Por Edgardo Pérez Alvelais
Hay algo peor que un priista corrupto: un morenista incompetente. Así lo confirman el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó 14 muertos y 98 heridos; el incendio ocurrido en inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que provocó un saldo de 5 personas fallecidas; y alrededor de un 20% de las muertes en México relacionadas con la falta de atención médica oportuna o el desabasto de medicamentos en hospitales públicos del país.
La secretaria de Energía (SENER), de 2018 a 2023 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue Rocío Nahle García. La zacatecana gestionó la construcción de la refinería Dos Bocas que tuvo un costo total superior a los 20 mil 959 millones de dólares (más de 330 mil millones de pesos mexicanos) hasta 2025. Esta cifra representa más del doble del presupuesto original estimado inicialmente, evidenciando un sobrecosto significativo desde el anuncio del proyecto. AMLO la premió con la gubernatura de Veracruz.
En pleno inicio de la Semana Santa, las costas de Veracruz se encuentran actualmente afectadas por derrames de petróleo/hidrocarburos (chapapote). La contaminación ha tenido un impacto ambiental y turístico significativo, con reportes de playas y fauna afectadas a lo largo de más de 600 kilómetros de costa.
Mucha gente en México vive un verdadero infierno que supera con creces la película El Infierno (2010) de Luis Estrada y pinta de color de rosa las páginas de La Divina Comedia, escrita entre 1304 y 1321 por Dante Alighieri. Luego de un año de retrasos y postergaciones, finalmente la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el informe sobre la situación de personas desaparecidas en México, en el cual el gobierno reconoció oficialmente una cifra histórica de 132 mil 500 personas sin localización, siendo una de las crisis de derechos humanos más profundas del siglo XXI.
Tal informe del horror generó fuertes críticas de organizaciones civiles como Amnistía Internacional y el Centro Prodh. Ambas ONG´s acusan al gobierno de intentar “desaparecer” registros mediante una metodología de censo que reduce arbitrariamente el número de casos activos. Existen aproximadamente 72 mil cadáveres en servicios forenses o fosas comunes que no han sido identificados, reflejando una parálisis del sistema.
Desde julio de 2025, la Ciudad de México se reportó como un nuevo “epicentro” de desapariciones, superando en reportes semestrales a estados históricamente violentos como Sinaloa. Al 5 de septiembre de 2025, se registraron más de 1,100 menores hallados sin vida tras ser reportados como desaparecidos.
El informe de Amnistía Internacional de julio de 2025, titulado “Desaparecer otra vez”, destaca la doble victimización que sufren las mujeres (madres, hermanas, hijas) que buscan a sus familiares: Hay violencia institucional porque ellas enfrentan negligencia, amenazas y estigmatización por parte de las fiscalías. Al menos 9 estados registraron un aumento superior al 20% en desapariciones de niñas y mujeres entre 2024 y 2025 de acuerdo a un reporte el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
También hay un preocupante patrón de impunidad. La gran mayoría de los casos de desaparición nunca llegan a juicio, lo que alimenta la repetición del delito. Los informes señalan una mezcla letal entre el crimen organizado y la participación o aquiescencia de malos funcionarios públicos que le siguen dando la razón a Luis Donaldo Colosio Murrieta: “Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla, de hombres y mujeres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”.
“Ya cuando se descarrile será otro pedo”, esa fue la frase atribuida a Pedro Salazar Beltrán, primo de “Andy”, José Ramón y Gonzalo —hijos de Andrés Manuel López Obrador, dirigida a Amílcar Olán, en referencia a la venta de balastro de mala calidad en el Tren Maya que se ha salido de los rieles en varias ocasiones por fortuna -hasta ahora-, sin pérdida de vidas humanas.
No así el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya construcción y operación estuvo principalmente a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), bajo la dirección general de Raymundo Morales Ángeles. El Almirante fue premiado con la titularidad de la dependencia militar. Asimismo, Gonzalo López Beltrán, también hijo de AMLO, fungió como supervisor honorífico de la obra, según confirmó el propio exmandatario.
En el sexenio de AMLO también vivimos el infierno con la mala gestión de Hugo López-Gatell Ramírez como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante la pandemia de COVID-19. El negligente manejo de la pandemia por parte del “Dr. Muerte” costó la vida a cientos de miles de personas.
Informes como el de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, estimaron más de 800 mil muertes por la enfermedad, atribuyendo cerca de 300 mil fallecimientos a un mal manejo por parte del gobierno, describiéndolo como una tragedia prevenible.
López-Gatell fue criticado por declarar que 60 mil muertes serían un escenario “catastrófico”, cifra que fue superada por más del quíntuple en el registro final. En etapas tempranas, describió la enfermedad como de “baja virulencia” y desaconsejó el uso generalizado de cubrebocas en etapas cruciales, calificando su utilidad de “nula” o escasa, contradiciendo recomendaciones internacionales.
El entonces subsecretario de Salud argumentó que el presidente AMLO tenía la misma probabilidad de contagiar que cualquier otra persona y que, por su rol, “su impacto principal era ético y político más que biológico”. Esta frase se convirtió en uno de los momentos más criticados de su gestión, ya que fue interpretada por opositores y diversos sectores de la sociedad como una forma de anteponer la figura política del presidente sobre las recomendaciones científicas de distanciamiento social.
López-Gatell fue premiado como ministro en la Misión Permanente de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, Suiza. Percibe un salario mensual aproximado de 10 mil 365 euros, equivalente a unos 220,000 pesos mexicanos, además de contar con prestaciones de alto nivel en el extranjero como pago de renta de vivienda, gastos de instalación, guarderías y escuela para sus hijos.
Por algo Claudia Sheinbaum quería estar en las boletas de las elecciones intermedias del 2027 con la esperanza de que su buena calificación personal como presidenta ayudara a su partido Morena y bajara el cobro de factura a la 4T por tanta incompetencia y casos de corrupción que han costado muchas vidas. En su Plan B “descafeinado” le fue rechazada adelantar la consulta de revocación de mandato y su imagen no aparecerá. A ver cómo les va.
Otro de los fiascos populistas de AMLO es la famosa “Megafarmacia del Bienestar” en Huehuetoca, Estado de México. Es evidente que ha sido otro proyecto fallido de la 4T, operando a menos del 1% de su capacidad y dejando de surtir recetas directamente para convertirse en un almacén ordinario. Aunque el gobierno federal asegura que el abasto nacional está garantizado para 2026, los reportes en hospitales y centros de salud siguen señalando una escasez crítica de medicamentos esenciales.
Como muestra un botón. Aquí en San Luis Potosí, el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, sufre de falta de medicinas, instrumental y personal. Los testimonios de médicos residentes, pacientes y familiares son desgarradores. Por ejemplo, a los familiares de los nefrópatas -personas que padecen nefropatía (enfermedad o daño estructural en los riñones)-, les dicen que no tienen catéter -generalmente un tubo flexible de silicona o poliuretano-, que permite el acceso al cuerpo para limpiar la sangre en pacientes con insuficiencia renal.
Cada uno de esos dispositivos médicos cuestan alrededor de 2 mil 900 pesos y familiares de escasos recursos pasan las de Caín para tratar de conseguirlos. Un paciente nefrópata en etapa avanzada (insuficiencia renal crónica terminal) que requiere diálisis, generalmente opta por la hemodiálisis, la cual utiliza maquinaria especializada para filtrar la sangre. En el nosocomio solo funciona una máquina de las diez que antes operaban. 9 están descompuestas.
Cada vez es más común escuchar el tétrico sonido de las ruedas de una camilla metálica cuando arriba al lugar para recoger al muerto del día que no alcanzó a ser atendido por falta de catéter o máquina para hacer el procedimiento de limpieza de la sangre. Y no hablemos del desabasto de medicamentos oncológicos que ha contribuido a la muerte de aproximadamente 4 mil niños con cáncer en el país. Ni el mismo Dante Alighieri se imaginó ese infierno de llanto, dolor e incompetencia. La corrupción e incompetencia cuestan vidas. Se desconoce el lugar que les corresponde a los negligentes en los nueve círculos concéntricos donde se castigan pecados como la lujuria, la gula, la avaricia y, en el nivel más profundo, la traición…la traición al pueblo.
Simultáneas
– Más negligencias. Una de las características populistas de la 4T es que tiende a desaparecer instancias o dependencias públicas, que más o menos funcionaban bien, para sustituirlas por otras que simplemente son peores. En su sexenio, AMLO no solo desapareció el Seguro Popular que solventaba ese tipo de gastos médicos. Se sustituyó por el sistema IMSS-Bienestar que atraviesa una fase crítica marcada por la saturación, la falta de insumos básicos y cambios estructurales profundos que han generado incertidumbre sobre su futuro. Lo mismo pasó con la desaparecida Policía Federal de Caminos (PFC) que, con todo y sus vicios, vigilaba las carreteras del país que ahora son territorio de levantones, asaltos y asesinatos. Un ejemplo de lo anterior fue la muerte de la golfista y empresaria potosina Lidy Villalba de Heinze, el 17 de marzo de 2022, tras un incidente armado en los límites entre Jalisco y Zacatecas (específicamente cerca de Ojuelos, Jalisco). Ella regresaba de un torneo de golf en Guadalajara hacia San Luis Potosí en una camioneta blanca acompañada de amigos y escoltas. Según los informes oficiales iniciales, su vehículo se vio involucrado en una persecución y balacera tras presuntamente evadir un retén. En el fuego cruzado participaron elementos del Ejército Mexicano (SEDENA) y agentes de la Fiscalía de Jalisco. El caso no se inscribe en la estadística rutinaria de la violencia criminal que azota al país, sino en un terreno mucho más delicado: el de una acción armada del propio Estado que derivó en la pérdida de una vida civil y que, con el paso del tiempo, quedó envuelta en un silencio institucional difícil de justificar. Desde el inicio, los hechos obligaban a un escrutinio mayor.
– Cuando el Estado dispara y calla: la muerte que nunca tuvo explicación. No se trató de un ataque del crimen organizado ni de un asalto fallido, sino de una persecución en la que participaron corporaciones oficiales y elementos del Ejército, ocurrida en una franja territorial históricamente conflictiva, pero que no exime —precisamente por ello— el cumplimiento estricto de protocolos, reglas de uso de la fuerza y salvaguarda de civiles. El expediente fue atraído por la Fiscalía General de la República, reconocimiento implícito de que el caso rebasaba lo local y de que existían indicios de una actuación irregular. La judicialización inicial, incluida la vinculación a proceso de un elemento castrense, confirmó que no se trataba de una confusión trivial ni de un episodio inevitable en contexto de riesgo, sino de un hecho que ameritaba responsabilidades penales. Sin embargo, ahí se detuvo la narrativa pública. Nunca se ofreció una reconstrucción exhaustiva y cronológica que explicara quién ordenó la persecución, bajo qué criterios se consideró una amenaza, en qué momento se rompieron los protocolos y, sobre todo, por qué una operación contra civiles terminó con el uso de armamento de alto poder. La ausencia de esa explicación no es un vacío menor: es una omisión que erosiona la confianza en las instituciones encargadas de ejercer la fuerza legítima.
– Sin rendición de cuentas. Con el paso de los meses y luego de los años, el caso fue deslizándose fuera del radar mediático sin que existiera un cierre visible para la sociedad. No hubo una comunicación clara sobre sentencias, sanciones definitivas, responsabilidades jerárquicas ni reparación del daño. El mensaje implícito fue tan contundente como inquietante: cuando el Estado se equivoca gravemente, el tiempo y el silencio pueden convertirse en aliados. La gravedad del caso no reside únicamente en la muerte de una mujer reconocida en la vida social y deportiva de San Luis Potosí, sino en el precedente que deja la falta de rendición de cuentas. En un país donde se exige a diario que las fuerzas armadas y las corporaciones civiles actúen con firmeza, la legitimidad de esa exigencia depende de algo elemental: que cada bala disparada tenga una justificación transparente y que cada error tenga consecuencias visibles. Mientras esa explicación integral no exista, la muerte de Lidy Villalba seguirá siendo una herida abierta en la memoria pública, no como símbolo del caos criminal, sino como recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la responsabilidad institucional se diluye y el silencio termina ocupando el lugar de la verdad. Vuelvo a Dante: “Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí” (Canto III, v. 9) – La inscripción final en la puerta del Infierno.
¡Hasta el próximo lunes!
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UASLP. Comenzó como reportero en Canal 13 y para la revista Jaque. Dirigió Canal 9 de SLP y conoció de cerca el modelo de Radio Canadá en Montreal. Ocupó cargos de producción audiovisual, monitoreo, síntesis y análisis en Comunicación Social de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital. Fue ejecutivo de Proyectos Técnicos y Especiales del Centro Nacional de Supercómputo del IPICYT y en la iniciativa privada participó en Seguros ING y AXA. Actualmente se desempeña en el sector inmobiliario y es director de Ajedrez Político SLP. Twitter: @AlvelaisPerez.
