Abelardo Medellín Pérez
En una cena de la temporada, un compañero narró la historia que (lamentablemente) muchos ciudadanos a lo largo del país comparten: un encuentro cercano con la autoridad donde una falta ciudadana se convierte en una amenaza transaccional amparada en el desconocimiento.
Tras estacionarse cerca de una esquina e invadir por un metro la línea amarrilla de dicho cruce, el policía de tránsito le informó al compañero que, por estacionarse en tal lugar, tendría que pagar una multa de “cerca de dos mil pesos”.
El compañero dijo haber aceptado la multa sin mayor problema, pues le habían dicho que, si pagaba la multa el mismo día, podría tener un descuento y pagar solo mil pesos.
Todo lo que mi compañero sabía hasta el momento de recibir su infracción era, por no decirlo de otra forma, impreciso.
En la capital potosina la multa por estacionarse en línea amarilla durante 2025 fue de alrededor de mil 130 pesos, y de acuerdo con los establecido en la Ley de Ingresos, puedes acceder a un descuento de hasta el 50 por ciento si pagas la multa durante los 20 días posteriores la infracción.
Ni eran dos mil pesos ni debía pagar el mismo día, ni sería de mil pesos el pago con descuento. ¿Cuántos otros ciudadanos no nos habremos visto alguna vez en esa tensa situación de tener que afrontar una multa en completa incertidumbre?
Todos los elementos para conocer el costo final de una multa de tránsito son evidentemente públicos, sin embargo, no son precisamente accesibles cuando se está en la situación de enfrentar un diálogo con la autoridad.
Para calcular una multa habría que conocer, en primer lugar, si la infracción existe dentro de la ley de ingresos del municipio donde se ocurrió la falta, misma que se publica en el Periódico Oficial del Estado (POE); luego, habría que conocer a cuántas Unidades de Medida y Actualización (UMA) asciende la infracción; y finalmente habría que multiplicar dicha cantidad por el valor de la UMA que se actualiza cada año el primer jueves de enero.
No es un proceso imposible ni ajeno a lo que cualquier de nosotros podría hacer con cinco minutos de búsqueda en línea, pero, ante una situación como la que planteo en su historia el compañero, queda claro que: o la autoridad tiende a mentir cuando se trata e informar a los ciudadanos sobre las infracciones de tránsito, o (aún peor) los elementos que tienen la potestad para multar, no conocen su propia ley.
Aquí no vamos a señalar los posibles conatos de corrupción, artificios del abuso o presuntas malas intenciones, tales vicios están ahí y no necesitan la experiencia anecdótica de un caso particular, cuando existe la vivencialidad colectiva de todos a quienes alguna vez nos detuvo la autoridad de tránsito.
Contra los vacíos de información y el inconveniente proceso para informarnos de estas infracciones, antes que más quejas, podríamos formular algunas soluciones, desde aquí, desde lo ciudadano y digital.
La propuesta de este espacio es un buscador simple de multas. Una base de datos organizada por número de infracción y que, a través de palabras clave permita buscar la supuesta falta que formule un agente de tránsito y al mismo tiempo ya contenga el monto aproximado de la multa y su costo con el descuento que contempla pagarla dentro de los 20 días posteriores al evento de tránsito.
El buscador lo presentamos a continuación y debajo de él podrás encontrar un enlace directo a la página de dicho buscador por si prefieres guardar el sitio web o compartirlo.
https://public.flourish.studio/visualisation/27129331/
Por ahora, este buscador aplica únicamente para el municipio de San Luis Potosí, pues el cálculo está hecho con la Ley de Ingresos del Ayuntamiento capitalino, pero este puede ser el primer esfuerzo de una serie de buscadores que ayuden a conocer con mayor rapidez, precisión y respaldo legal las implicaciones de una falta administrativa.
Una ciudadanía que no conoce las consecuencias de violar aquellas normas que establece la autoridad, siempre estará expuesta al desconocimiento o abuso de quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de dicha normativa.
Entonces tenemos dos opciones: nos quedamos con lo poco que produce la limitada visión de transparencia de la autoridad o generamos nuestras propias soluciones.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
