Por Victoriano Martínez

Cuando el erario se vuelve botín, el servicio público apegado a la legalidad y enfocado a cumplir de la mejor manera los objetivos que más atiendan al interés común desaparece.

UNO. La Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado existe legalmente para vigilar que el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se sujete a lo establecido en las disposiciones legales aplicables y a los procesos de fiscalización desde junio de 2018, cuando se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Han pasado 14 meses, y la UEC sólo ha servido para exhibir la forma en que los diputados, tanto los de la anterior Legislatura como los actuales, la convirtieron en un instrumento de colocación para que sus allegados ocupen puestos que les den acceso al erario por remuneraciones, sin importar que cuenten con las competencias para realizar un trabajo adecuado.

Los actuales diputados han llevado a tal extremo su rebatinga por aprovecharse de la UEC para sus fines, que por lo pronto ya impidieron que en las principales etapas del proceso de fiscalización de las cuentas públicas de 2018, la ASE desarrollara su labor sin que se vigilara su desempeño.

Cuando parecía que ya habían logrado el reparto de las cinco direcciones con que contará la UEC, algunos diputados reactivaron la rebatinga y la ampliaron al resto del personal de la Unidad, en el que se disputan la colocación de 16 personas más.

El botín de la UEC cuenta con un presupuesto de 3 millones 700 mil pesos que se pretende ampliar a 7 millones 700 mil pesos para favorecer a más recomendados de los diputados… ¿moches incluidos?

DOS. El Poder Judicial de la Federación ha tenido que intervenir en tres ocasiones para hacer ver a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que su función es atender a las víctimas y aplicar medidas para la reparación integral del daño.

El pasado miércoles, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito concedió un amparo en el Caso Jair para que la CEEAV repare el daño de manera integral a los padres del joven asesinado en mayo de 2015 en Laguna de San Vicente.

La política confesada por Jorge Vega Arroyo, titular de la CEEAV, a José de Jesús Ortiz Cerda, víctima de despido injustificado como custodio del Consejo Tutelar para Menores, cuando le aseguró que “prefiere litigar las resoluciones en tribunales que enfrentar el pago de la reparación del daño, a mí me lo dijo”, ha resultado contraproducente para ese organismo.

Obligar a las víctimas a tener que contratar servicios jurídicos particulares a la larga ya provocó que la CEEAV deba incluir en la reparación del daño el pago de gastos y costas de los litigios, una erogación innecesaria, si se apegara a la legalidad.

Se ha acusado a la CEEAV de ser la caja chica de la Secretaría General de Gobierno y de desviar incluso sus recursos para campañas políticas, lo que también colocaría su presupuesto como un botín más para intereses ajenos a sus objetivos establecidos en la Ley.

TRES. Cuando el erario se maneja como botín, no sólo se desvía del objetivo para el que fue recaudado, sino que en el extremo de ese desvío, es utilizado para alimentar estrategias que buscan lograr nuevos cargos públicos que los lleven a mantenerse en posesión de ese botín. Los presuntos desvíos en la CEEAV a campañas son un caso.

Cuando menos dos ayuntamientos mantienen el reparto de paquetes escolares con mochilas que hace alusión a la gallardía, similares a los que en la capital del Estado provocaron que se le señalaran desvíos de recursos a Ricardo Gallardo Juárez para promoción personalizada.

En Soledad de Graciano Sánchez y en Tanquián de Escobedo continúa el reparto de mochilas con colores que comienzan a pasar del amarillo total a los entregados directamente por la gallardía con tonos vino y negro y con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, el del recién destapado a la gubernatura Ricardo Gallardo Cardona.

“San Luis Potosí es grande, pero llegaremos donde más necesiten de nosotros para ayudar en la economía en este regreso a clases ! Ánimo falta menos. #RGoficial”, escribió Gallardo Cardona en su cuenta de Facebook, e incluyó cuatro fotografías de niños con las mochilas del PVEM.

Una combinación de acciones, con recursos públicos involucrados, que no dejan lugar a dudas de que se trata de una campaña con miras a las elecciones de 2021.

Actividades que día a día se acumulan sin que haya un pronunciamiento por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que parece no existir en años no electorales. Lo que sí existe es un presupuesto para ese organismo por 163 millones 105 pesos “para cumplir con lo dispuesto por la Ley Electoral”.

Si esos recursos no se aplican para hacer cumplir la ley, se acercan también a ser un simple botín.