Adriana Ochoa
La protesta estudiantil en la UASLP, nacida de la indignación legítima ante una agresión execrable a una alumna en la Facultad de Derecho, es más que un paro de actividades.
Es el sismo que ha expuesto la urgencia de cambios institucionales en la UASLP, también el cinismo de una política provinciana de aspiraciones injerencistas. El origen del conflicto, que generó la renuncia del director de Derecho y el cese de funcionarios, dejó a la vista fallas, obsolescencias, y actitudes equivocadas en dos puntos centrales: justicia para víctimas de violencia y seguridad.
Hay otras solicitudes más. Las representaciones del movimiento en las facultades levantaron una agenda a atender con temas próximos, los del día a día en su entidad, y los generales, de resolución central. Son las que ha recibido el rector, en diálogo directo.
La sacudida desplazó de golpe a la FUP, rebasada y vaciada de contenido por el movimiento estudiantil. Los hechos motivo de la repulsa ocurrieron en un cubículo asignado a la Federación Universitaria Potosina. La presidenta no tenía en control ese espacio, un pequeño privilegio que administraban otros en quienes confió.
La federación de estudiantes paga el costo inmediato de ese descuido y otro más por un acumulado de más larga data: el descrédito de una especie de gerontocracia de exlíderes cuyo tiempo ya fue, pero ya egresados se aferran a una visión patrimonialista de la representación estatutaria en la que alguna vez participaron. Venden afuera supuesto “control” de los jóvenes, “influencia”. Les compran esa carta algunos políticos, de variado color, como vía “para estar en la UASLP”.
En cada elección estudiantil universitaria, estos personajes lanzan el “gancho” de sus experiencias de éxito hace diez, veinte y hasta cuarenta años. Épicas juveniles hoy chaparras, envejecidas y apolilladas. Estos señores no cambiarán ni cuando lleven pañal para incontinencia. Ante los hechos lamentables en Derecho, una FUP con gafas anacrónicas no vio el golpe de la realidad y tardó en reaccionar. El inmovilismo pasa factura a todo nivel.
En el escenario de crisis, sujetos de muy diversa procedencia echaron a andar una embestida externa de frente múltiple, centrada en el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra. Desde grupos encapuchados y violentos que el movimiento estudiantil no reconoce siquiera como universitarios, al foráneo líder del Congreso, diputados de distinto color, el brazo fiscalizador del Estado y funcionarios estatales. Los violentos de capucha fueron los hostigadores de funcionarios y directivos, a quienes cercaron y agredieron en plena calle.
Las representaciones del movimiento, en videos y redes sociales, desconocieron las acciones, conducta y demandas de esos bloques negros. Se dieron inmediata cuenta del juego. De lo burdo, el ataque a la UASLP se fue a la manipulación y la mentira, que suponen más finos.
Hay un telón de fondo circunstancial: el 31 de octubre vence el plazo para que Gobierno del Estado pague lo que adeuda a la UASLP, más de 200 millones de pesos de este año. El Gobierno afirmó que pagará, después de meses de negaciones, insultos, amenazas y quejas porque se critica en prensa el impago.
La presión financiera se apuntala con el intento del Instituto de Fiscalización Estatal (IFSE) de arrogarse autorización de la Suprema Corte de Justicia para para fiscalizar a la UASLP. El IFSE miente con un boletín que distorsiona la verdad desde el título. El fallo de la Corte, cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, se limitó a confirmar el descarte de la controversia constitucional de la UASLP.
Basado en un Estatuto Orgánico de la UASLP y una Ley Orgánica que ya no están vigentes, el dictamen aduce que la Universidad no tiene legitimidad para interponer controversia constitucional porque es parte de la administración estatal, cosa que no es cierta. Un fallo a modo, armado con leyes no vigentes, sí, pero que nunca autorizó al Instituto a que auditara porque no entró al fondo.
Por otro lado, una maniobra evidente del Congreso local para cercar a la Rectoría. Un intento de obligar al rector a comparecer ante diputados rebotó en la Junta de Coordinación Política. No pudo pasar por la negativa del PAN, MC y Morena. El legislativo local no tiene facultades para ello, le corresponde al federal. Y no se trata de ningún interés de transparencia, sino de acorralar al rector, escracharlo en una pretendida exhibición mediática de poder. No, desde luego no sería la pasarela convenida, viscosa, lerda y floral que fueron las comparecencias de funcionarios de Gobierno.
Los diputados del Verde vociferaron su cantaleta de comparecer. Otro entrometido, Carlos Arreola, de Morena, incluso salió a pronunciarse por modificar los procesos democráticos internos de la UASLP y proponer voto universal para rector. Irónico: el esquema de representación estudiantil que hoy enfrenta una crisis en la UASLP nace del voto directo y universal.
Flota ya otra intentona, lustrosa y tóxica como manzana envenenada: invitar al rector a un foro en el Legislativo para hablar de su solicitud de autonomía financiera. Y una vez ahí, montar un espectáculo de linchamiento político. Si existe en los diputados una verdadera disposición para el debate, que el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano, solicite al Consejo Directivo Universitario hacer foros para escuchar a la comunidad universitaria, en espacios universitarios. Y que la ronda comience en la Facultad de Ciencias, donde los jóvenes todavía esperan las obras que les prometió personalmente el gobernador en abril de 2024.
El movimiento de paro estudiantil no se parece a otros del pasado. Son otros el momento, el reclamo y la organización original. A las autoridades universitarias les plantea el desafío de resolver fallas, omisiones y prácticas que se normalizaron desde lustros atrás, por la comodidad de no enfrentarlas.
La chatarra y el óxido se acumularon en algunos espacios, estudiantiles, docentes y administrativos; material inflamable se extendió bajo la alfombra. En esos pasajes grises, hicieron estallar el reclamo la agresión a una estudiante y el tratamiento de la autoridad inmediata, todavía más inaceptable por tratarse de una facultad formadora de abogados y criminólogos.
Los jóvenes del movimiento original han mostrado una madurez política notable, respondiendo en sus redes que la renuncia del Rector no es su exigencia. Entienden perfectamente las intentonas de infiltrar su movimiento y usarlo para agendas que no son las suyas.
Sacudida desde la corteza profunda, sí. De sus efectos y origen se encargan los universitarios. Lo demás es ruido con fines de aturdimiento.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
