Por Victoriano Martínez
La urgencia por frenar la asamblea ejidal del próximo domingo en Corcovada para evitar “afectaciones irreversibles al entorno, al territorio y a los derechos colectivos de los ejidatarios” llegó al Congreso del Estado… y lo turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales para volver a tratarlo en el pleno la próxima semana, sin bien le va.
La calificación al presentar un punto de acuerdo como “de urgente y obvia resolución” es ya sólo un formulismo entre los diputados que poca atención ponen al contenido de lo que discuten y los reivindica como meros levanta dedos al servicio de intereses ajenos a quienes deben representar.
El punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Arreola Mallol tiene una fecha fatal, que es el próximo domingo 18 de mayo, por lo que turnarlo a la Comisión implica que volverá al pleno hasta la siguiente sesión convocada para el 20 de mayo, es decir, dos días después de la posibilidad de que se consumen las “afectaciones irreversibles”.
¿De verdad consideran posible que el próximo martes se apruebe el primer punto del acuerdo para pedirle al Tribunal Unitario Agrario que emita la medida cautelar de suspender la asamblea que se habría realizado dos días antes?
Si bien los 27 diputados ya no podrán sumarse a la urgencia de solicitar la suspensión de la asamblea, el hecho de que este martes se haya ventilado el caso en la sesión plenaria –con seis puntos adicionales– representa involucrar públicamente al Poder Legislativo en el caso con un potencial pronunciamiento que, sin la formalidad de un acuerdo aprobado por el pleno, pone en alerta a las autoridades a las que se dirige.
De paso, aunque el punto de acuerdo no incluye ningún exhorto al Poder Ejecutivo del Estado, la conformación de la Comisión de Puntos Constitucionales dejará ver la postura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a través de sus incondicionales tres diputados verde ecologistas: Héctor Serrano Cortés, Roxanna Hernández Ramírez y Dulcelina Sánchez De Lira.
Tres diputados de la comisión ya se pronunciaron sobre el punto de acuerdo: Jessica Gabriela López Torres y Crisógono Pérez López quienes se sumaron a la propuesta y el proponente Arreola Mallol, quien la preside. Sara Rocha Medina, la séptima integrante, podría ser la diputada que incline la decisión.
Se espera que este miércoles 14 de mayo sesione la Comisión de Puntos Constitucionales para dictaminar la propuesta de punto de acuerdo, en una reunión que resultará definitoria de las posturas de los legisladores autoproclamados ecologistas y fieles gallardistas, y la de la diputada priísta.
Un dictamen sometido a discusión que ya no logrará que el Congreso del Estado actúe “con urgencia para garantizar el principio de precaución ambiental, la legalidad agraria y el respeto a los derechos colectivos” como pidió Arreola Mallol, pero que no deja de tener el valor de ser emitido por parte de un organismo de representación ciudadana.
La inoportunidad con relación a la urgencia de frenar la asamblea ejidal del próximo domingo no le resta pertinencia a los otros seis puntos del acuerdo que describen la gravedad de lo que pasa en Corcovada y donde, según la propuesta, “aún es posible una intervención institucional eficaz que prevenga afectaciones irreversibles al entorno, al territorio y a los derechos colectivos de los ejidatarios”.
La advertencia es clara. El proyecto extractivista en Corcovada “implica una intención territorial concreta de transformación del uso del suelo, que conlleva la remoción de cobertura vegetal, modificación topográfica y consumo intensivo de recursos hídricos”.
El dictamen que emita hoy la Comisión de Puntos Constitucionales no podrá ser avalado por el pleno contra la irregular asamblea ejidal, pero sí pondrá a prueba al resto de los diputados para pronunciarse a favor de la protección ambiental, del territorio y de los derechos colectivos de los ejidatarios… o de la depredación que pretenden los inversionistas.
Estos son los siete exhortos que se incluyen en la propuesta de Punto de Acuerdo:
PRIMERO. Este Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorta respetuosamente al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito para que valore en forma expedita y objetiva, en el marco del juicio en curso, la procedencia en la concesión de la medida cautelar solicitada en defensa de los derechos agrarios y colectivos de los ejidatarios del Ejido Corcovada, y actúe conforme a derecho y con perspectiva social agraria.
SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría Agraria para que emita con carácter inmediato la opinión jurídica solicitada sobre la legalidad de la convocatoria de la Asamblea de fecha 4 de mayo de 2025, y adopte medidas preventivas en protección del patrimonio ejidal.
TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que suspenda temporalmente el procedimiento de resolución del Manifiesto de Impacto Ambiental 24SL2024MD033, hasta que se resuelvan los procedimientos legales agrarios en curso y se subsanen las omisiones hídricas y territoriales detectadas.
CUARTO. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a emitir un dictamen actualizado sobre la disponibilidad, vulnerabilidad y capacidad de recarga del acuífero Villa Hidalgo, como base para cualquier autorización de aprovechamiento industrial futuro.
QUINTO. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que practique inspecciones en la zona del Ejido Corcovada a fin de verificar posibles modificaciones del uso del suelo o daños ambientales sin autorización.
SEXTO. Se exhorta a Litio para México (LitioMx) a que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue la presencia de minerales estratégicos en el ejido Corcovada, valore si existe causa de intervención pública, y emita un pronunciamiento fundado sobre su competencia.
SÉPTIMO. Se exhorta al Ayuntamiento de Villa Hidalgo a revisar la compatibilidad de uso de suelo del polígono proyectado con su Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, y remita informe a este Congreso en un plazo de 15 días hábiles.
