Por Victoriano Martínez
Por primera vez en este sexenio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona cumplió el Anexo de Ejecución que se firma al inicio de cada año para cumplir con el Convenio Marco de Colaboración entre la Federación y el Estado para entregar financiamiento a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
De 2022 a 2024, Gallardo Cardona demostró que firmó el Convenio de Ejecución sin intención de cumplirlo y fue hasta este 2025 cuando el riesgo de paralización de la UASLP por su irresponsabilidad financiera se convirtió en una presión que terminó por obligarlo a cumplir.
La falta de intención por cumplir con los convenios de ejecución no sólo está en la falta de reacción a los señalamientos públicos en la omisión de la entrega de los recursos, sino en la maquinación de una presunta buena voluntad por evitar que en 2026 se repita la historia de una crisis que amenazó la operación de la UASLP para hacer responsable a la propia Universidad de no colaborar con esa previsión.
En la iniciativa de Presupuesto de Egresos 2026, Gallardo Cardona aumentó la asignación del presupuesto a la UASLP de 300 millones de pesos a 506 millones 155 mil 546 pesos como señal de esa buena voluntad para evitar la repetición de la crisis.
El duelo de sillas vacías entre el Congreso del Estado y la UASLP poca intención tuvo para analizar la situación y más bien fue un montaje en el que los diputados le harían una emboscada de cuestionamientos al rector Alejandro Zermeño Guerra, en tanto que la UASLP se anticipó para poner a prueba la voluntad de real revisión presupuestal por parte de los legisladores.
El caso es que el episodio de los desencuentros programados resultó el pretexto para que los diputados se limitaran a incrementar la asignación de 300 millones a 320 millones de pesos. Y hasta se proclamaron bondadosos porque autorizaron un aumento a pesar del “desaire” del rector a su convocatoria.
Convocar al rector no sólo fue una invitación atípica por parte de los legisladores, quienes no citaron a ninguna otra universidad con financiamiento estatal, sino que se trató de un encuentro totalmente innecesario por contar con los elementos de análisis para determinar una previsión presupuestal para la UASLP.
De entrada, dos datos sobresalen de las cláusulas del Convenio Marco de Colaboración: (1) el objetivo es que con el tiempo las aportaciones federales y estatales sean iguales, es decir, que cada uno aporte el 50 por ciento, y (2) el porcentaje de aportación federal no puede aumentar de un año a otro, es decir, el Estado cada vez debe aportar más.
El efecto de esas dos condiciones establecidas en la segunda cláusula es que la aportación estatal siempre habrá de incrementarse en un porcentaje mayor a la federal, y no ha habido año en el que el monto absoluto no se haya incrementado. Necesariamente para 2026 la UASLP deberá contar con una aportación estatal superior a la de este año.
La aportación federal se ha incrementado en 3.95 por ciento anual en promedio. Eso significaría que la aportación federal se aumentaría para 2026 a un aproximado de 2 mil 581 millones 640 mil 384 pesos.
En 2025, el porcentaje de aportación federal fue el 83.07 por ciento en tanto que ha disminuido en promedio 1.12 puntos porcentuales al año. En consecuencia, los 2 mil 581 millones 640 mil 384 pesos representan el 81.95 por ciento de la suma de la aportación federal y estatal, lo que deja al Estado una aportación equivalente al 18.05 por ciento que representa 539 millones 640 mil 142.26 pesos.
El responsable estatal para el cumplimiento del Convenio Marco es Gallardo Cardona y se podría decir que en su propuesta de presupuesto estableció, por primera vez para 2026, una cifra cercana a la que las condiciones establecidas arroja.
Como firmante del Anexo de Ejecución anual el mandatario está más obligado incluso que la UASLP de aclararle eso a los diputados, pero además el convenio es de acceso público y bastaría que los diputados lo leyeran para poder definir el presupuesto para la Universidad. Quizá así lo hagan con otras universidades estatales que cuentan con un convenio similar.
Son parte de las razones por las que la UASLP tiene razón en establecer un presupuesto para 2026 en el que contempla una aportación estatal cuando menos similar a la establecida en el convenio de ejecución de este año, con la certeza de que para el próximo necesariamente tiene que aumentar.
A todas luces los diputados no necesitaban la pretendida reunión con el rector, salvo para una especie de desquite oficioso (¿o por encargo?) porque finalmente el gobernador se vio obligado a pagar una deuda que había declarado inexistente.
Por lo pronto, en el presupuesto estatal aprobado por el Congreso del Estado volvió a quedar sembrada la posibilidad de que en 2026 se repita la entrega incompleta de recursos a la UASLP…
