Estela Ambriz Delgado
Este 2025 concluye el año número 16 del total de 23, que los potosinos deben pagar por la presa El Realito y su acueducto, la cual a la fecha ha presentado alrededor de 85 fallas, nueve en este año, sin que se cumpla el objetivo de abastecer a la población ni la posibilidad de rescindir el contrato.
No obstante las ganancias para el entramado empresarial han sido enormes, al elevarse el costo final a casi 6 mil 612 millones de pesos, convirtiéndose en un modelo de acumulación de capital que incluso es objeto de estudio.
En entrevista el doctor en economía José Manuel Ortega Herrera, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó sobre los avances en su investigación: El Realito como forma de acumulación de capital: propuesta metodológica de análisis financiero y político.
El objetivo principal del estudio, que es parte del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) “Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica, prácticas colectivas para la justicia hídrica”, es exponer los mecanismos y las redes de actores que participan en esta megaobra de infraestructura que casi triplicó su costo inicial de 2 mil 382 millones 463 mil 909 pesos, a 6 mil 611 millones 161 mil 332 pesos.
Uno de los hallazgos centrales de la investigación es la identificación clara de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y las empresas involucradas en el ciclo de la obra, desde la licitación y el concurso, hasta la construcción, supervisión, operación y mantenimiento.
Aunque la cara visible ha sido el consorcio Aquos El Realito —vinculado a la empresa Aqualia—, la investigación revela una compleja red de empresas interconectadas.
“Nos encontramos con que hay toda una red, no es nada más Aquos como consorcio, sino Aquos tiene otras, es un conjunto de empresas y ese conjunto de empresas a su vez tiene relación con otras… a nivel nacional, a nivel Latinoamérica y a nivel internacional,” señaló Ortega Herrera.
Puntualizó también que esta red se extiende a nivel nacional, latinoamericano e internacional —incluyendo empresas de Estados Unidos y Europa—, por lo que ejemplifica el funcionamiento del capitalismo actual mediante “vasos comunicantes” en servicios, relaciones, inversiones, acciones y financiamiento.
Se encontró que Aquos fue conformado un año antes por varias empresas, entre las que están Aqualia Gestión Integral de Agua (44 por ciento) y Aqualia Infraestructura (5 por ciento), ambas empresas filiales del grupo FCC, dedicado a la gestión del agua, cuyas principales líneas de negocio son medio ambiente, agua e infraestructura.
Destaca que en 2015 Carlos Slim adquirió el 25 por ciento de FCC, tomando por tanto el control de Aqualia, y en 2019 vendió el 25 por ciento de la misma a IFM, e inclusive una de las empresas que estaban precalificadas y que perdieron era Grupo Carso, en donde también Slim tiene buena participación.
Asimismo otra de las empresas que conforman Aquos, es Conoinsa (50.999 por ciento), la cual opera y mantiene infraestructuras para la provisión, distribución, y tratamiento de agua potable, y es subsidiaria de Empresas ICA S.A de C.V., también de Carlos Slim; y Servicios de Agua Trident (0.001 por ciento), una filial estadounidense de la empresa japonesa Mitsui and Co., especializada en el sector del agua.
El investigador precisó que generalmente estos conglomerados empresariales tienen los mismos dueños, participan grandes accionistas que tienen tentáculos en varias de estas empresas o conforman empresas para poder entrar al concurso de las licitaciones públicas.
El estudio también identificó las relaciones con personas—agentes y personajes principales—de estas grandes corporaciones y sus vínculos con obras similares en América Latina y Europa.
Destaca que no se trata de empresas pequeñas, sino de grandes consorcios con vasto capital, lo que les permite tener una significativa capacidad de negociación con los diversos gobiernos, en este caso desde 2009.
El Mecanismo de las Asociaciones Público-Privadas (APP)
Ortega Herrera hizo mención de que El Realito se concretó bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), con la participación de entidades públicas como la Comisión Estatal del Agua (CEA) e Interapas junto al consorcio Aquos El Realito.
Este modelo por su diseño, beneficia y garantiza las ganancias para estos consorcios, con el pago de los contribuyentes. La crítica a este esquema de APP se centra en la evidencia de que el acuerdo benefició al consorcio y no solo a una persona, sino a toda una forma de operación.
En este sentido, el investigador indicó que el mecanismo de protección financiera para la iniciativa privada son los fideicomisos, de los cuales se identificaron dos o tres en este caso, que aseguran el pago constante al consorcio, independientemente de los cambios de gobierno. Estos fideicomisos deben mantener una parte de independencia y no pueden ser tocados.
El catedrático también puntualizó que por una parte el objetivo es señalar los vínculos político- económicos, comprobar que la asociación público-privada no es tan eficiente como se decía, y mostrar que la empresa privada tampoco es la panacea de la construcción y eficiencia en términos de obra pública, sino que por el contrario, es una fuente de capital donde lo único que queda asegurado son sus pagos por muchos años, y quien lo paga son todos los contribuyentes.
Asimismo hizo mención de que, ante este panorama y el esquema que se repite, actualmente se legisla a nivel nacional para la propuesta de una nueva Ley de Inversiones Mixtas, por parte de la bancada de Morena, con el fin de reformar este tipo de asociaciones público-privadas y acabar con las situaciones que han sido reveladas.
Debido a cuestiones administrativas, el proyecto de investigación aún no ha podido ser concluido; sin embargo, se mantiene el objetivo de exponer el esquema de funcionamiento del sistema, más que simplemente denunciar a individuos, aunque también se busca identificar a aquellos que se han “quedado con el pastel”.
