Por Eduardo Delgado
En diciembre de 2012, mucho antes de rendir protesta como miembro del Consejo de la Judicatura, Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, fue acusado de homicidio culposo; a la fecha, gracias al tráfico de influencias, conserva esa posición en el Poder Judicial del Estado y por si fuera poco, logró que le fuese revocada una orden de aprehensión girada en su contra, denunció Oscar Martínez Pérez, hermano del occiso.
El 22 de noviembre de ese año, el taxista Sergio Martínez Pérez fue arrollado junto con su unidad, por un automóvil conducido por el hasta entonces funcionario del órgano responsable de vigilar la correcta impartición de justicia en San Luis Potosí.
No obstante, en agosto de 2014, un año ocho meses después de que Oscar demandó el esclarecimiento de la muerte de su consanguíneo, Ponce Rodríguez resultó electo por mayoría, con 18 votos a su favor, para integrar el Consejo de la Judicatura en representación del Poder Legislativo.
La concesión y la unidad de alquiler es propiedad de María Guadalupe Leyva Gutiérrez, tía de Marina Nathaly Torres Leyva, esposa del difunto. El día del percance, el taxi se descompuso en el boulevard del Río Santiago, a la altura del cruce del puente Carlo Magno, sobre el carril vehicular por el que se desplaza el tráfico vehicular de poniente a oriente.
Mientras Sergio revisaba el motor, un Malibú en color blanco, modelo 2009, con placas VCJ 42-87, se impactó contra la parte trasera del taxi con número económico 1801. Ello aproximadamente a las 23:15 horas.
Cinco días después, Sergio murió en el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, al que ingresó con traumatismo craneoencefálico severo, pues encima le cayó el cofre de su unidad y además fue atropellado por su propia taxi.
La consorte de Sergio avisó a su suegro y a su cuñado del accidente, pero hasta el siguiente día del percance. Les dijo que fue atropellado, versión que les resultó sospechosa, refirió Ramón Díaz, vecino y amigo desde la infancia del occiso.
Informado por taxistas de lo acontecido, el 6 de diciembre de 2012 Oscar acusó a Ponce Rodríguez de homicidio culposo, ante el Ministerio Público, adscrito a Tránsito Municipal, José Pérez Saucedo.
Como resultado de investigaciones propias, Ramón obtuvo datos del coche del ahora Consejero de la Judicatura y fue localizado en un taller de hojalatería y pintura, de donde fue trasladado a una pensión, donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público.
El 18 de diciembre Ponce Rodríguez compareció ante el representante social para solicitarle la devolución de su vehículo. Pérez Saucedo le fijó una fianza de 350 mil pesos por homicidio por culpa y 50 mil por daños en las cosas.
Ramón Díaz estimó que durante la integración de la averiguación hubo dilación y múltiples anomalías, como por ejemplo que los agentes no detuvieron a Ponce Rodríguez y ni le fue practicado un examen de alcoholemia.
En el expediente obran testimonios de otro taxista y un trabajador de una agencia de viajes que pasaban por el lugar donde sucedió la colisión, que confirmaron la presencia de una persona a la que los agentes llamaban “licenciado”, y a quien escucharon realizar diversas llamadas a través de su dispositivo móvil.
Para corroborar que el “licenciado” era Ponce Rodríguez, a los testigos les pusieron a la vista la credencial de elector de este con sus datos ocultos y cuestionados de si era el individuo que vieron en el sitio, su respuesta fue afirmativa.
Según el Peritaje de Causalidad del Percance, suscrito por Fidel Hugo Bravo Galicia, Ponce Rodríguez “deja de observar el deber de cuidado que todo conductor debe respetar, para que todos los demás conductores circulen con seguridad y no toma precaución de la vía compartida”.
Casi un año después del accidente, en octubre de 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado concluyó la integración de la averiguación AP/PGJE/SLP/HT/I/1361/2012, y ejercitó acción penal contra Ponce Rodríguez, “como probable responsable de la comisión del delito de homicidio por culpa”.
A la par la esposa de Sergio compareció ante el Ministerio Público para otorgarle el perdón legal al acusado, luego de que recibió un cheque por un monto de 172 mil 513.60 pesos, expedido por la compañía ABA Seguros por concepto de indemnización.
Igual la concesionaria del coche de alquiler, en cuyo caso recibió 24 mil 360 pesos por concepto de pago de los daños ocasionados a su coche. A juicio de Oscar, su cuñada y la tía de ésta, accedieron al arreglo porque habrían sido amedrentadas.
No obstante, Oscar prosiguió el caso y en abril de 2014, gracias a un amparo, logró que la Procuraduría, encabezada por Miguel Ángel García Covarrubias, procediera a la ampliación de las indagatorias.
Dos meses después solicitó ejercitar acción penal, a lo que el Ministerio Público se negó por “no existir señalamiento directo de que el conductor del Malibú era Carlos Alejandro Ponce”, argumentó.
En julio de ese año, el Juzgado Sexto de Distrito le fijó un plazo a la Procuraduría para resolver y en agosto de 2014 –semanas antes de que Ponce Rodríguez resultó electo para integrar el Consejo de la Judicatura-, la titular del Juzgado Octavo del Ramo Penal, Lesbia Martínez Guzmán, negó la expedición de la orden de captura.
Oscar y sus abogados, Antonio Pérez Soldevilla y Mayra Alicia Figueroa Gallegos, refutaron la negativa de la jueza y el expediente fue remitido a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En diciembre de 2014, cuando Ponce Rodríguez se había incorporado al Consejo de la Judicatura, Sergio Manuel Rodríguez Ramírez, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia solicitó revocar la negativa a librar la orden para proceder a la detención del inculpado.
El 9 de enero de 2015, la Primera Sala, integrada por la magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero y los magistrados, Juan Paulo Almazán Cué y Arturo Morales Silva, confirmaron por unanimidad la negativa de la emisión de la orden de aprehensión
En desacuerdo con esa determinación en agosto del año pasado Oscar solicitó la revisión de la determinación del Primera Sala y a la fecha permanece en espera de la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito.
