Desiree Madrid
El Frente Marea Verde cuestionó las declaraciones hechas recientemente por Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres, quien en una entrevista aseguró que no es necesario trasladarse a la capital para acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE), pues, según su dicho, los servicios estarían disponibles en hospitales regionales y en instituciones como el IMSS.
El colectivo feminista sostuvo en un posicionamiento difundido en redes, que esas afirmaciones no corresponden a la realidad que enfrentan las mujeres y personas gestantes en las distintas regiones del estado. Según su posicionamiento, en la Huasteca Potosina —una de las zonas con mayores índices de marginación— apenas existe un hospital del IMSS habilitado para realizar el procedimiento, lo que contradice la idea de una cobertura amplia y cercana.
Marea Verde también advirtió que la cobertura en el IMSS está limitada a derechohabientes, por lo que se deja fuera a miles de mujeres en situación de informalidad laboral, indígenas o campesinas que no cuentan con seguridad social. Para estas poblaciones, el acceso a la ILE aún es casi imposible.
En contraste, Serrato Sánchez defendió que el derecho a decidir ya forma parte del marco normativo estatal y que es necesario difundirlo ampliamente.
“Hace falta que las jóvenes, las adolescentes, las mujeres de cualquier edad sepan que pueden tener ese derecho aquí en San Luis Potosí y acceder en cualquiera de los sistemas de salud”, declaró en entrevista, destacando que incluso el Hospital del Niño y la Mujer ha acompañado casos.
La funcionaria también llamó a evitar la “información basura” que circula en internet y a acudir a fuentes médicas confiables.
El Frente Marea Verde replicó que las redes feministas de acompañamiento han garantizado por más de una década información segura, guiadas por lineamientos federales y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Recordaron que la autogestión del aborto con medicamentos como misoprostol y mifepristona es reconocida internacionalmente como un método seguro hasta las 12 semanas de gestación. Por el contrario, en algunos hospitales del estado aún se realizan procedimientos obsoletos como el legrado uterino instrumental, desaconsejado desde hace más de 30 años.
Uno de los principales reclamos de las colectivas es la falta de información clara y accesible por parte del Gobierno del Estado. Denuncian que el portal oficial de Servicios de Salud solo remite a un mapa con una clínica en Rioverde y a dos documentos federales que no indican a dónde acudir en San Luis Potosí.
Esta ausencia, señalan, genera confusión, inseguridad y reproduce las mismas barreras que la despenalización buscaba eliminar.
El Frente Marea Verde llamó a la Secretaría de las Mujeres y a los Servicios de Salud a establecer un diálogo directo con redes de acompañamiento y a transparentar los hospitales que están habilitados, así como el personal y medicamentos que tienen disponibles.
También exigieron campañas públicas multilingües que alcancen a comunidades rurales e indígenas, así como el reconocimiento de la autogestión como práctica legítima.
“Un derecho sin información, sin infraestructura y sin medicamentos es un derecho que no puede ejercerse plenamente”, advirtió el colectivo en su posicionamiento.
Por último, reiteraron que seguirán denunciando las omisiones del Estado y defenderán el acceso efectivo al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio potosino.
