Por Victoriano Martínez
Desde que el gobernador Ricardo Gallarco Cardona denunció que detrás de la venta de agua potable a través pipas hay toda una logística a cargo de la maldita herencia que provoca de manera ficticia la escasez para volver redituable el negocio, la situación sigue igual y el propio mandatario no toma las medias a las que está obligado por Ley.
“Tenemos colonias completas donde no les dan un litro de agua. Porque su negocio de la maldita herencia es vender pipas de agua. Entonces no les conviene que tengan agua. Porque si les dan agua, ya no van a vender pipas”, declaró ante vecinos durante su intervención pública”, dijo Gallardo Cardona el 3 de marzo.
Dos días después, insistió: “Todas las colonias tienen denuncias de la venta de agua con las pipas, de cómo se les deja sin agua, y a los dos días ya están las pipas haciendo su negocio buscando, obviamente, llevar un beneficio para sus bolsillos”.
De poco sirvió el señalamiento público en el sentido de que la autoridad responsable de la regulación del negocio de las pipas es él mismo a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), conforme a la Ley de Aguas del Estado.
Gallardo Cardona guardó silencio sobre su denuncia, pero tampoco hizo nada para cumplir con las obligaciones que le marca la Ley de Aguas del Estado para expedir las autorizaciones a las pipas, generar un padrón de los particulares que presten ese servicio y, sobre todo, para establecer los límites superiores de los precios de esa agua.
Tan poco interés ha mostrado en verdaderamente apoyar la economía de las familias que padecen ese servicio propiciado por la perversidad de la maldita herencia, que queda exhibido que su intención nada tiene que ver con resolver el problema sino con algo que le gusta señalar en posición de víctima: guerra sucia con ataques infundados.
La posibilidad de la manipulación de la escasez en el servicio de agua no deja de ser posible y con los fines perversos que señala, pero al ser el responsable de la regulación de ese servicio, Gallardo Cardona resulta el menos indicado para hacer la denuncia por estar en sus manos el poder evitarlo y lleva mil 667 días sin hacerlo.
Sí, desde hace mil 667 días pudo pedir a la CEA controlar la autorización de los permisos para que las pipas pudieran vender agua, desde entonces pudo contar con la lista de los piperos y hasta de la fuente de abastecimiento de agua que utilizan, pero sobre todo establecer los límites superiores de los precios de esa agua.
Aun si se trata de una omisión por ignorancia, resulta especialmente grave por tratarse de un derecho humano (al agua) y, por lo tanto, prioritario dentro de sus funciones. Durante mil 667 días ha incumplido su obligación de regular lo que hoy denuncia como negocio ilícito y no da señales de que en los 523 días que le quedan como gobernador la pretenda cumplir.
El pasado jueves el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Estatal del Agua a un cumplimiento parcial de las obligaciones incumplidas por el gobierno de Gallardo Cardona: el establecimiento del precio máximo y la supervisión sobre su cumplimiento por parte de los piperos.
“La publicación de estos precios en medios oficiales y de fácil consulta fomentará la transparencia, la rendición de cuentas y la protección al consumidor, al mismo tiempo que brinda herramientas a la población para denunciar incumplimientos y posibles prácticas abusivas”, señala la exposición de motivos (página 203).
El caso es que omitieron en su exhorto que se cumpliera con la parte de las autorizaciones y la elaboración del padrón de piperos con sus datos generales y fuente de abastecimiento autorizada. Hacerlo público ayudaría a los usuarios a verificar que compran agua con pipas autorizadas, fuente legal del agua y a precios controlados.
Todo lo que Gallardo Cardona denuncia que está ausente en el negocio y que como titular del Poder Ejecutivo está obligado a realizar, pero que no muestra intenciones de hacerlo, cuya responsabilidad los diputados buscan atenuar con un exhorto en el que omiten mencionarlo.
