Por Victoriano Martínez
…y el informe anual de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) volvió a ser presentado al Congreso del Estado en un acto público y se difundió en su página de Internet el mismo día en que fue entregado al Legislativo.
En la próxima sesión del Congreso del Estado habrá de darse cuenta de la entrega del documento en el apartado de correspondencia y será turnado a comisiones para su análisis y el seguimiento al proceso que debe seguir, que incluye la comparecencia del presidente de la CEGAIP dentro de los próximos 30 días.
Tras dos años en que el documento no pasó por el Pleno de la Legislatura y fue difundido meses después del plazo legal para su entrega, hoy vuelve a estar disponible de forma expedita para los interesados en darle seguimiento a la situación en la que se encuentra el derecho de acceso a la información pública en el Estado… en la medida en que realmente el informe lo refleje.
Es decir, es de celebrar que desde este mismo lunes ya pueda ser consultado el informe correspondiente al 2022, pero no significa en automático que el documento atienda lo que sería una auténtica rendición de cuentas a la luz de las atribuciones que tiene el organismo garante de la transparencia.
Ocurre en todas las instancias gubernamentales y los organismos autónomos no suelen ser diferentes: se aprovechan los informes para tratar de exponer un panorama en el que se proyecten como funcionarios capaces de lograr buenos resultados, los atiborran de cifras sin ninguna valoración cualitativa…y de paso alimentan el ego con unas cuantas fotografías (64 en este caso).
Apenas el pasado viernes, el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no aprobó por mayoría calificada como habían acordado el informe que presentará hoy al Congreso del Estado su presidenta Giovanna Argüelles Moreno, justo por ser un compendio de acciones y números sin sentido sin hablar del cumplimiento de objetivos de promoción y protección de derechos humanos.
El de la CEGAIP resulta muy parecido y, a reserva de una revisión más detallada, en un primer repaso a las 157 páginas que lo conforman da la impresión de que su extensión se amplió de manera artificial al desglosar datos de años anteriores, incluir el largo listado de sujetos obligados y enlistar extensamente calificaciones a sujetos obligados sin explicación sobre lo que eso representa.
Un ejemplo. ¿Qué efecto tuvo en un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información pública el hecho de que se hayan realizado 159 capacitaciones con 5 mil 605 participantes? ¿Impactó en un mejor cumplimiento de las obligaciones de transparencia? ¿Se reflejó en un aumento en las solicitudes de información y en mejores respuestas para bajar el índice de quejas?
La Ley enumera 46 actividades que debe realizar la CEGAIP y resulta evidente que, de acuerdo con el informe, son más sobre las que no rinde cuentas que sobre aquellas de las que presentan datos sueltos en el documento sin valorar el cumplimiento de la obligación legal que reportan.
Estos son algunos ejemplos de omisiones que resultan relevantes para el cumplimiento de sus obligaciones que repercutan en un avance favorable en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia gubernamental, tomados del artículo 34 de la Ley de Transparencia:
No reporta ejercicios de interpretación y aplicación de las disposiciones de la Ley que pudieron haber quedado plasmados en criterios que normarían y homologarían su aplicación para garantizar de mejor manera el derecho a la población (frac. I).
No justifican por qué no se ha nombrado al responsable del Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA) (frac. V). Peor aún, en el directorio que presentan en las primeras páginas del documento ni siquiera lo mencionan, como si no existiera, aunque en el organigrama (página 153) sí aparece.
Si omiten informar sobre el nombramiento del responsable del SEDA, menos dan cuenta de informe que esa área debió presentarles desde el mes de septiembre y de su integración al informe anual de la Comisión (frac. VI).
No mencionan la elaboración de un solo estudio, una investigación o una publicación que hayan realizado para ampliar el conocimiento en materia de derecho de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, archivos y demás temas relacionados con su materia (frac. X).
Hasta tienen la facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad (frac. XXXVII) y no lo han hecho a pesar de que en las leyes de ingresos de los municipios aún hay disparidad en el cobro de copias simples (en Villa de Reyes cuestan 9.60 pesos) y las certificadas tienen tarifas tan dispares que van de los 50 centavos a los 481.10 pesos por foja.
Una facultad que tiene como antecedente que mejor lo hizo en una ocasión la CEDH, que no es garante especializado, con tal efectividad que en 2018 el Congreso del Estado homologó la tarifa de las copias simples a un peso y la de las certificadas a dos pesos.
Larga es la lista de las omisiones en la rendición de cuentas en el informe 2022 de la CEGAIP, y esos ejemplos dan cuenta de ello. Pero ya se tuvo un avance: volvió a ser presentado al Congreso del Estado en un acto público y se difundió en su página de Internet el mismo día en que fue entregado.
