Desiree Madrid
Al cierre de 2025, el sistema de salud pública en San Luis Potosí enfrenta una reconfiguración profunda que ha desplazado el control operativo de la esfera estatal hacia la federación. La transición al modelo del IMSS-Bienestar ha dejado a la administración local con un margen de acción limitado, mientras las decisiones clave sobre abasto, infraestructura y operación hospitalaria se toman desde oficinas federales, principalmente en la Ciudad de México.
La titular de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, Leticia Gómez Ordaz, reconoció que la administración y compra de insumos médicos ya no son competencia del gobierno estatal. La responsabilidad, dijo, recae ahora en el IMSS-Bienestar, lo que ha significado que incluso el almacén central de medicamentos haya sido transferido a esta estructura federal para integrarse a las compras consolidadas anunciadas desde el ámbito presidencial.
Este cambio no es meramente administrativo. En los hechos, la Secretaría de Salud estatal ha quedado relegada a tareas de prevención y promoción, sin injerencia directa en el equipamiento ni en el suministro de fármacos para hospitales y centros de salud. La dependencia de la logística federal se vuelve total en un contexto donde los problemas de desabasto han sido recurrentes y donde las autoridades locales ya no tienen control inmediato para responder.
La centralización también se refleja en la planeación de infraestructura hospitalaria. Proyectos como el hospital construido en Rioverde o la obra anunciada para Ciudad Valles dependen enteramente de la agenda, los tiempos y el presupuesto del IMSS-Bienestar. Gómez Ordaz describió este esquema como una subordinación formal: la federación, dijo, actúa ya como la “dueña” de los hospitales, marcando directrices que deben acatarse a nivel local.
En medio de este proceso, el Hospital Central intenta recuperar funciones que quedaron suspendidas durante la transición, particularmente el programa de trasplantes. La secretaria informó que el nosocomio ha logrado avanzar en la obtención de permisos estatales y se encuentra a la espera de la autorización federal para reanudar estas cirugías en 2026. No obstante, admitió que más allá de la burocracia, el éxito del programa dependerá de la disponibilidad de donadores, un factor que escapa al control institucional.
En el ámbito de la salud preventiva, la funcionaria afirmó que el estado mantiene una cobertura de vacunación cercana al 85 por ciento, con dosis disponibles contra COVID-19, influenza, neumococo y BCG. La meta oficial es alcanzar el 100 por ciento, aunque este objetivo se enfrenta a desafíos como la desconfianza ciudadana, los cambios climáticos y la eventual llegada de nuevas variantes. Hasta el momento, aseguró, no se han detectado casos de cepas recientes del virus en la entidad.
Los programas sociales en materia de salud también han debido adaptarse a este esquema centralizado. Iniciativas como las cirugías reconstructivas para menores con labio y paladar hendidos ahora dependen de convenios entre la Secretaría de Salud, colegios médicos y el IMSS-Bienestar. La continuidad de estos proyectos para 2026, reconoció Gómez Ordaz, está sujeta a la coordinación con la instancia federal que hoy controla quirófanos, personal y recursos.
Así, el cierre de año deja un panorama marcado por la pérdida de autonomía del sistema de salud estatal. Mientras la Secretaría de Salud enfoca sus esfuerzos en campañas contra la obesidad infantil y la promoción de la activación física en escuelas, la responsabilidad del abasto de medicamentos, la contratación de personal y la operación hospitalaria descansa en un modelo federal que aún no termina de demostrar si su capacidad de respuesta será más eficaz que la del esquema que sustituyó. El proceso de “normalización”, como lo define la autoridad, sigue en marcha, pero sus resultados concretos permanecen pendientes.
