Por Victoriano Martínez
El jueves 19 de junio de 1997, Fabián Espinosa Díaz de León alcanzó la cúspide de su protagonismo para de inmediato alejarse de los reflectores: la expectativa sobre pruebas de corrupción tan graves que le podían costar el cargo al gobernador dentro de un sobre lacrado resultaron un fuego de artificio con menos ruido que un cuete que se cebó.
Durante 35 días Espinosa Díaz de León concentró la atención de políticos y medios de comunicación al hacer público un sobre lacrado que presuntamente contenía documentos probatorios que le podían costar el cargo al entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta.
Un juego que en aquel momento fue identificado como un intercambio de agravios provocado por rencillas entre Sánchez Unzueta y Espinosa Díaz de León, a partir de que éste había manifestado su animadversión contra el mandatario por su cercanía con el movimiento navista.
El intercambio comenzó cuando Espinosa Díaz de León le advirtió públicamente a Fernando Silva Nieto, al ser nominado candidato a gobernador, que evitara que les volviera a pasar que el PRI ganara la elección, pero perdiera la administración, en clara referencia a los navistas que formaban parte del gabinete de Sánchez Unzueta.
La reacción del mandatario se dio con un desplegado publicado el 15 de enero de 1997, en el que le recuerda a Espinosa Díaz de León su fracasado intento por ser alcalde de Cerro de San Pedro, de donde lo corrieron prácticamente a pedradas, y le asegura que el verdadero malestar contra él es porque le impidió un lucrativo negocio privado dentro del Parque Tangamanga I.
Desde entonces Espinosa Díaz de León mostraba esa tendencia a realizar negocios con bienes públicos.
Fue cuando Espinosa Díaz de León reaccionó con la historia del sobre lacrado que contenía lo que él calificó como pruebas de corrupción tan grave que le costarían el cargo a Sánchez Unzueta.
Las pruebas resultaron ser la factura del pago de un autobús para apoyar a un grupo de jóvenes panistas para asistir a una reunión en Puebla a petición de Francisco Salazar Saénz y los comprobantes de una beca para un sobrino político de Sánchez Unzueta para una maestría en Europa.
Mientras el entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Miguel Ángel Martínez Navarro, mostraba y leía los documentos ante los representantes de la prensa aglomerados en su oficina, Espinosa Díaz de León desapareció discretamente del lugar. Sabia que sus pruebas no cubrían las expectativas alimentadas por 35 días.
En dos horas la Secretaría de Finanzas emitió un comunicado en el que documentaba la justificación de los gastos, mientras Martínez Navarro calificaba el episodio como una tormenta en un vaso de agua.
El sobre lacrado se abrió y su contenido no tuvo ningún efecto, salvo mostrar a un Espinosa Díaz de León dispuesto a manipular a los medios de comunicación y a la opinión pública para sus fines personales.
Desde el pasado 12 de mayo, conforme a la cláusula décima cuarta del contrato de arrendamiento del predio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aledaño a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la vigencia de este terminó de manera anticipada.
Han pasado más de dos meses de que la UASLP inició el juicio mercantil sin que el demandado haya sido notificado para hacer valer la pena convencional pactada en la séptima cláusula del contrato:
“El arrendatario deberá pagar … por la indebida ocupación, una pena convencional por la suma igual a la renta anual que se señala en la cláusula segunda, por cada mes que tarde en desocupar el ‘inmueble’ y/o hasta la terminación del juicio de desocupación que se instaure”.
Muy lejos de atender a las obligaciones que contrajo con la UASLP, Espinosa Díaz de León parece haber intentado otra vez una ruta de escándalo al denunciar primero a Urenda Navarro Sánchez, abogada General de la UASLP, por presunta usurpación de profesión. La demanda no tuvo mayor efecto ni generó expectativas como la del sobre lacrado.
En un segundo intento, presentó denuncia penal contra Navarro Sánchez, el rector Alejandro Zermeño Guerra y el director de Astrolabio Diario Digital, Miguel Ángel Maya Romero, por los presuntos delitos de “extorsión, cohecho, ejercicio abusivo de las funciones, asociación delictuosa y lo que resulte”.
Dos acciones con fundamentos todavía mucho menos sólidos que aquellas pruebas que podrían tumbar a un gobernador y que poco efecto han tenido en frenar la acción de la UASLP por recuperar los daños que le provocó, aunque ya hayan pasado más de dos meses de la demanda mercantil atrapada en la lentitud de los procesos judiciales.
Un hecho es que en esta ocasión el tiempo no juega a favor de Espinosa Díaz de León por una creciente expectativa ante el desenlace de su acción, sino que cada mes que pasa su adeudo con la UASLP crece, a menos que tenga un as al que le encienda veladoras para que le ayude a lograr un veredicto a su favor.
Por lo pronto, la UASLP tiene trabada la recuperación del predio en un juicio mercantil, a menos que encuentre alternativas para poder disponer del terreno para que no siga sin reportarle ningún beneficio como desde hace varios lustros.
