Por Victoriano Martínez
El rechazo por parte de la asamblea ejidal de El Peyote a las propuestas de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, del Grupo Valoran, para la aportación de parte de sus tierras al trazo de la autopista de cuota San Luis Potosí-Matehuala, tramo entronque 75D-Matehuala, comienza a reconfigurar las negociaciones empresarios-ejidatarios.
Cuando se convocó a los ejidatarios a una asamblea para el pasado 5 de abril, todo apuntaba al típico esquema de abuso empresarial en el que, por precio irrisorio que con cifras globales con más de seis ceros deslumbraban pero al momento del prorrateo el atractivo se diluía, los sorprenderían y en los hechos los despojarían de parte de su territorio.
La primera oferta fue de comprarles a 40 pesos el metro cuadrado por la ocupación previa, lo que representaría que, por las más de 29 hectáreas que les comprarían les pagarían más de 11 millones de pesos. Una cifra que impresiona pero que no deslumbró a los ejidatarios, quienes se percataron que lo que perderían sería mucho más que la superficie en juego.
Su territorio se vería fragmentado, tendría un efecto de segregación en el que se verían impedidos o cuando menos se dificultaría su desarrollo social y económico, además de que enfrentarían afectaciones de carácter ambiental.
En la asamblea iniciada el 5 de abril y concluida el 3 de mayo, los ejidatarios rechazaron la oferta de la empresa a pesar de que incrementó su ofrecimiento a 57 pesos por metro cuadrado. Hoy los ejidatarios mantienen su postura a pesar de que extraoficialmente se les han ofrecido 150 pesos por metro cuadrado.
Las presiones por parte de los operadores de la empresa, así como del gobierno del Estado, interesado en la autopista que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha publicitado por ser una concesión estatal otorgada por él, han provocado que los ejidatarios busquen apoyo para poder enfrentar esos embates.
El pasado miércoles 2 de julio, representantes del comisariado ejidal y un grupo de ejidatario de El Peyote participaron en una reunión con Victor Suárez Carrera, procurador Agrario Nacional, a quien solicitaron asesoría para no verse avasallados por los empresarios y el gobierno estatal.
“El acuerdo de la asamblea iniciada el 5 de abril y concluida el día 3 de mayo del 2025 fue no aceptar la propuesta económica y en su lugar buscar al Procurador Agrario y a las autoridades de SEMARNAT a efecto de buscar una alternativa pues la cuestión económica es algo relativo respecto al asunto ambiental y social”, exponen en su escrito entregado a Suárez Carrera.
En el documento, también marcado con atención a Pedro Álvarez Icaza Longoria, comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, solicitan que antes de aprobar la aportación de sus tierras se conozcan “todos y cada uno de los documentos que deberán firmarse para la ocupación previa y otros acuerdos, que se señalan en la convocatoria”.
Piden además poder acceder al expediente de la solicitud de manifestación impacto ambiental presentado por la empresa el pasado 11 de junio, ya que a la fecha no se ha publicado el documento íntegro ni se ha puesto a consulta.
Insisten en que por encima del acuerdo económico se debe poner una propuesta integral y sostenible que proteja el medio ambiente en la zona “promoviendo un desarrollo social, económico, ambientalmente sustentable mediante acciones de mitigación, acompañamiento comunitario, capacitación y proyectos productivos regenerativos”.
“Esto implica el apoyo del Gobierno Federal para una negociación económica con sustento ambiental y social, sobre la cual la asamblea determinó establecer 400 pesos m2 la cual puede ajustarse en función de la implementación del proyecto de desarrollo integral antes señalado”, les platearon a las autoridades federales.
En esa misma reunión Suárez Carrera les anunció que en las próximas semanas se organizará una reunión aquí en San Luis Potosí a la que convocarán a los empresarios y al gobernador del estado.
Será una reunión en la que se expongan las líneas de trabajo en materia de protección a la propiedad ejidal y comunal en general en el país, y establecer que los tiempos han cambiado y hoy la obligación del Gobierno Federal es respaldar, por ejemplo, a los ejidos como El Peyote en las demandas de protección de su territorio y preservación de su medio ambiente.
Sin proponérselo, pero al adoptar una defensa genuina de sus tierras y su integridad ambiental, el Ejido El Peyote –junto con el caso del Ejido Corcovada– se configura como un ejercicio piloto para poner en marcha en el país esquemas de defensa del territorio y revertir abusos empresariales que habían tenido como resultado el despojo de la propiedad social.
