Por Victoriano Martínez
Lejos de dar señales que pudieran indicar alguna recuperación del sistema estatal de fiscalización tras la crisis de credibilidad que enfrentó con la ecuación corrupta revelada en junio de 2017, lo que muestra es que cada vez le sale más caro a los potosinos conocer los montos en los que incurren los servidores públicos.
Para el 2020, el costo de esa información se propone que sea de 332 millones 35 mil 973.74 pesos para la Auditoría Superior del Estado (ASE) y, con el nuevo organismo vigilante del vigilante, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, 8.5 millones de pesos más
Más de 341 millones de pesos costará la operación del sistema de fiscalización cuya principal actividad será la revisión de las cuentas Públicas 2019. Un incremento del 18.89 por ciento contra lo asignado en la Ley del Presupuesto de Egresos 2019 a la ASE.
A la ASE se le asignó un presupuesto de 153 millones 744 mil 702 pesos en 2014. Comparado con el asignado para este año, el presupuesto de la ASE creció un 86.3 por ciento, y se busca que para el próximo año ese crecimiento, comparado con ese mismo año, sea del 115.97 por ciento. La ASE habrá más que duplicado su presupuesto en seis años.
Pero lo caro de la fiscalización no sólo resulta porque cada vez se le destine un monto mayor al aparato fiscalizador, sino porque cada vez se paga más por saber los montos de los recursos públicos que se aplican mal sin que existan sanciones a los responsables y, aun peor, sin que se recupere lo desviado. O al menos sin que se informe clara e integralmente sobre eso dos aspectos.
En 2014, saber que se aplicaron mal mil 438 millones 129 mil 339 pesos sólo en los ayuntamientos costó 153 millones 744 mil 702 pesos, en tanto que para 2018 (el año más reciente del que se tienen los resultados de la fiscalización realizada a las cuentas del año anterior), la ASE gastó 219 millones 736 mil 293 pesos y detectó irregularidades por 840 millones 174 mil 260 pesos.
Un balance posible indica que por cada peso que la ASE gastó en 2014 detectó irregularidades por 9.35 pesos en las cuentas del año anterior, en tanto que para 2018, por cada peso que gastó apenas encontró irregularidades por 3.82 pesos. (La variación de ese costo se puede consultar en la tabla al final de este texto)
O los servidores públicos de los ayuntamientos han sido cada vez más cuidadosos con la aplicación de los recursos públicos (lo que es poco probable dado el cinismo con el que cada vez se incurre en irregularidades), o la capacidad de la ASE ha decaído de tal suerte que para 2018 cada irregularidad detectada costó 2.45 veces lo que costaba en 2014.
La fiscalización es cada vez más costosa porque acapara un presupuesto que de 2014 a 2019 creció el 86.3 por ciento y se pretende que para el 2020 ese crecimiento sea de 115.97 por ciento con relación al mismo año.
Pero también es cada vez más cara porque, a pesar de ese crecimiento en el costo, sólo sirve para conocer montos de aplicaciones irregulares de recursos sin que se sepa de servidores públicos sancionados y, sobre todo, de recuperaciones de recursos que repercutan en resarcir los efectos negativos que necesariamente esa aplicación irregular tuvo en la administración pública.
Que de 2014 a 2020 el costo de la fiscalización se vaya más allá de duplicarse es apenas una propuesta. ¿Servirá para romper esa tradición de hacer saber que se aplicaron mal los recursos pero que no hay ninguna consecuencia para quien lo hizo, y ninguna recuperación de lo perdido? ¿Lo vale?
