Alejandro Rubín de Celis

Entre los múltiples impactos negativos que causaría la aprobación para que se urbanice una porción más de la Sierra de San Miguelito ─ya se han construido cientos de hectáreas desde hace más de 20 años─ está el de padecer nuevas y abundantes inundaciones en la ciudad de San Luis Potosí, debido a que los escurrimientos de agua de lluvia encontrarían su cauce en los nuevos desarrollos inmobiliarios para desembocar en calles y avenidas de la zona urbana, principalmente del sur y del poniente.

Si se recuerda la torrencial lluvia de aquel 26 de agosto de 2016 que colapsó la ciudad al inundar calles y avenidas arrastrando todo a su paso, incluidos vehículos y personas, muchas de las cuales vieron en riesgo su integridad física y hasta su vida ─una persona en la lateral de la avenida Salvador Nava estuvo en peligro de ser atropellada por un autobús de pasajeros al ser arrastrada por la corriente─, las cosas podrían ser aun peores y las inundaciones más caudalosas y frecuentes abarcando mayores zonas de la ciudad.

En respuesta a múltiples planteamientos y opiniones ciudadanas para evitar que se urbanice otra parte de la sierra, en el marco de la consulta pública para actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Territorial y Urbano (PMDTU) y de Desarrollo de Centro de Población (PMDCP), el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) reconoce que en la parte baja de la sierra hay una porción de tierra que es urbanizable y que fungirá como zona de transición “con el propósito de revertir los efectos negativos de los escurrimientos de la Sierra de San Miguelito hacia la ciudad y generar infraestructura de protección y prevención de futuros riesgos”, y añade que “para su desarrollo se deberán realizar los estudios técnicos, los proyectos ejecutivos y construida la totalidad de la infraestructura necesaria que en este caso incluye un sistema de protección contra inundaciones para contener, conducir y reservar el agua de lluvia…”. Señala también que el costo de la infraestructura correrá a cargo de los desarrolladores.

Cualquiera que lea estas citas y estos compromisos puede considerar como razonable el planteamiento de la autoridad a no ser porque experiencias anteriores revelan cómo la narrativa oficial y la ley acaban siendo mera simulación.

El 31 de julio del año 2000, el Cabildo de la capital aprobó el cambio de uso de suelo en 737 hectáreas con el que se autorizaba el proyecto inmobiliario Desarrollos del Pedregal ─que abarca desde el desaparecido campo de tiro Tlahuixcán, atrás del Parque Tangamanga 1, hasta donde hoy se ubica el Tecnológico de Monterrey─. En el proyecto final, de esas 737 hectáreas, 140.37 estaban consideradas como reserva ecológica ─aunque los defensores de la sierra sostienen que originalmente eran 200 hectáreas y al final sólo quedaron 73─. A 20 años de distancia, y gracias a que en el Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez aprobado el 21 de agosto de 2003 “definió la totalidad del polígono de Desarrollos del Pedregal como urbanizable”, prácticamente no queda nada como reserva ecológica en toda esa zona, y es a causa de su urbanización que hoy los habitantes de la ciudad padecen inundaciones cada vez que se registran fuertes lluvias.

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¿Debe entonces el Cabildo aprobar el PMDTU y el PMDCP, incluido parte del proyecto Cañadas, con el riesgo de que en un futuro las zonas consideradas como de reserva finalmente sean urbanizadas? Y eso sin contar con que aún está pendiente la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) por parte de la federación, lo que puede echar por tierra la eventual aprobación de ambos programas.

Hay otro problema de fondo. La porción que buscan construir los desarrolladores en una primera etapa con la aprobación de los programas, presuntamente corresponde a las márgenes de la Cañada del Lobo. Por decreto presidencial publicado en el DOF el 23 de agosto de 1993, fueron  expropiadas 35 hectáreas de terrenos comunales en esa zona “para destinarlo a formar parte del vaso, zona federal y zona de protección de la cortina de la presa Cañada del Lobo”.

Ante las dudas sobre el área específica expropiada, defensores de la sierra solicitaron vía transparencia a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), entre otros datos: plano que delimita la superficie expropiada; localización del vaso de la presa, zona federal y de protección y zona de protección del decreto expropiatorio; si existe trámite o resolución donde dicha superficie se encuentre contemplada en el proyecto Las Cañadas o con el nombre de Espacios en el Horizonte o cualquier otro en esa zona; si la CONAGUA autorizó alguna licencia, permiso o concesión para que la superficie que ocupa la presa sea utilizada como oferta inmobiliaria de Las Cañadas o bien de Espacios en el Horizonte.

Mediante documento expedido el 4 de noviembre de 2019, la Subdirección General de Administración del Agua de la CONAGUA ─organismo dependiente de la SEMARNAT─ respondió que no hay registro de algún título de concesión a nombre de alguna persona o empresa en esa zona, en tanto que la Comisión Local de la CONAGUA respondió, en otro documento fechado el 15 de noviembre del año pasado, que la información solicitada no fue localizada en sus distintas áreas.

Para mala fortuna de los desarrolladores interesados y de las autoridades municipales y estatales ─que todo indica están en contubernio─, el tribunal Colegiado del Noveno Circuito desechó la queja presentada por el comisariado comunal de Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, Rodolfo Valdez Llanas, en contra de la suspensión de plano dictada por el juez cuarto de distrito en contra de la decisión del IMPLAN de cambiar el uso de suelo en 2 mil 68 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, de modo que las comisiones municipales de Gobernación, Alumbrado y Obras Públicas, Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro, tienen atadas las manos para dictaminar a favor de los programas. Ya no se diga que lleguen al Cabildo para su votación.

Todas estas circunstancias adversas a los depredadores inmobiliarios y a las autoridades que los apoyan por debajo de la mesa ─sin considerar cómo viene la declaratoria de ANP federal─ hacen que, de estar a punto de aprobarse ambos programas en comisiones y luego en el Cabildo hace unas cuatro semanas, el asunto ahora seguramente va para largo.