Adriana Ochoa
Un hombre de traje, con máscara de cerdo y montado con pretendida prestancia sobre un caballito balancín de madera. La obra, de la artista plástica Rocío Caballero, no podía tener un título más atinado: “La soberbia”. Se la topaba uno en un rincón, como parte de una exposición en el centro cultural universitario de las Cajas Reales.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calador de caballos y entusiasta de la charrería, ha escenificado una súbita caída del corcel al que se montó camino a la conveniencia política. Tras impulsar un andamiaje legal y sabidamente inconstitucional que favorecía el proyecto de su esposa como candidata a sucederlo, ahora activa su facultad de veto. La maniobra de vuelta atrás no es más que un ejercicio de control de daños ante una ley asediada por el descrédito público y la desaprobación de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
El gobernador alude a la “incertidumbre jurídica” para frenar la exclusividad femenina en 2027. Argumenta que una restricción absoluta violenta el derecho constitucional a ser votado. Es el equilibrismo de quien descubre la Constitución solo cuando el andamiaje de su “Ley Esposa” empieza a crujir bajo el peso de la opinión y el poder presidencial al que retó. No fue detalle menor imponer su proyecto local a la reforma antinepotista de la mandataria, encaramado sobre la plana legislativa del Verde y un morenismo insurrecto.
La propuesta de diferir la alternancia de género hasta el lejano 2033 es el corazón de su estrategia de supervivencia. Al mandatario potosino no lo tumbó del caballo el rayo de la ética, sino el realismo político. Su veto intenta transmutar una retirada forzosa en un compromiso progresivo, intentando salvar la cara.
Gallardo invoca también en su veto enviado al Congreso la autodeterminación de los partidos para justificar su marcha atrás legislativa. En este teatro de sombras, el poder utiliza la ley para protegerse de sus propios excesos. Con un poder concentrado, el control absoluto de su partido en el estado y sin oposición articulada que le preocupe, el campanilismo político le cortó el campo de visión.
Es de sabios cambiar de opinión, pero este gobernante difícilmente atiende un criterio local, del tamaño y procedencia que fuere, si no coincide con sus proyectos. Pero una cosa es el control del feudo y otra imponer su interés más allá de la frontera de San Luis Potosí. Si da vuelta en U ahora es por un factor externo que no le dejó otra opción. Y para salvar la cara, su aparato de propaganda culpa al Consejo Estatal Electoral, por sus propuestas obsequiosas, y a los diputados que votaron a favor, verdes, petistas, tricolores, panistas y naranjas, por ser más facilitos que la tabla del dos.
Si el líder de la cámara local Héctor Serrano pisaba elogios en la comentocracia decembrina, como la estrella gallardista que remolcó la “Ley Esposa” hasta su triunfal aprobación, ahora que cargue las pringas de ese disparate legislativo.
En algún momento de convivencia informal con rectores de universidades públicas, invitado como orador al 103 aniversario de la UASLP, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, desgranó una conclusión serena y abstracta que aplica en materia de atropellos y despliegues autoritarios: Los gobernantes chiquitos suelen creer que lo pueden todo.
Tiene razón.
ROLLOS SUELTOS
DEFENSA UNIVERSITARIA. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa es un retrato nítido de un despropósito institucional que buscó el sometimiento de esa casa de estudios y encontró en los tribunales tres golpes de bumerán. Los directores de Derecho en los campus de Culiacán y Mazatlán llevaron los litigios y obtuvieron criterios indudables de los juzgadores. Los explicaron ante universitarios y funcionarios locales invitados a los conversatorios sobre autonomía, fiscalización y presupuesto que organizó la UASLP.
EL ESPEJO. El intento del Gobierno de Sinaloa por auditar los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) terminó en un sonoro naufragio jurídico. La justicia federal le puso un alto a la pretensión de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) de intervenir en recursos autogenerados que, por su naturaleza, escapan a su competencia fiscalizadora. Ni la Auditoría Federal, ni las estatales, tienen competencia sobre los recursos que las universidades autónomas generan por sí mismas. Tres jueces y un tribunal batearon allá la misma pretensión del instituto fiscalizador estatal potosino. Y uno de los magistrados, el más puntual con el tema de la universidad sinaloense, es egresado de la Facultad de Derecho de la UASLP, Alfredo López Cruz.
SE LES VOLTEÓ. El órgano fiscalizador sinaloense y la fiscalía estatal pretendían vincular a proceso al rector de la UAS y al jurídico por no permitir la auditoría a recursos propios. Los acusaron de abuso de autoridad. Jueces y magistrados se las reviraron: los abusivos fueron los acusadores. Negar el acceso a los auditores estatales sobre recursos que no les corresponde revisar no es un delito; es una salvaguarda constitucional. Se pretendió criminalizar la defensa de la autonomía, utilizando el código penal como un manual de instrucciones para la represalia política.
“NO ES EMPLEADO”. El tercer hit jurídico fue la intención de llevar al rector de la autónoma sinaloense, Jesús Madueña Molina, a “rendir cuentas” ante el Congreso de este estado. De nuevo la justicia federal los paró en seco: un rector de una universidad autónoma no es empleado del gobierno estatal y no tiene por qué comportarse como subordinado de un gobierno.
CUALQUIER PARECIDO. Con todo y que el gobernador de Sinaloa es un duro, perdidos los tres temas con la UAS, la relación se recuperó. Y eso que allá Radio UAS y la comunidad universitaria le dio en medios de manera libérrima. Se colige entonces que nuestro gobierno local es más autoritario, nuestro Congreso más ignorante y el IFSE local un simple instrumento de represión y sometimiento.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
