Por Victoriano Martínez
Al gobernador Juan Manuel Carreras López, y su insensibilidad e incapacidad para encabezar cuerpos de seguridad que den la debida protección a la ciudadanía, le bastaron 48 de sus 72 meses de mandato para superar la cifra macabra de homicidios que se dieron durante los tres sexenios anteriores completos.
Al cierre del mes de septiembre ya se habían contabilizado 3 mil 115 homicidios durante el actual sexenio. En ese momento la cifra de homicidios ya superaba con 18 a la de su antecesor, que era la más alta en un sexenio en la historia reciente.
Para el cierre del mes de octubre, el número de homicidios en lo que va del sexenio alcanzó la cifra de tres mil 180.
Ochenta y tres más que los asesinatos de todo el sexenio de Fernando Toranzo Fernández.
Seis cientos noventa más que los homicidios de todo el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga.
Doscientos diez y seis más que todos los ocurridos en el sexenio de Fernando Silva Nieto.
A Carreras López aún le quedan 23 meses por delante en los que ya no puede evitar ser el gobernador a quien la inseguridad rebasó de tal manera que lo coloca como el mandatario que encabeza el sexenio más violento en lo que va de este siglo.
Si en las dos terceras partes de su periodo gubernamental rebasó a sus antecesores en el número de homicidios, se trata de un ritmo de asesinatos que –si se mantiene– llevaría la cifra al final del sexenio a 4 mil 672 homicidios.
Sí, el ritmo de homicidios en el Estado hace prever que en los próximos 23 meses, si el gobierno estatal no toma las medidas conducentes para prevenirlos, casi mil 500 potosinos encontrarán la muerte de manera violenta.
Pero lo peor es que ya no sólo se trata de una muerte abrupta, sino con señales de cada vez mayor saña y crueldad. Como lo describe Antonio González Vázquez en su Crónica de Ejecutados: cuerpos incinerados, desmembrados, decapitados, masacrados a golpes o abatidos a tiros.
Ese panorama que describen las estadísticas de los crímenes de mayor violencia se reproduce en el resto de los delitos, y de manera alarmante en los casos de feminicidios, en los que San Luis Potosí ocupa uno de los deshonrosos primeros 10 lugares en el país.
Ese panorama de criminalidad creciente se vuelve una terca realidad que desmiente las declaraciones optimistas de los titulares de las dependencias responsables de la seguridad pero, sobre todo, se trata de estadísticas alarmantes ante las que –en cuatro años– no se nota un esfuerzo real por su combate.
Si la actitud gubernamental se mantiene como en los últimos cuatro años, el pronóstico es alarmante: casi mil 500 potosinos podrían encontrar una muerte violenta mientras Juan Manuel Carreras López sea gobernador.
