Por Victoriano Martínez

Si se habla de una red de empresas fachada y fantasma, licitaciones simuladas, competidores comparsa y facturas falsas, habrá quien piense que se trata de una remembranza de la cloaca que se destapó a partir de junio de 2017 en el Congreso del Estado durante la Legislatura de la ecuación corrupta.

Salvo porque los entonces diputados no tenían obligación de realizar licitaciones y, en consecuencia, no las simularon, sin duda cualquiera de ellos bien pudo ser el protagonista de lo que en esta ocasión la agrupación Ciudadanos Observando denuncia que ocurre en los Servicios de Salud estatales, a cargo de la doctora Mónica Rangel Martínez.

En su sitio Web, Ciudadanos Observando reporta que ha detectado, con documentos de los propios Servicios de Salud obtenidos a través de solicitudes de información, pagos irregulares por más de 176 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar Soto, quien defraudó a más de 800 ahorradores a través de la empresa Invercorp Capital Financial.

Señalan, además, que los desvíos pueden superar los 200 millones de pesos por pagos a empresas factureras, entre las que mencionan a Comercializadora Ismalog como proveedora del Hospital Central de medicamentos adulterados para el cáncer. Coincidentemente esa misma empresa le facturaba a varios diputados de la anterior Legislatura.

La coincidencia en la forma de operar, y hasta en el uso de algunas empresas factureras, convierten el resultado de la investigación realizada por Ciudadanos Observando en una pieza más que indica que las corruptelas de la diputación anterior sólo eran la punta de un iceberg del que ahora se conoce un poco más lo que aún sigue oculto bajo la opacidad que ha caracterizado a este sexenio.

Actos de corrupción de legisladores, de alcaldes y ahora de funcionarios estatales con los mismos métodos y el mismo tipo de cómplices factureros contribuyen para avanzar en armar el enigma que encierran las maniobras del gobernador Juan Manuel Carreras López para obstaculizar el Sistema Estatal Anticorrupción y hacer del combate a la corrupción la mayor simulación de su sexenio.

En ese juego de simulaciones, la respuesta ante la denuncia ciudadana es que cada actor contribuye, sin intención o intencionadamente, a su manera a la simulación:

  • Mónica Rangel Martínez, la acusada, pide no distraerla de su labor al frente de las estrategias para atender la contingencia por Covid-19 que es en lo que asegura estar concentrada.
  • José Antonio Zapata Meraz, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, reconoce que hay elementos para que la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría especial a los Servicios de Salud.
  • El diputado Edgardo Hernández Contreras señala que las revelaciones de Ciudadanos Observando son una evidencia más de la corrupción en la administración de Juan Manuel Carreras López.
  • Elías Pecina, presidente del PRI, recurre al argumento más desgastado de afirmar que se trata de un “golpeteo natural” por los tiempos político-electorales en puerta.
  • Rocío Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior de Estado (ASE), trata de vestirse de heroína con la afirmación de que en el informe de la auditoría a las cuentas públicas 2018 detectaron irregularidades en los Servicios de Salud por casi 64 millones de pesos.

Así es la simulación: se va desde evadir el tema atrincherándose en la función que se asegura cumplir con mucho compromiso y responsabilidad, se pasa por generar expectativas de que se actuará para que el caso no quede impune, y se llega al extremo de desviar el tema a cuestiones que nada tienen que ver con el problema real.

Un show en el que se llega al extremo de asegurar que ya se conocían las irregularidades, como afirmó Cervantes Salgado, pero sin que el hecho de que las hayan detectado tenga las más mínimas consecuencias.

Si se revisan los cuatro informes sobre “solventación de observaciones” que ha publicado la ASE, parece un chiste que sólo reportan acciones relacionadas con las cuentas públicas de 2017.

Más aún, la burla es mayor cuando –por ejemplo– en el informe del semestre de octubre 2018 a marzo 2019 se reportan seis procedimientos de sanción en los Servicios de Salud como “concluidos en virtud de no tener acciones pendientes”, sin que se informe si se aplicó alguna sanción.

De las cuentas de 2018 no se reporta ninguna acción y, seguramente, lo justificarán por los plazos en sus procedimientos que –claro está– parecen cumplirse más como estrategia para que el tiempo borre lo más posible los casos de la memoria colectiva y la impunidad resultante no indigne a nadie.

Aunque no es una remembranza de los tiempos de la ecuación corrupta, la descripción del esquema de desvío de recursos en los Servicios de Salud es un recordatorio de la forma en que el de Juan Manuel Carreras López se encamina con firmeza a ser recordado como el sexenio de la corrupción.

La falta de medidas correctivas y de sanción por parte de Carreras López a tantos casos revelados en los últimos 58 meses lo involucran más allá de un simple encubridor. Son tantos personajes a los que ha protegido que, lejos de ser tapadera y por ser la máxima autoridad en el estado, lo muestran como el cómplice que encabeza las redes de corrupción.

Las apariencias de una lucha contra la corrupción que por 58 meses Carreras López ha puesto en práctica pudieron engañar al inicio de su administración por el beneficio de la duda, pero a estas alturas del sexenio las apariencias ya no engañan.

Cada nuevo caso de corrupción que la ciudadanía denuncia –porque es la ciudadanía la que realiza, con las limitaciones propias del acceso a la información pública, el trabajo que omiten los órganos de control interno de las dependencia y la Auditoría Superior del Estado– desenmascara el verdadero rostro de la corrupción en el Estado: Juan Manuel Carreras López.