Por Victoriano Martínez

Con la audiencia inicial para la posible vinculación a proceso de los seis implicados en la fiesta fantasma de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en diciembre de 2016, le llegó el turno a quienes hoy encabezan el órgano fiscalizador para demostrar hasta dónde están dispuestos a proteger el patrimonio de la institución y a impedir que prevalezca la impunidad.

Así como en el caso del ex diputado Mariano Niño Martínez el Congreso del Estado se vio obligado a fijar su postura ante la propuesta de un acuerdo reparatorio, la ASE tendrá que hacer lo propio ante la eventual posibilidad de que los inculpados en este caso propongan algo similar.

El fantasma de la ecuación corrupta y todos sus derivados, que configuran los alcances que tenía aquella, no deja de rondar los edificios 100 y 200 de la avenida Pedro Vallejo y, si la Fiscalía General del Estado da cauce a todas las denuncias que le han llegado, se puede decir que esto apenas empieza.

Habrá que señalar la diferencia entre el caso Niño Martínez, en el que el Congreso del Estado se vio obligado a sumarse –al menos es lo acordado en la Junta de Coordinación Política– a la denuncia de las organizaciones ciudadanas, en el caso de la fiesta fantasma una denuncia presentada por la ASE se acumuló y dio impulso a la presentada por los ciudadanos.

El dato da cuenta de la importancia de que, desde el ámbito oficial, a quienes les toca encabezar a las instituciones tras su renovación, y con mayor razón cuando se da por graves indicios de corrupción como ocurrió hace dos años con la ASE, están obligados a revisar que no se hayan cometido irregularidades que afectaran el erario y tomar las medidas para combatir la impunidad.

La fiesta fantasma implica un desvío de 600 mil pesos que resultan un hecho que palidece ante los grandes negocios que describió Enrique Flores el 12 de junio de 2017 al explicar la forma de operar de la ecuación corrupta, en la que la ASE era uno de los elementos principales.

La renovada ASE quedó a deber una investigación más profunda sobre los alcances de la ecuación corrupta. Las denuncias por la fiesta fantasma y por la nómina secreta fueron, en su momento, una buena señal sobre el trabajo de revisión que se realizó tras la salida de José de Jesús Martínez Loredo, pero no se avanzó más allá.

Son fantasmas que se van quedando en el imaginario colectivo, como tantos otros sobre los que se dieron escándalos en medios y sobre los que la autoridad le apostó a que con el paso del tiempo quedarían en el olvido.

Se pueden enumerar, como meros ejemplos, el caso de los negocios con las concesiones de las super carreteras o con los invernaderos de Santa Rita incluso con exfuncionarios que pasaron una corta temporada presos, o el de la deuda que dejó a fin de sexenio Marcelo de los Santos por mil 500 millones de pesos.

Hoy agrupaciones como Ciudadanos Observando, Ganemos y el Frente Ciudadano Anticorrupción han presionado para que se avance en la lucha contra la impunidad hasta lograr que tres asuntos lleguen a los juzgados.

Pero en tanto no lleguen castigos ejemplares que inhiban la repetición de actos de corrupción en toda la administración pública, la atención a las demandas ciudadanas por parte de las autoridades estará incompleta… y la corrupción y la impunidad seguirán gozando de cabal salud.