Alejandro Rubín de Celis

Desde hace varios años, el cinismo y la desvergüenza se han vuelto la marca distintiva de la clase política nacional y local. Mentir a pesar de las evidencias claras de corrupción, impunidad y falta de transparencia y rendición de cuentas, que la ciudadanía conoce, se ha vuelto costumbre entre funcionarios públicos de alto nivel que tienen entre sus facultades disponer de recursos públicos en grandes cantidades y tomar decisiones que afectan a la sociedad.

Ahí están los casos de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la mansión de Luis Videgaray en Malinalco, la insultante riqueza amasada por Javier y Cesar Duarte, por la maestra Elba Esther Gordillo y por Carlos Romero Deschamps. Y en lo local, los casos de Enrique Flores, J. Guadalupe Torres, Manuel Barrera, Oscar Bautista (todos ellos asociados a la Ecuación Corrupta), Ricardo Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona, Héctor Mayorga Delgado (encubridor del desvío de recursos por mil 500 millones de pesos del exgobernador Marcelo de los Santos), los diputados asociados al fraude con recursos para ayudas sociales, y hasta el gobernador Juan Manuel Carreras, que suele mentir a través de su propaganda aunque la realidad lo desmienta.

Todos ellos han negado las acusaciones que, con suficientes evidencias, dan muestra de sus actos de corrupción o de que le han mentido a la sociedad para no ser alcanzados por la justicia, no perder sus privilegios o no cumplir con sus responsabilidades. No les ha importado que la opinión pública tenga muy claro lo que han hecho o lo que han dejado de hacer. En algunos casos ya no les importa ni siquiera que su imagen pública esté dañada o por los suelos, faltan a la verdad y casi se lo restriegan en la cara a los ciudadanos porque saben que los cubre el manto de la impunidad, aun cuando en contados casos hayan pisado la cárcel, pues saben que más temprano que tarde quedarán libres.               

A los recientes casos de descaro y desfachatez mostrados por el diputado Héctor Mendizábal sobre la ilegalidad y falta de tiempo para aprobar las Cuentas Públicas 2017, y por el secretario del Ayuntamiento, Ernesto Barajas, que niega ocultamiento de información a pesar de que hay pruebas fehacientes de  que la administración municipal no cumple con diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se suma ahora el cinismo del gobernador, Juan Manuel Carreras, que sostiene que “contra la corrupción, toda la voluntad y empeño” de su gobierno para combatirla.

Como suele hacerlo cuando quiere magnificar un hecho que aparentemente habla bien de su mandato, aunque en el fondo esconda la falta de voluntad para concretarlo, el mandatario estatal difundió en medios una gacetilla (nota pagada en la prensa) en la que aparece fotografiado con el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Efraín Arriola, y en la que asegura que su gobierno ha puesto “toda la voluntad y empeño” para combatir la corrupción en la entidad y que por ello ha puesto en marcha diversas medidas y acciones.

Además, presumió la creación de la Fiscalía Anticorrupción, una instancia que hasta el momento no ha servido para nada y que depende de una Fiscalía General cuyo titular fue impuesto por el propio gobernador, lo que constituye en sí mismo un acto de corrupción pues en los hechos esa Fiscalía y las que dependen de ella no cuentan con una auténtica independencia para realizar sus funciones. Un vicio de origen que lejos de garantizar un efectivo combate a la corrupción lo mediatiza e inhibe. Gatopardismo puro.

Hace casi dos años, en septiembre de 2016, el mandatario estatal presentó, con carácter preferente, una iniciativa para expedir las leyes estatales que dieran vida al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que los diputados no resolvieron con prontitud,  mientras que el Sistema se complementó hace apenas unos días con la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y el inicio de funciones del Comité Coordinador del SEA. En ese proceso no se mostró ni voluntad de los diputados para aprobar con celeridad las leyes respectivas, ni el gobernador mostró mayor interés porque se implementara con prontitud un combate efectivo a la corrupción. Con voluntad política y con una auténtica presión del Ejecutivo hacia el Legislativo, ese proceso podría haberse concretado en un año, seguramente.

Dice además en su boletín que él impulsó la eliminación de fuero. Nada más alejado de la realidad. La gente sabe que esa es una conquista de colectivos, activistas y agrupaciones de la sociedad civil que lucharon hasta conseguirla, algo que fue del conocimiento público,  y ahora el gobernador se quiere colgar la medallita.

También destaca en la gacetilla publicada en medios que él ha respaldado que su administración sea la más auditada de la historia del estado de San Luis Potosí. ¿Pues qué clase de auditorías ha respaldado (¿o manipulado con la complicidad de  diputados y de la Auditoría Superior del Estado?) para que en la Cuenta Pública 2017 sólo le auditen 5 mil 853.8 millones de pesos de los 49 mil 261.9 millones ejercidos el año pasado (sólo el 11.88 por ciento), según la Cuenta Pública de ese año publicada en el portal de transparencia del gobierno estatal (originalmente se le autorizaron 41 mil 580.8 mdp); y para que, del monto auditado, únicamente la hayan hecho observaciones financieras por 53.4 millones de pesos y que así la ASE declarara el “Dictamen Limpio” (página 151)?

Pero a final de cuentas, aunque le preocupa mucho su imagen, el hecho de que la ciudadanía sepa todo esto tiene al gobernador sin cuidado en el tema de fondo, pues sabe que tienen todo el manejo financiero de su administración bajo control, sin riesgo alguno de que la ASE o la Fiscalía General puedan fincarle alguna responsabilidad ante eventuales anomalías financieras, y eso le permite decir, con un cinismo inocultable, que “contra la corrupción, toda la voluntad y empeño” de su gobierno.