Iraís Valenciano
La Real Academia Española (RAE) define la palabra “crimen” con dos acepciones, una de ellas: “Hecho censurable. Es un crimen tirar la comida cuando hay tanta gente muriendo de hambre”. Así, como un crimen, catalogó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra la cerrazón de Gobierno del Estado para cumplir con el compromiso de otorgar los recursos que le corresponden a una institución que durante 102 años ha formado a miles de profesionistas.
Del Instituto Científico y Literario, que después se convirtió en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresaron los poetas Manuel José Othón y Ramón López Velarde, además del escritor Agustín Vera y el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Valentín Gama, entre muchos otros personajes.
En las aulas de la UASLP estudiaron el exdirector de Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; el actual presidente de la División de Educación Superior de la Fundación Catar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad, Francisco Marmolejo; la colaboradora del Instituto de Astrobiología de la NASA, Antígona Segura y el prestigiado economista Rodolfo Tuirán Gutiérrez. (¿A cuántos de ellos ubican quienes ahora ocupan el Palacio de Gobierno?).
La UASLP ha sido semillero de grandes talentos, pero no se construyó por arte de magia. Ha crecido y se ha mantenido gracias a incontables personas, desde Rafael Nieto Compeán, Ignacio Morones Prieto y Salvador Nava Martínez, hasta las y los intendentes que todos los días mantienen limpios los espacios universitarios.
Hoy, la estabilidad de esa institución está en riesgo por la falta de voluntad política del gobierno estatal, según lo dicho por el rector el pasado viernes ante el Consejo Directivo Universitario.
Desde el inicio del sexenio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Ejecutivo estatal ha quedado a deber aportaciones a la UASLP. Entre el 2022 y el 2024, el adeudo sumó más de 511 millones de pesos. En esos años, el gobierno estatal echó mano de una pequeña nota incluida en el Anexo de Ejecución: “El cumplimiento de las ministraciones estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a las reservas y políticas de austeridad con base en la normativa aplicable”.
El Ejecutivo del Estado aprovechó esos renglones: argumentó “falta de disponibilidad presupuestaria”, incumplió su compromiso y los recursos no llegaron a la UASLP, que pese a la situación compleja, se las ingenió para cubrir sus compromisos financieros, así como los sueldos y prestaciones de su personal durante esos tres años.
Pero la cosa va para peor: tan solo en los primeros ocho meses del 2025, la deuda ya rebasó los 173 millones de pesos y podría llegar hasta los 300 millones, porque no se ve intención de pago por parte del gobierno estatal.
En el Anexo de Ejecución del 2025, la anotación de “sujeto a disponibilidad” ya no aparece. Si Gobierno del Estado no entrega los recursos, debe devolverlos a la Federación y eso, a juicio del rector, es un crimen.
¿Qué pretende hacer el gobierno estatal con la Universidad? ¿Manejarla a su antojo como ya hace con otras instituciones? ¿Cuál ha sido el destino de esos recursos que no ha entregado? ¿Sería distinta la actitud si el actual gobernador tuviera un título de la UASLP y no del Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia?
Si la apuesta del gobernador es la Universidad Rosario Castellanos, que no requiere un examen de admisión y cuya historia en San Luis Potosí empezó con polémica por el intento de “agandalle” de instalaciones, que lo haga, pero no a costa de una institución centenaria de resultados ya probados.
Resulta imposible pensar que una sociedad aspire a una mejor calidad de vida sumida en la ignorancia y la falta de preparación. Un tinaco, una despensa o un concierto gratuito no deberían pesar más que el acceso a la educación, la salud o la seguridad.
Pretextos para pichicatear los recursos brotan cual hongos, pero ninguno justifica que el gobierno estatal retenga ese dinero que viene de la Federación y que le corresponde única y exclusivamente a la UASLP. Peligroso, que quiera controlar a una institución autónoma como lo hace con Palacio de Gobierno.
El ninguneo gallardista no es solo para el rector o los directivos universitarios, también va para los más de 33 mil jóvenes que estudian en esa institución y para las casi tres mil personas que laboran en la Universidad.
El agravio alcanza además a todos aquellos profesionistas que hoy tienen un trabajo, una empresa o un negocio gracias a lo que aprendieron en la UASLP. Esa comunidad que está orgullosa de haber pertenecido a la institución que hoy se desdeña desde el poder.
¿Cuántos teatros del pueblo se podrían llenar si se unen todas las personas que de una u otra manera tienen o han tenido un vínculo con la UASLP?
El mensaje que el rector dirigió el viernes a la comunidad universitaria no es un drama, un berrinche, ni una historia trágica. Se trata de un llamado que, de no ser escuchado, desestabilizará a una de las más importantes instituciones de educación superior del país, con el riesgo de gobernabilidad que ello conlleva. ¿O acaso eso es justo lo que pretende el gobierno actual?
El exmandatario Juan Manuel Carreras López -a quien siempre ponen de ejemplo de la “herencia maldita”- entregó a la UASLP todas las aportaciones que le correspondían.
Ahora le toca a Gallardo Cardona decidir cómo quiere pasar a la historia: como el gobernador que cumplió sus compromisos, o como quien perpetró un crimen contra la educación.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
