Por Victoriano Martínez
El rezago en el trámite de expedientes en el Poder Judicial del Estado es, sin duda, producto de contar con personal insuficiente para desahogar los casos, como señaló Lourdes Anahí Zarazúa, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, pero esa insuficiencia es a su vez efecto del poco interés gubernamental en atender ese tipo de situaciones.
El crecimiento demográfico necesariamente aumenta los requerimientos de todo tipo de servicios y las demandas de justicia no escapan de esa presión. Una circunstancia que no debería pasar inadvertida para el Poder Ejecutivo en su papel como definidor de las asignaciones en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Se trata además de una circunstancia a la que el propio Poder Judicial del Estado debería poner mucha más atención en cuanto a contar con estadísticas y proyecciones sobre el efecto demográfico en la carga laboral para reflejarlo en su propuesta de presupuesto anual y que éste no se defina sólo por la voluntad del Ejecutivo.
En los últimos ocho años, el presupuesto asignado legalmente al Poder Judicial aumentó en un 22.49 por ciento. No obstante, en ninguno de esos años se conoció la existencia de un análisis estadístico en el que se basara la determinación del incremento que se dio cada año.
Tan no hubo ese tipo de consideraciones al aumento en la demanda del servicio, que en los tres primeros años de este sexenio el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le asignó al Poder Judicial el mismo presupuesto que tuvo en 2021, el último asignado por Juan Manuel Carreras López: mil 321 millones 503 mil 84 pesos.
¿Por qué Carreras López determinó aumentar el presupuesto de mil 102 millones 92 mil 329 en 2018 a mil 234 millones 365 mil 119 pesos en 2019, es decir, un 12 por ciento más y, en cambio incrementarlo de mil 316 millones 503 mil 84 pesos en 2020 a mil 321 millones 503 mil 84 pesos en 2021, sólo un 0.38 por ciento?
Si hubo estudios y proyecciones del crecimiento de las necesidades del Poder Judicial en esas proporciones, no se conocieron ni se tienen registros de ellas.
Con Carreras López por lo menos hubo incrementos que podrían responder al aumento en los requerimientos del Poder Judicial para atender la demanda creciente. Pero para el caso de los presupuestos asignados por Gallardo Cardona para los años 2022, 2023 y 2024 el presupuesto del Poder Judicial se mantuvo congelado.
¿De verdad durante esos tres años los requerimientos del Poder Judicial fueron los mismos como si la población en el Estado no aumentara? ¿Y quienes encabezaron el Poder Judicial fueron incapaces de demostrar si se requería más presupuesto?
Hasta este año se le otorgó un aumento al presupuesto del Poder Judicial de apenas el 2.16 por ciento y para el 2026 (página 72), de acuerdo con la iniciativa, se le dará otro incremento del 1.62 por ciento. Aumentos marginales si se toma en cuenta el efecto en el rezago sobre el que habló Zarazúa.
Aunque el aumento en el presupuesto entre 2018 y 2025 fue del 22.49 por ciento, no se vio reflejado en un incremento de la plantilla laboral que contribuyera a disminuir el rezago, lo que implica que en ese periodo los gastos distintos a los servicios personales absorbieron la mayoría de los costos operativos del Poder Judicial.
De acuerdo con la información publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia, en 2018, el Poder Judicial comenzó con mil 497 empleados reportados en diciembre de 2017, de los cuales 53 eran jueces, en tanto que para octubre de este año la plantilla era de mil 427, de los cuales sólo 38 eran jueces. Una reducción de personal del 14 por ciento.
Cifras que marcan una tendencia al deterioro de la capacidad del Poder Judicial del Estado para atender sus obligaciones determinada desde el Ejecutivo, pero sin ningún esfuerzo por parte de los titulares de la administración de justicia por impedir que se afecte de esa manera el derecho de los habitantes del estado a la justicia.
