, pero dejan intacto el mecanismo del terror. El Altiplano no merece ser el botín de un cártel ni el escenario de una venganza política.
ROLLOS SUELTOS
RUPTURA VERDE. Bastó que el diputado federal del PVEM Oscar Bautista Villegas hiciera público su interés de buscar la alcaldía de Rioverde, para que se le echara encima una andanada de acusaciones y descalificaciones de evidente factura: el alcalde de Rioverde, con registro también verde, proyecta a su esposa para sucederlo. Hasta una manta bien burda le dedicaron al ex priista en la partidizada marcha del 8M en Rioverde. Las feministas rioverdenses decidieron no participar este año precisamente por la apropiación que la municipalidad hizo de la marcha para controlarla y usar como arma política.
ENVIDIABLE. Mientras en San Luis Potosí el gobernador hace campaña adelantada con la oferta de “perdonar” deudas de agua a cambio de triunfos electorales, en Monterrey la presidenta Sheinbaum compromete ante empresarios un plan hídrico que garantice el abasto de agua de los siguientes veinte o treinta años. Los empresarios le propusieron invertir los impuestos de la venta de un gran corporativo regio para infraestructura hidráulica. Sí, nos queda muy lejos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
