Por Victoriano Martínez
La urgencia que en septiembre pasado tenía la creación del Sistema Estatal Anticorrupción desapareció con tal parsimonia que, entre el momento en que el gobernador Juan Manuel Carreras López manifestó su acuerdo en retirar el carácter preferente a las iniciativas y la recepción de tal oficio en comisiones, pasaron 70 días.
El artículo 70 de la Constitución Política del Estado establece un plazo de 45 días para que las iniciativas preferentes sean dictaminadas. Para el caso, el plazo venció el 13 de noviembre de 2016 sin que se notificara en el Pleno el cambio en la circunstancia del cambio en el carácter preferente de las iniciativas.
Fue hasta el 19 de diciembre de 2016 cuando, en sesión de la Diputación Permanente, se dio cuenta de un oficio de Carreras López fechado el 31 de octubre, en el que da respuesta a un oficio de la Directiva del Congreso en el que le solicitan retirar el carácter preferente a las iniciativas relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción.
“No tengo inconveniente alguno en que se retire el carácter de preferente a la iniciativa de marras, a fin de que esa Legislatura cuente con el tiempo razonable para el análisis y discusión del contenido de las distintas normas jurídicas que lo conforman.
“No omito subrayar sin embargo la importancia y trascendencia del tema que nos ocupa, dado el interés que la ciudadanía tiene en que se cuente con las instituciones y órganos que permitan un eficiente combate a la corrupción; aunado a que la entidad debe, por mandato de la Constitución General de la República, adecuar su marco legal para dar vida jurídica al Sistema Estatal Anticorrupción que es parte integral del Sistema Nacional y que debe estar en funcionamiento en julio de 2017”, señala el oficio sin número firmado por Carreras López.
A pesar de la urgencia que da la Constitución para la resolución de las iniciativas preferentes, el Congreso del Estado omitió reportar al Pleno la comunicación recibida del gobernador el 31 de octubre, en la sesión del 17 de noviembre cuando, de acuerdo a la Constitución, debió tratarse como la resolución de tales iniciativas.
Fue sino hasta el 19 de diciembre, en sesión de la Diputación Permanente, que “se dio cuenta de oficio s/n, gobernador constitucional del Estado, 31 de octubre del año en curso, manifiesta no tener inconveniente de retirar carácter de preferente a iniciativa que presentó sobre ordenamientos que conforman el sistema anticorrupción local”.
En esos términos lo comunica la directiva de la Diputación Permanente a las comisiones a las que se envió, mediante el Turno 3059, de fecha 19 de diciembre, pero recibido, al menos por Oscar Bautista Villegas, presidente de la Comisión de Gobernación, hasta el 9 de enero de este año.
