Por Victoriano Martínez
San Luis Potosí está muy lejos de formar parte de los estados más seguros del país, como le gusta afirmar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y así lo muestra el reporte presentado por México Evalúa al comparar estadísticamente la presencia simultánea de violencia letal, extorsión y delitos patrimoniales en las 32 entidades del país.
“Al comparar los siete delitos (violencia letal, extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículo, robo a transportista y robo a negocio) emergen cinco entidades críticas que de manera recurrente ocupan los niveles más altos de incidencia o con los incrementos más acelerados”, establece el estudio.
Como estado crítico, entre esos cinco, San Luis Potosí “figura como foco en narcomenudeo y robo a transportista, con riesgos crecientes en la seguridad logística”.
Si bien de 2024 a 2025 se registró una ligera disminución en los casos de robo a transportistas en el Estado, hubo otras entidades con mejores resultados, lo que provocó que San Luis Potosí haya caído del séptimo lugar al tercero entre los de mayor incidencia y sea señalado, junto con Puebla y el Estado de México, como los territorios donde se concentran las tasas más altas de este delito.
Como foco de riesgo en narcomenudeo, San Luis Potosí se coloca muy por encima de todos los estados con 274.6 casos por cada 100 mil habitantes, con lo que deja muy atrás al segundo lugar, Guanajuato, que registró 229 casos por cada 100 mil habitantes, y del tercero, Colima, con 185.
“En el cuadrante café (muy negativo) sobresale San Luis Potosí, con la tasa más alta y crecimiento sostenido, junto con otros estados del centro-norte que mantienen niveles críticos”, señala el reporte de México Evalúa.
Son números, no meras apreciaciones.
Estadísticas desarrolladas a partir de las cifras de incidencia delictiva que mes a mes reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública enfocadas al tema del narcomenudeo arrojan un incremento más que alarmante para el caso de San Luis Potosí, al grado de que se podría considerar al actual como el sexenio del narcomenudeo.
Durante el pasado sexenio, el año con el mayor número de casos de narcomenudeo fue 2020 con mil 357, en tanto que ese sexenio cerró con mil 22 casos durante 2021. Para 2022 la incidencia del narcomenudeo aumentó un 135.6 por ciento al pasar a 2 mil 408 casos.
Para el 2023, el aumento en los casos de narcomenudeo estuvo a punto de triplicarse al pasar de los 2 mil 408 de 2022 a 6 mil 715, un aumento del 178.86 por ciento. El crecimiento de la incidencia de ese delito se mantiene prácticamente sin límites: en 2024 aumentó otro 10.59 por ciento al pasar a 7 mil 426 casos en el año, y en este 2025, con corte al mes de agosto, ya superó a los años anteriores.
Al mes de agosto de este año se tienen registrado 8 mil 183 casos de narcomenudeo, lo que significa que en las dos terceras partes del año la incidencia ya supero a la de 2024 en un 10.19 por ciento. ¡Y aún le quedan cuatro meses al año!
Tan solo en estos ocho meses de 2025, el número de casos de narcomenudeo representa ocho veces los que se registraron durante 2021. Más alarmante: el número de casos de narcomenudeo de los primeros ocho meses de este año (8 mil 183) casi duplica a los ocurridos durante todo el sexenio pasado (4 mil 296).
Por regiones, la zona centro es donde más se registra el narcomenudeo al acaparar el 73.09 por ciento de los casos. La mayor concentración de ese delito se da en los municipios de San Luis Potosí que concentra el 39.96 por ciento y Soledad de Graciano Sánchez con el 28,34 por ciento del total de los casos de narcomenudeo en todo el Estado.
Soledad de Graciano Sánchez es el municipio que mayor crecimiento del narcomenudeo presenta al multiplicarse el número de casos reportado en 2021 (185) por 12,53 veces al llegar de enero a agosto de este año a 2 mil 319.
Ser el primerísimo lugar en casos de narcomenudeo en el país y el tercero en robo a transportista le han valido a San Luis Potosí ser ubicado como un estado con un balance negativo que con persistencia en la incidencia delictiva y un franco deterioro de la seguridad pública.
